Alertan de zonas con plomo, cadmio, zinc y cobre por encima de límites y exigen controles urgentes
La alarma por la contaminación del suelo agrícola en el Campo de Cartagena ha dado un salto político y social tras el comunicado conjunto de varias organizaciones en defensa del Mar Menor, que reclaman a la Consejería de Agricultura la entrega inmediata de informes públicos y la aplicación del principio de precaución con controles y medidas preventivas sobre productos agrarios procedentes de las zonas con mayores niveles de metales. Según el texto, existirían áreas agrícolas donde las concentraciones de metales traza y metaloides superarían los máximos permisibles fijados en el Real Decreto 1051/2022, lo que, en su opinión, obliga a investigar el posible grado de toxicidad en los alimentos y, mientras no se acredite su inocuidad, “paralizar de forma preventiva” su distribución y comercialización.
El comunicado vincula esta situación a la cartografía de isoconcentraciones de plomo, cadmio, zinc y cobre elaborada por el grupo de investigación GARSA de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en un proyecto centrado en el diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Las organizaciones sitúan el foco especialmente en las áreas del Arco Sur del Mar Menor, donde, según su lectura de esos trabajos, se concentrarían los valores más preocupantes.
La petición, por su contenido, coloca en el centro un triple impacto: ambiental, económico y sanitario. Ambiental, por el riesgo para un recurso natural “vital” como el suelo y por la potencial afección al Mar Menor; económico, por el alcance que tendría una eventual paralización de la comercialización en determinadas zonas; y sanitario, porque el comunicado insiste en la necesidad de verificar la seguridad alimentaria para consumidores y la exposición de trabajadores agrícolas en fincas contaminadas.
Exigen publicar un proyecto subvencionado y otro estudio financiado con fondos FEDER
El texto reclama a la Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario que haga públicos “los resultados completos” del proyecto de la UPCT sobre suelos agrícolas, alegando que fue subvencionado con fondos públicos mediante concesión directa en noviembre de 2023, iniciado en marzo de 2024 y finalizado en febrero de 2025. Las organizaciones sostienen que, precisamente por tratarse de un trabajo costeado con recursos públicos, su acceso debería ser inmediato y transparente.
A esa exigencia añaden otra: la remisión de los resultados de un estudio realizado en 2020 por la empresa IDOM sobre niveles de fondo y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos, inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web para la gestión de la calidad de suelos de la Región de Murcia. En el comunicado se subraya que ese encargo fue financiado con fondos públicos y con cofinanciación del 80% con fondos FEDER de la Unión Europea, lo que refuerza —según las organizaciones— la obligación de acceso y publicidad de los datos.
El trasfondo no es menor: en un territorio con antecedentes de contaminación histórica vinculada a la actividad minera y a la presión agrícola, la disponibilidad de cartografías y datos oficiales sobre suelos contaminados es clave para decisiones de gestión ambiental, planificación agraria y, sobre todo, para la evaluación del riesgo alimentario.
Principio de precaución: controles urgentes y medidas preventivas
Las organizaciones firmantes sostienen que, ante la posibilidad de que existan explotaciones con metales por encima de los máximos permisibles, la administración regional debe activar “de forma urgente” analíticas y controles a productos agrarios procedentes de los campos donde se detectan los niveles máximos. El objetivo, según el comunicado, sería determinar si esos alimentos están “exentos de toxicidad” y son aptos para el consumo humano.
La propuesta va un paso más allá: piden que, mientras no se despeje la duda, se adopten medidas preventivas que pueden incluir la paralización de la distribución y comercialización de los productos originados en esas tierras. El texto presenta esta medida como una obligación derivada del principio de precaución, una fórmula jurídica y técnica utilizada en políticas ambientales y sanitarias para evitar daños potencialmente graves cuando la evidencia aún es incompleta, pero el riesgo podría ser relevante.
El comunicado también incorpora una dimensión institucional específica del Mar Menor: solicitan la investigación y tramitación de los hechos por parte de “las Comisiones y la Tutoría del Mar Menor”, situando el problema no solo como una cuestión agraria, sino como un elemento más en la cadena de impactos en la cuenca vertiente de la laguna.
Denuncias por presunta ocultación y petición de responsabilidades
El texto concluye con un posicionamiento explícito de apoyo a denuncias presentadas contra la Consejería de Agricultura por “presunta ocultación de datos”, señalando que esos hechos podrían tener afección a la salud pública. Las organizaciones exigen que “se depuren responsabilidades” y que el asunto tenga consecuencias por su gravedad.
En el plano político y comunicativo, esa afirmación eleva el conflicto: ya no se discute solo la existencia de contaminación y la necesidad de análisis, sino también la gestión de la información pública. Para las entidades firmantes, el acceso a los resultados completos de los estudios es un punto de partida imprescindible para evaluar el riesgo, delimitar las zonas afectadas y decidir medidas de protección.
El comunicado está suscrito por Ecologistas en Acción Región de Murcia, AMARME Alianza Mar Menor, Banderas Negras, Mar Menor de los Niños, SEO BirdLife España, la FAVCAC (Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca), Fundación Sierra Minera y Pacto por el Mar Menor. Como contactos figuran Ramón Pagán y Pedro Luengo.
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