El Ministerio sitúa el inicio de obras en 2027 y prevé unificar sedes judiciales hoy dispersas
El Gobierno de España ha fijado el calendario para impulsar la modernización de las infraestructuras judiciales de Molina de Segura con un anuncio que, según la nota remitida, pone fecha a la siguiente fase del proyecto. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, avanzó durante su visita a la Región de Murcia que la licitación del proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia se lanzará el próximo mes de abril, un paso que, siempre según el comunicado, permitiría iniciar la ejecución de las obras en 2027.
El objetivo de la actuación, de acuerdo con el texto, es concentrar en un solo edificio a todos los operadores jurídicos para terminar con la dispersión actual de sedes y servicios. La nueva infraestructura se presenta como un equipamiento de “vanguardia” con capacidad para mejorar los tiempos de respuesta y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones de atención, privacidad y servicios para la ciudadanía de Molina de Segura, a la que el comunicado define como el cuarto municipio de la Región de Murcia.
La nota incorpora además una lectura política del anuncio. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gadea, pone el acento en que el calendario y la licitación suponen un compromiso “con fechas y presupuesto” y contrapone esa hoja de ruta a la “inacción” de otras administraciones, en una crítica directa a la gestión local del PP y VOX. En su valoración, Gadea sostiene que mientras el Ejecutivo central concreta pasos, el gobierno local estaría “perdido en líos de gestión”.
Refuerzo de la planta judicial y una convocatoria estatal de 500 plazas
Junto al anuncio sobre el Palacio de Justicia, la nota añade un segundo elemento con impacto en el funcionamiento de los juzgados. El comunicado señala que Molina de Segura se verá beneficiada por una macroconvocatoria de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados aprobada esta semana, y afirma que la Región de Murcia será la comunidad con mayor incremento de su planta judicial, con un aumento del 11,2%. Según el texto, este refuerzo contribuiría a mejorar la eficacia de los tribunales locales, en un contexto en el que la sobrecarga y los retrasos judiciales figuran entre las principales quejas ciudadanas sobre el funcionamiento de la justicia.
La información se presenta como un paquete de medidas que combina obra pública y refuerzo de personal, con el argumento de que la modernización de instalaciones pierde efectividad si no va acompañada de más recursos humanos. En ese marco, el comunicado vincula la licitación de abril y el inicio de obras en 2027 con un horizonte de mejora del servicio, apoyándose en la idea de unificar espacios y reforzar plantillas para reducir tiempos y mejorar la atención.
Inversiones estatales en Molina y referencia al centro de salud de Cañada de las Eras
El texto remitido por el PSOE de Molina amplía el foco y sitúa el futuro Palacio de Justicia como parte de un volumen de inversiones del Gobierno de España en el municipio. La portavoz socialista asegura que el Ejecutivo central ha destinado “más de 20 millones de euros” a Molina de Segura en esta legislatura y pone como ejemplo destacado la financiación del Centro de Salud de Cañada de las Eras, una actuación que, según la nota, ha asumido “íntegramente” el Gobierno de España.
En su argumentación, Gadea recalca que ese centro de salud era una demanda acumulada durante “casi 20 años” y atribuye el bloqueo anterior a que el Gobierno regional no habría aportado la financiación que le correspondía “por competencia”, lo que, sostiene, ha obligado al Ejecutivo central a cubrir el coste para que la obra se materialice. El comunicado añade que esta inversión sanitaria se suma a otras actuaciones estratégicas para frenar inundaciones y “proteger el día a día” de la población, sin detallar proyectos concretos en ese apartado.
Con la licitación prevista para abril, el nuevo Palacio de Justicia de Molina de Segura entra, según la nota, en una fase decisiva tras años de anuncios y expectativas. El calendario anunciado sitúa ahora el debate en los próximos hitos administrativos y en la capacidad de mantener los plazos de contratación para que el inicio de obras en 2027 no se convierta en otra fecha elástica, de esas que se anuncian con solemnidad y luego se pierden en el laberinto de expedientes.
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