Manolo Torres pide aplicar el Fondo Social del Agua y el Bono Social Eléctrico para más de 100 familias “en riesgo de ruina”
Más de un centenar de familias que viven en Villas Caravaning, en el entorno del Mar Menor, podrían quedarse “sin servicios básicos como la luz y el agua” si no se adoptan medidas urgentes para frenar el corte de suministros. Esa es la advertencia que lanza el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, que reclama al Gobierno local de PP y Vox soluciones inmediatas para que los residentes puedan acogerse al Fondo Social del Agua y al Bono Social Eléctrico.
El portavoz socialista, Manolo Torres, sostiene que la situación se ha agravado tras el cierre del camping, ya que muchos usuarios dejaron de pagar recibos y el sistema de pago sería común, de modo que quienes sí han abonado sus cuotas quedarían arrastrados por la deuda acumulada. El PSOE califica el escenario como “muy grave” y avisa de que, si se materializa el corte, las familias quedarían en una situación “muy precaria”.
En su nota, Torres vincula la urgencia a un marco de protección estatal: recuerda que el Gobierno de España ha extendido hasta el 31 de diciembre la prohibición de interrumpir suministros básicos de agua y energía a consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social, y exige al Ayuntamiento que “haga que se cumpla” esa orden, reclamando expresamente a Hidrogea y Endesa que no interrumpan el servicio en los casos protegidos.
Una deuda superior al medio millón y un pago “común” que amenaza a quienes sí han pagado
El PSOE pone cifras al problema. Según la nota difundida por el grupo municipal, las facturas pendientes superan el medio millón de euros, una cantidad que Torres considera inasumible para los actuales residentes. El portavoz socialista insiste en que el volumen de la deuda y el sistema de pago común agravan la vulnerabilidad de las familias que permanecen viviendo allí, que podrían ver comprometidos sus suministros por impagos de terceros y por la situación derivada del cierre del camping.
En ese contexto, el PSOE plantea que la respuesta municipal debe ir más allá de declaraciones. Reclama que el Ayuntamiento active los mecanismos sociales existentes para evitar el corte, empezando por el Fondo Social del Agua, concebido —según subraya Torres— para apoyar a quienes no pueden pagar el recibo. En su crítica, el portavoz socialista reprocha al Gobierno local que este fondo se haya utilizado “para hacer obras” durante los últimos cuatro años, en lugar de destinarlo a la finalidad social para la que fue creado.
En el caso de la electricidad, el PSOE apunta al Bono Social Eléctrico y recuerda que, en los supuestos de consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión, la ayuda puede alcanzar el 80%. La tesis socialista es que la administración local debe facilitar el acceso a estos instrumentos y, al mismo tiempo, exigir a las compañías suministradoras que respeten la prohibición de corte cuando existan situaciones de vulnerabilidad acreditadas.
El Ayuntamiento, interpelado: exigir a Hidrogea y Endesa que cumplan la prohibición de cortes
El núcleo de la exigencia del PSOE se dirige a la responsabilidad institucional del Ayuntamiento. Torres sostiene que el consistorio debe intervenir para evitar que el conflicto desemboque en un corte de luz y agua, y reclama al Gobierno de PP y Vox que ofrezca soluciones “a estos vecinos”. En su planteamiento, no basta con remitir a las familias a trámites individuales: la deuda acumulada, el carácter colectivo del pago y el cierre del camping exigen una actuación pública coordinada que garantice que los suministros básicos no se interrumpan.
El PSOE encuadra el problema dentro de un dilema social y de derechos básicos. Sin agua y sin electricidad, la vida cotidiana queda paralizada: higiene, conservación de alimentos, calefacción o refrigeración, iluminación y comunicaciones. De ahí que Torres hable de “ruina” y de una situación límite si no se actúa a tiempo.
La nota añade además un elemento territorial: Villas Caravaning se sitúa “en un enclave privilegiado del Mar Menor” y durante años funcionó como zona de camping con atractivo turístico. Ahora, con el camping cerrado, el PSOE denuncia que los vecinos que permanecen residiendo allí están “abandonados a su suerte”.
A la espera de que el Ayuntamiento de Cartagena concrete si activará medidas extraordinarias o una mediación directa con las suministradoras, el aviso socialista deja un mensaje claro: el conflicto no es solo una deuda, sino una emergencia social si se llega a cortar agua y luz a familias que podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad o exclusión.
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