Los socialistas denuncian que el Gobierno local inventa un conflicto inexistente y anuncia que pedirá un informe jurídico a Secretaría
El PSOE de Molina de Segura ha arremetido contra la moción presentada por PP y Vox para regular el acceso a los edificios públicos, a la que califica de “moción de la vergüenza” y de iniciativa “delirante” y “profundamente irresponsable”. En una nota de prensa difundida este lunes, el Grupo Municipal Socialista sostiene que la propuesta pretende “regular qué ropa llevan los vecinos” pese a que, según su versión, en el municipio “no existe ni un solo conflicto por este motivo”, y acusa al equipo de Gobierno de vivir “de espaldas” a la realidad cotidiana de la ciudad.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, enmarca la moción como una maniobra para “inventar problemas” y desviar la atención de lo que el PSOE define como abandono de los servicios básicos. En su argumentario, la polémica no sería casual: formaría parte de una estrategia política para ocupar el debate público con cuestiones identitarias mientras se evitaría dar explicaciones sobre la gestión municipal, el estado de los barrios y la situación financiera del Ayuntamiento.
El comunicado socialista eleva el tono al describir la iniciativa como “racismo institucional” y como un ataque directo a la convivencia. El PSOE sostiene que la regulación del acceso en función de la vestimenta tendría un efecto de señalamiento hacia colectivos concretos y que, por tanto, no puede leerse como una medida neutra de orden interno, sino como una forma de estigmatización desde las instituciones. Esa lectura es central en la nota: el debate no se sitúa en la cortesía o el decoro, sino en el alcance social de una norma que, según los socialistas, se usaría para excluir o dificultar el acceso a servicios públicos.
La portavoz del PSOE añade además un reproche directo al alcalde, José Ángel Alfonso, al subrayar —siempre según la nota— que la propuesta es incompatible con la realidad de la ciudad y que el Gobierno municipal estaría “persiguiendo fantasmas ideológicos”. En la misma línea, el PSOE liga el planteamiento a una supuesta incapacidad para priorizar: “es indignante”, sostiene Gadea en el texto, que el Ejecutivo local dedique tiempo a una regulación de este tipo mientras persisten problemas cotidianos que afectan a limpieza, mantenimiento urbano y calidad de vida en los barrios.
El PSOE habla de “cortina de humo” ante deuda y deterioro urbano
Uno de los ejes de la nota es la acusación de que la moción funcionaría como una “cortina de humo” frente a la situación económica y de servicios del municipio. El PSOE menciona una “previsión de deuda de 40 millones de euros” y describe a Molina de Segura como una ciudad con “calles sumidas en la suciedad y el abandono”. Con ese contexto, los socialistas sostienen que el Gobierno local estaría sustituyendo la gestión por la confrontación ideológica y por debates que no responden a necesidades reales de la población.
La nota insiste en que la moción intenta “regular qué ropa llevan los vecinos” sin que exista un conflicto previo que la justifique. Desde el punto de vista del PSOE, ese dato convierte la iniciativa en un gesto político más que en una respuesta administrativa. El comunicado, de hecho, plantea una contraposición deliberada: frente a un problema que el PSOE considera inexistente, se describen problemas que sí serían palpables en el día a día, como el estado del espacio público y la gestión del presupuesto municipal.
En ese apartado, el mensaje socialista busca conectar con una idea simple: priorizar. Según el texto difundido por el Grupo Municipal Socialista, Molina no necesitaría “policías de vestidor”, sino un Gobierno centrado en lo básico: limpieza, economía, convivencia y una administración que, en su opinión, no se pierda en debates importados o diseñados para polarizar. La nota utiliza un tono marcadamente crítico con el pacto de derechas, al que acusa de preferir “ruido y conflicto” antes que “eficacia”.
El comunicado también introduce un argumento feminista como respuesta a uno de los marcos habituales en este tipo de iniciativas: el de la “liberación” o “protección” de las mujeres mediante prohibiciones. “La libertad de las mujeres no se defiende con prohibiciones ni aislándolas de los servicios públicos”, afirma Gadea, siempre según el texto remitido. La portavoz sostiene que una norma que restrinja el acceso por vestimenta no ampliaría derechos, sino que podría dificultar el ejercicio de derechos básicos y el acceso a recursos municipales.
Cuestionamiento legal y petición de informe a Secretaría General
Además de la crítica política, el PSOE centra buena parte de su denuncia en el plano jurídico. Según la nota, los socialistas consideran que la moción “saben que es ilegal” y que chocaría con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y no Discriminación. En su formulación, no se trataría de una discrepancia interpretativa menor, sino de una vulneración frontal del marco legal que protege el acceso igualitario a servicios y espacios públicos.
En ese sentido, el PSOE utiliza la expresión “torpeza jurídica” para cuestionar la iniciativa y para cargar contra el alcalde, al que la nota describe como “abogado de profesión”. Esa referencia, tal como la plantea el comunicado, busca reforzar la idea de que el Gobierno municipal no podría alegar desconocimiento sobre los riesgos legales de la moción.
El texto añade un elemento especialmente delicado al señalar que la iniciativa estaría impulsada por el primer teniente de alcalde, Antonio Martínez (Vox), de quien el PSOE afirma que se encuentra “bajo investigación judicial” por la presunta comisión de un delito de odio tras la difusión de vídeos xenófobos. Esa afirmación aparece en la nota como un argumento político para subrayar la gravedad que el PSOE atribuye a la moción, al considerar que quien la promueve estaría vinculado —según los socialistas— a una trayectoria de confrontación con colectivos específicos.
En cualquier caso, la consecuencia práctica anunciada por el Grupo Municipal Socialista es concreta: el PSOE afirma que ha solicitado por Registro un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento para que se pronuncie sobre el cumplimiento legal de la moción. Es decir, intenta trasladar el debate del terreno de la propaganda al control interno de legalidad, colocando el foco en si la iniciativa puede o no tramitarse y aplicarse sin vulnerar derechos fundamentales o normas antidiscriminatorias.
Con esta ofensiva, el PSOE busca fijar un marco político claro: una propuesta que, a su juicio, no responde a un problema real en Molina de Segura, que amenaza la convivencia al señalar a colectivos y que, además, podría chocar con la legislación vigente. A la espera de la tramitación de la moción y del informe solicitado a Secretaría, el choque entre bloques en el Ayuntamiento se desplaza ahora a un terreno de alto voltaje: el de los límites legales y democráticos de las medidas que afectan al acceso de la ciudadanía a las instituciones públicas.
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