El Ayuntamiento sostiene que el expediente tiene fallos técnicos y ambientales, una evaluación incompleta del entorno y hasta datos “falsos” sobre un supuesto crematorio similar
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha dado un paso administrativo de alto voltaje en un asunto con impacto directo sobre salud pública, calidad del aire y la sensibilidad ambiental del entorno del Mar Menor. El Consistorio ha presentado un requerimiento formal ante la Comunidad Autónoma para que se anule y se revise la autorización concedida a la planta incineradora de residuos sanitarios prevista en el polígono industrial del municipio, después de que los técnicos municipales hayan detectado “importantes deficiencias técnicas, ambientales y administrativas” en el expediente.
La actuación municipal llega tras el análisis de “miles de páginas” de documentación, según la nota difundida por el propio Ayuntamiento. El objetivo, subraya, no es frenar cualquier iniciativa empresarial por principio, sino exigir que un proyecto de estas características cumpla de forma estricta las normativas ambientales, sanitarias y urbanísticas antes de implantarse.
El alcalde, Mario Pérez Cervera, enmarca la decisión en la responsabilidad institucional del municipio: “Nuestra obligación legal es proteger la salud pública, la calidad del aire y el entorno urbano, especialmente cuando un proyecto puede afectar a todo el término municipal y al entorno del Mar Menor”, afirma en la comunicación oficial.
La nota municipal coloca el foco en el “cómo” se ha tramitado la autorización regional. En lugar de entrar en un debate genérico sobre incineración, el Ayuntamiento sostiene que hay carencias concretas en el expediente que, a su juicio, deben llevar a revisar y anular la resolución autorizatoria.
Ubicación sin justificar, entorno “mal evaluado” y dudas sobre la actividad real de la planta
Entre los elementos que el Ayuntamiento considera más graves aparece la ubicación del proyecto. Según el informe técnico municipal citado en la nota, la localización de la planta se habría elegido sin una justificación suficiente ni una comparación detallada con otros posibles emplazamientos alternativos. Es decir, el Consistorio sostiene que no consta un análisis robusto que permita entender por qué esa parcela del polígono es la opción adecuada frente a otras.
A esa crítica se suma una segunda: la evaluación del entorno. El Ayuntamiento asegura que el expediente no analiza adecuadamente los efectos sobre viviendas, suelos agrícolas, zonas húmedas o el propio Mar Menor, un punto especialmente sensible en un municipio costero donde la presión ambiental es un debate constante y donde cualquier instalación susceptible de generar emisiones suele activar la alarma social.
El tercer bloque de objeciones apunta a la definición de la actividad. Los técnicos municipales, según la nota, detectan falta de claridad sobre cómo funcionaría realmente la planta, sin concretar el número de días de funcionamiento ni la cantidad efectiva de residuos a tratar. Ese tipo de indefinición, en proyectos industriales, no es un matiz menor: condiciona la evaluación ambiental y el impacto potencial, porque no es lo mismo una actividad ocasional que un régimen de funcionamiento intensivo y continuado.
El Ayuntamiento denuncia un dato “falso” sobre un supuesto crematorio similar
El punto más llamativo del requerimiento municipal es la denuncia de errores en la información del expediente, incluyendo la afirmación de que existe en Los Alcázares un crematorio “similar” a la incineradora. El Ayuntamiento sostiene que esa afirmación es falsa y que los informes técnicos municipales lo han acreditado como tal.
Si se confirma que el expediente contenía una referencia errónea de ese calibre, el debate adquiere una dimensión política y administrativa evidente: no se trataría solo de discrepancias técnicas, sino de la fiabilidad del expediente que ha servido de base para la autorización regional. El Consistorio lo presenta como un argumento añadido para exigir la revisión completa.
En su comunicación oficial, el Ayuntamiento insiste en que la revisión no responde a una postura de bloqueo, sino a la necesidad de garantías: “Aquí hablamos de salud, de economía local, de turismo y de nuestro entorno natural. El Ayuntamiento ha actuado, está actuando y seguirá actuando para defender a Los Alcázares con seriedad, argumentos técnicos y respeto institucional”, concluye el alcalde.
Una batalla administrativa con impacto en salud pública, turismo y Mar Menor
El requerimiento presentado abre ahora un escenario de tramitación administrativa en el que la Comunidad Autónoma deberá responder a las objeciones municipales. Lo que plantea el Ayuntamiento de Los Alcázares es, en esencia, que la autorización otorgada por la CARM se sostiene sobre un expediente que, tal y como está, no habría evaluado con rigor suficiente aspectos críticos: la ubicación, el análisis del entorno, la definición exacta de la actividad y la veracidad de parte de la información aportada.
El alcance del conflicto va más allá del polígono industrial. El propio Ayuntamiento vincula la decisión a la salud pública y la calidad del aire, y añade un elemento económico: el turismo y la imagen del municipio. En un entorno como el del Mar Menor, donde la sostenibilidad es un factor clave para la reputación y la actividad, una instalación de gestión de residuos sanitarios se convierte automáticamente en un tema de alto impacto público.
La clave, a partir de ahora, será qué respuesta ofrece la Comunidad Autónoma ante el requerimiento municipal: si revisa el expediente, si introduce correcciones o si mantiene la autorización tal y como está. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Los Alcázares eleva el tono y fija un mensaje político claro: no acepta que una autorización de estas características avance sin garantías técnicas completas ni una evaluación ambiental que, según sostiene, esté a la altura de un proyecto con potencial efecto sobre todo el municipio y el entorno del Mar Menor.
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