La asociación reclama ciencia, monitorización y coordinación real entre administraciones para evitar decisiones opacas y conflictos en el litoral del Mar Menor
La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (PROCABO) ha presentado sugerencias formales en el trámite de consulta pública previa abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para modificar el Reglamento General de Costas. La entidad considera que la revisión en marcha no debería limitarse a ajustes procedimentales vinculados a concesiones administrativas, sino aprovecharse como una oportunidad para corregir fallos estructurales en la gestión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y sus servidumbres, especialmente visibles —según sostiene— en el litoral del sureste y en el entorno de Cabo de Palos y el Mar Menor.
PROCABO parte de una premisa: entiende que el Reglamento debe adaptarse para cumplir la Directiva europea de Servicios y evitar una eventual sanción a España, pero advierte de que ese objetivo no puede convertirse en una reforma “mínima” centrada únicamente en el engranaje administrativo. En su escrito, la asociación plantea que el litoral no puede tratarse solo como soporte de actividades económicas o como una suma de expedientes de autorizaciones y concesiones, sino como una “infraestructura natural” clave para la resiliencia climática y la calidad de vida, lo que exigiría introducir criterios técnicos, científicos y de gobernanza más robustos.
El planteamiento de la entidad tiene una traducción práctica: si el Reglamento se limita a retocar plazos o trámites, el conflicto de fondo —la falta de coherencia entre lo que se decide en Costas y lo que planifican ayuntamientos y comunidades autónomas— seguirá intacto. Y con él, añade PROCABO, la inseguridad jurídica, la conflictividad social y la sensación de que decisiones con gran impacto territorial se toman sin una base técnica homogénea y transparente.
Los cinco fallos que PROCABO identifica en la gestión actual del litoral
La asociación enumera varias carencias que, a su juicio, se repiten en la práctica cotidiana de la gestión del DPMT y explican por qué se acumulan controversias en el litoral. La primera es la desconexión entre la gestión del dominio público y la planificación territorial y urbanística autonómica y municipal: es decir, decisiones que se toman desde un plano estatal sin un encaje efectivo y estable en la ordenación urbanística local.
En segundo lugar, PROCABO apunta a la falta de criterios técnicos homogéneos y transparentes en procedimientos especialmente sensibles como los deslindes y las concesiones. Según la asociación, esa falta de uniformidad alimenta la inseguridad jurídica y eleva la conflictividad social, porque situaciones parecidas pueden acabar resolviéndose de forma distinta en función del criterio aplicado, sin que exista una referencia técnica clara y previsible.
El tercer problema que subraya es la escasa incorporación de criterios científicos actualizados en la toma de decisiones. En concreto, menciona cuestiones como la subida del nivel del mar, el impacto de temporales extremos y la vulnerabilidad geomorfológica, factores que condicionan la estabilidad de la costa y, por tanto, deberían incorporarse con más peso en la definición de límites, servidumbres y criterios de protección.
A esa falta de actualización científica se suma, como cuarto elemento, la ausencia de una monitorización continuada del litoral. PROCABO plantea que, sin un seguimiento estable, la gestión se vuelve reactiva y poco adaptativa, porque se decide sobre realidades cambiantes con información incompleta o desactualizada.
Por último, la asociación denuncia la inexistencia de mecanismos reales de coordinación multinivel entre administraciones y sociedad civil. El diagnóstico es claro: si el Estado decide por un lado, las comunidades autónomas planifican por otro y los ayuntamientos gestionan el día a día sin un marco de concertación estable, el resultado tiende a ser una costa gobernada a saltos, con decisiones que llegan tarde o que generan fricción institucional y social.
Qué cambios propone y por qué los liga a Cabo de Palos y el Mar Menor
A partir de ese diagnóstico, PROCABO propone que la modificación del Reglamento incorpore de forma expresa una serie de cambios orientados a reforzar coherencia, transparencia y base científica. El primero es integrar el DPMT y sus servidumbres en la planificación urbanística municipal, equiparándolos funcionalmente a sistemas generales o infraestructuras verdes. Con esta formulación, la entidad sugiere que el dominio público no sea un “aparte” que choca con el planeamiento local, sino un componente estructural de la ordenación del territorio.
El segundo bloque es institucional: la creación de órganos técnicos estables de coordinación y concertación entre Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales. PROCABO defiende que no basta con intercambios puntuales o trámites informativos, sino que haría falta una estructura permanente que permita alinear decisiones y evitar que cada expediente se convierta en una batalla aislada.
En tercer lugar, reclama la obligatoriedad de incorporar criterios científicos actualizados en los deslindes y en las decisiones de gestión. La asociación no plantea la ciencia como un “informe accesorio”, sino como fundamento de la decisión pública, especialmente en un contexto litoral sometido a cambios y episodios extremos.
El cuarto cambio propuesto es desarrollar una planificación adaptativa basada en la monitorización continua del litoral. La idea que subyace es que el litoral no es un sistema estático: si se pretende una gestión eficaz, debe apoyarse en datos recurrentes y en capacidad de ajuste a la evolución del medio.
Y el quinto elemento tiene un componente jurídico y de enfoque: el reconocimiento explícito de los servicios ecosistémicos como fundamento técnico y jurídico de las decisiones de protección. Con esto, PROCABO busca que el Reglamento no se limite a ordenar usos, sino que incorpore con claridad el valor de las funciones ambientales del litoral como base para motivar decisiones y reforzar su legitimidad pública.
En su escrito, la entidad subraya además una advertencia: proteger el litoral no debería hacerse a costa de la seguridad jurídica ni de la calidad técnica de las decisiones públicas, sino mediante un modelo “más coherente, transparente y científicamente fundamentado”. Y enmarca su propuesta en principios europeos de Gestión Integrada de Zonas Costeras, apelando a una gobernanza que no dependa únicamente del expediente administrativo, sino de planificación, evaluación y coordinación real.
La iniciativa de PROCABO llega en un momento en el que la discusión sobre el litoral no es solo ambiental, sino también de modelo territorial: cómo se planifica, quién decide, con qué criterios y con qué mecanismos para reducir arbitrariedad y conflicto. La asociación aprovecha la consulta pública del Reglamento de Costas para pedir que la reforma no sea un retoque de mínimos, sino una oportunidad para modernizar la gestión del dominio público en lugares especialmente sensibles como Cabo de Palos y el entorno del Mar Menor.
¿Quieres contactar con el autor de esta noticia?
Si has visto algún error en esta noticia o tal vez puedes aportar alguna información extra, puedes contactar directamente con nuestra redacción mandando un email a news@lasnoticiasrm.es o escribiendo un mensaje por Whatsapp en el teléfono 641387053. Estaremos encantados de atenderte.
Esta y otras noticias puedes tenerlas al instante subscribiéndote a nuestro canal de Telegram
Puedes subscribirte a nuestro nuevo canal en Telegram, y disponer de todas las noticias importantes de la web en tiempo real.
Recuerda, pincha en t.me/lasnoticiasrm y dale a subscribir al canal en tu aplicación Telegram.
!!Te esperamos en LasNoticiasRM¡¡
Tabla de Contenidos
Datos del autor
- LasNoticiasRM
- Email: news@lasnoticiasrm.es
- Teléfono y Whatsapp: 641387053
