El PSOE vincula el rescate en un incendio en Águilas a la falta de vehículos en altura y acusa al Gobierno regional de deteriorar servicios esenciales
El incendio en un edificio de viviendas en Águilas ha reabierto el debate sobre la capacidad operativa del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) en la Región de Murcia. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, sostiene que lo ocurrido evidencia una “situación límite” en los servicios públicos y atribuye al Gobierno regional del PP una “falta de gestión” que, a su juicio, está poniendo en riesgo a la ciudadanía.
Fernández enmarca sus declaraciones en el operativo de Águilas, donde, según la versión que traslada, el desenlace favorable dependió de un elemento externo: una plataforma cercana que permitió rescatar a dos personas en una “situación límite”. La dirigente socialista afirma que se salvaron vidas “por casualidad y por suerte” y plantea una pregunta que resume el enfoque de su crítica: qué habría pasado si esa plataforma no hubiera estado disponible.
El PSOE utiliza ese episodio para insistir en una denuncia que, según Fernández, los bomberos vienen trasladando desde hace tiempo: que en la mayoría de municipios de la Región no hay vehículos de rescate en altura. En su relato, el riesgo no es teórico, sino práctico y directo: emergencias con atrapados en pisos altos donde la respuesta puede depender de recursos que no están garantizados de manera estable dentro del servicio.
Rescate en Águilas y falta de vehículos en altura
En su intervención, Carmina Fernández subraya que los bomberos han denunciado públicamente que la falta de vehículos de rescate en altura es generalizada en la Región. A partir de ese punto, vincula el incendio de Águilas a un patrón más amplio y afirma que lo ocurrido no es un caso aislado, sino un ejemplo visible de cómo la falta de medios condiciona un servicio esencial que debería operar con garantías homogéneas en todo el territorio.
La portavoz socialista recuerda, además, que en el Ayuntamiento de Águilas se han aprobado “hasta tres mociones” reclamando más dotación de medios para el municipio dentro del CEIS, con peticiones centradas en más personal, más inversión y más recursos materiales. Según Fernández, esa situación se repite en muchos municipios a los que presta servicio el consorcio, lo que trasladaría el debate desde la anécdota de una intervención concreta a un problema estructural de planificación y dotación.
El PSOE dibuja así un escenario donde el funcionamiento del CEIS dependería, en gran medida, del esfuerzo de las dotaciones y de la respuesta de los profesionales, más que de una inversión sostenida y de un dimensionamiento acorde a las necesidades reales. Fernández afirma que el consorcio “se mantiene” gracias a la responsabilidad y dedicación de los bomberos “pese a las condiciones precarias” en las que prestan servicio, y sostiene que el Ejecutivo autonómico estaría poniendo en peligro la seguridad de los efectivos al no proporcionar medios “seguros y suficientes” para su trabajo.
Plantilla prometida, protestas sostenidas y temor a una privatización
Uno de los datos más contundentes del comunicado socialista es el referido a la plantilla. Fernández recuerda que, según los compromisos a los que alude, desde 2021 deberían haberse incorporado 120 bomberos más al CEIS, pero que solo se habrían incorporado 20. La cifra se convierte en el eje de la denuncia: un refuerzo muy por debajo de lo anunciado, que para el PSOE ayuda a explicar por qué hay parques con dificultades para cubrir mínimas operativas y por qué, en determinados escenarios, se evidencian carencias de medios.
La portavoz parlamentaria añade que la situación del consorcio no es nueva y que, según su exposición, los bomberos llevan más de diez años manifestándose por el “abandono” del CEIS y por la falta de medios, personal e inversión. Con esa referencia, el PSOE intenta reforzar la idea de continuidad: no sería un problema coyuntural o derivado de una mala racha, sino una degradación progresiva que se arrastra durante años.
Fernández incorpora también al debate a los bomberos forestales, de quienes afirma que denuncian “maltrato” por parte del Gobierno regional, con sueldos precarios y condiciones laborales que no se corresponderían con un servicio que califica de esencial. El PSOE encuadra ese señalamiento en una crítica más amplia a la gestión de personal en los servicios de emergencia, insistiendo en que la precariedad no es solo un problema laboral, sino un factor que puede afectar al funcionamiento global del sistema.
En el tramo más político de su denuncia, Fernández sostiene que los bomberos del CEIS piden que el servicio sea público y afirma que el Gobierno regional se habría “desentendido” y habría deteriorado el consorcio, “seguramente con la intención de externalizarlo y privatizarlo”. La portavoz socialista llega a plantear que esa sería “la clave” para que “alguna empresa amiga” se beneficie, según la interpretación que traslada.
En términos de debate público, esta acusación desplaza el foco desde la falta de medios concreta a una sospecha de estrategia: deteriorar para justificar cambios de modelo. El comunicado no aporta detalles sobre procedimientos administrativos concretos orientados a esa privatización, pero sí fija la posición política del PSOE y el tono de confrontación con el Ejecutivo autonómico.
El incendio del Santa Lucía y el deterioro de servicios públicos
Carmina Fernández amplía su crítica más allá de emergencias y enlaza el episodio de Águilas con la sanidad regional. En ese marco, recuerda el incendio ocurrido en el hospital Santa Lucía de Cartagena y lo describe como un “auténtico caos” en cuya gestión “no ocurrió una desgracia” por la profesionalidad del personal. La portavoz socialista añade que, según su valoración, el Gobierno regional no tendría intención de retirar de la fachada materiales inflamables y que “todo seguirá igual”, limitándose —según su crítica— a instalar cámaras para evitar que se fume, pese a que un fuego puede iniciarse por otras causas.
El PSOE usa ese argumento para sostener una tesis general: que la Región de Murcia estaría en una situación límite por el deterioro de servicios públicos tras décadas de gobiernos del PP. Fernández enumera un cuadro de problemas que, según su exposición, afectan a distintos ámbitos: bomberos sin medios y con condiciones laborales precarias; hospitales y centros sanitarios con falta de personal y listas de espera que cifra en “más de 200.000 personas”; y colegios “abandonados”, con amianto y sin climatizar.
En ese mismo tono, Fernández acusa al presidente regional, Fernando López Miras, de priorizar “la fiesta, la propaganda y el postureo” frente a la gestión cotidiana de los servicios esenciales. La portavoz socialista remata su posicionamiento con una contraposición política: afirma que la Región “merece otra forma de trabajar” y cita a Francisco Lucas como referente de “política útil” orientada a “mejorar la vida” de la ciudadanía.
El incendio en Águilas, por tanto, queda convertido por el PSOE en un caso con valor simbólico: un episodio que, según su lectura, ilustra cómo las carencias de medios en emergencias pueden tener consecuencias imprevisibles y cómo la falta de refuerzo comprometido —especialmente la diferencia entre 120 incorporaciones anunciadas y 20 materializadas— se traduce en riesgos concretos. La discusión que se abre a partir de ahora no se limita a la polémica política del día, sino a una cuestión de fondo que afecta a toda la Región de Murcia: si los servicios esenciales se sostienen con precariedad y parches, el siguiente incidente puede volver a depender de la suerte, y esa no es una base aceptable para garantizar seguridad pública.
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