AECOVAL reúne en Cartagena a 120 firmas y pide incentivos, recarga y ayudas para acelerar la transición sin castigar al sector
Los empresarios del alquiler de vehículos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han alzado la voz contra lo que consideran una presión institucional para renovar flotas hacia el vehículo eléctrico sin que existan, a su juicio, condiciones suficientes en el mercado. La advertencia se lanzó en la XII Asamblea Anual de la Asociación Empresarial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de Vehículos de Alquiler (AECOVAL), celebrada en Cartagena con la participación de 120 empresarios en el Hotel Alfonso XIII, según la nota difundida por la organización.
El mensaje central lo formuló el presidente de AECOVAL, Mauro Derqui, al afirmar que el sector está “muy preocupado” por una iniciativa de la Comisión Europea que, en sus palabras, “nos fuerza a comprar vehículos eléctricos en las flotas de las empresas”. Derqui insistió en que las compañías mantienen su “compromiso” con avanzar en la reducción de emisiones, pero reclamó que la transición no se haga a base de obligaciones sin red, sino con medidas que impulsen de verdad la demanda y permitan amortiguar el impacto económico del cambio tecnológico.
En el comunicado, AECOVAL plantea un esquema claro: si las instituciones europeas y el Gobierno central quieren acelerar la electrificación de flotas, deben acompañar esa dirección con incentivos y con infraestructura. De ahí que la organización pida medidas “incentivadoras” y ponga ejemplos concretos: expansión de la infraestructura de recarga, rebajas fiscales o ayudas directas. El planteamiento apunta a un problema práctico: el alquiler de vehículos vive de ofrecer disponibilidad inmediata y cubrir necesidades de movilidad muy diferentes —turismo, empresas, desplazamientos puntuales— y, sin un despliegue suficiente de puntos de recarga, el cambio puede convertirse en un cuello de botella tanto para las compañías como para sus clientes.
El debate, tal y como lo traslada AECOVAL, no se limita a una cuestión tecnológica, sino a la forma en que se reparten los costes de la transición ecológica. El sector sostiene que puede formar parte de la solución —renovando flotas y reduciendo emisiones—, pero exige que no se le cargue en solitario con una inversión que depende, en buena medida, de decisiones públicas (infraestructura y fiscalidad) y de la respuesta del mercado.
Recarga, fiscalidad y ayudas: las condiciones que AECOVAL exige para electrificar flotas
La reivindicación de AECOVAL se apoya en un argumento que combina compromiso ambiental y realismo económico. Derqui remarca que el sector quiere avanzar en la reducción de emisiones, pero pide medidas que “aumenten la demanda”, es decir, que conviertan el vehículo eléctrico en una opción atractiva y viable para el usuario final, no solo en una obligación para el empresario.
En esa lógica, la infraestructura de recarga aparece como el pilar principal. Para un negocio que depende de rotación y disponibilidad, la falta de recarga suficiente o bien distribuida puede traducirse en tiempos muertos, incertidumbre para el cliente y mayores costes operativos. La nota no entra a detallar cuántos puntos de recarga serían necesarios ni dónde, pero sí fija la idea de que la expansión de esa red es condición previa, no consecuencia posterior.
El segundo bloque de medidas que AECOVAL reclama se sitúa en el terreno fiscal y de ayudas. La asociación cita “rebajas fiscales” y “ayudas directas” como instrumentos para sostener la renovación de flotas. Es una demanda que encaja con el debate recurrente sobre la transición energética: cuando se acelera un cambio que requiere inversión, las políticas públicas suelen decidir si ese coste recae sobre empresas y consumidores o si se acompasa con incentivos para evitar que se convierta en un freno económico.
En la asamblea, según la nota, también se analizaron “las claves del ejercicio anterior” y se definieron las “principales líneas de actuación” para el año en curso. AECOVAL enmarca el alquiler de vehículos como una actividad “esencial” para la economía tanto en la Comunidad Valenciana como en la Región de Murcia, por su aportación a empleo, turismo y movilidad en zonas empresariales, rurales y urbanas. En ese mismo hilo, Derqui señala que el sector está inmerso en una transformación marcada por la digitalización, la renovación de flotas y la incorporación progresiva de vehículos más eficientes.
La mención a la Región de Murcia no es menor: la actividad turística en la costa, la movilidad vinculada a la comarca de Cartagena y los desplazamientos por razones laborales hacen del alquiler un servicio con peso real en el día a día. AECOVAL sitúa su posición en ese terreno: el cambio de flota no es solo una decisión empresarial, sino una pieza que afecta a la movilidad disponible, a precios y a la capacidad de atender demanda en temporada alta o en picos de actividad.
Baleares y libertad de circulación: denuncia por restricciones a vehículos peninsulares
Además de la electrificación, AECOVAL colocó sobre la mesa otro asunto que considera estratégico: las restricciones a la entrada de vehículos desde la península ibérica a las Islas Baleares. Derqui denunció que existe “vía libre” para los movimientos entre islas, pero que se pretende establecer “un cupo a los peninsulares”, algo que, según afirmó, supone una “clara discriminación” de la libertad de circulación y sería “contrario a las leyes de libre competencia”.
La nota no precisa qué administración impulsa ese eventual cupo ni en qué fase estaría la medida, pero AECOVAL lo interpreta como un precedente preocupante para el sector, especialmente para empresas que operan con flotas que se mueven entre territorios en función de temporadas turísticas o necesidades logísticas. En un mercado donde la movilidad es el producto, cualquier restricción territorial puede implicar una reorganización de flotas, sobrecostes y pérdida de flexibilidad.
El comunicado subraya, en cualquier caso, el carácter político del debate: la asociación no se limita a describir un problema empresarial, sino que lo sitúa en el marco de derechos y reglas del mercado, apelando a la Constitución y a la libre competencia. Con esa formulación, AECOVAL busca elevar el asunto desde una queja sectorial a un conflicto de mayor escala sobre cómo se regulan los flujos de vehículos en territorios insulares.
Más allá de estas reivindicaciones, la asamblea también tuvo un componente de actualización tecnológica y networking. La nota indica que se impartió la ponencia “La IA en tu día a día”, a cargo de Rodrigo Miranda, miembro de Digitaltalent Group, y que varias firmas colaboradoras presentaron sus productos: Emotion Mobility, Fagor electrónica, DMS Global y Karve Informática.
En el apartado local, el comunicado destaca la presencia de empresas de la comarca de Cartagena como La Manga Rent a Car, Concord, DFM y Doal Automoción, entre otras. Esa mención refuerza la lectura territorial: el evento no fue una cita distante, sino un encuentro con presencia de firmas vinculadas a la movilidad turística y empresarial de la zona.
La jornada se clausuró con una cena de gala en la que intervinieron la tercera teniente de alcalde, Cristina Mora, y el propio presidente de AECOVAL, que agradeció la asistencia. También acudieron, según la nota, el presidente de FENEVAL, Juan Luis Barahona; el cuarto teniente de alcalde, José Ramón Llorca; el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez Bernal; y la presidenta de COEC, Ana Correa. El acto fue conducido por Tomás Martínez Pagán.
Como cierre simbólico, AECOVAL entregó el premio “AECOVAL de Honor” a Ginés Navarro, fundador de La Manga Rent a Car, por su trayectoria en el sector. Derqui concluyó que la XII Asamblea reafirma el compromiso de la asociación con la participación de sus asociados y con la creación de espacios de “diálogo y consenso” para contribuir al impulso del alquiler de vehículos en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.
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