Fernando Moreno denuncia que el Gobierno regional recorta el fondo especial de ayudas agrarias y desvía el dinero a comunicaciones y servicios de red
El debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno regional ha saltado al primer plano político tras la denuncia del diputado regional y secretario de Agricultura del PSOE en la Región de Murcia, Fernando Moreno. Según sostiene, el Ejecutivo de Fernando López Miras “vuelve a engañar al sector primario” al detraer cinco de los ocho millones previstos en un fondo especial de ayudas para agricultores y ganaderos y destinarlos a pagar servicios de comunicaciones y redes.
La acusación socialista llega después de que el Consejo de Gobierno aprobara una modificación presupuestaria que mueve 4.978.083,68 euros —casi cinco millones— desde un proyecto identificado como “Ayudas dirigidas a iniciativas agrícolas” hacia partidas de telecomunicaciones y servicios de red de la propia Administración regional. En el acuerdo, el dinero se traslada a la partida “Telefónicas” para financiar redes de datos e internet, interconexión y monitorización, y seguridad de la información.
Aunque el Gobierno regional puede encuadrar el movimiento como un ajuste técnico interno, el PSOE le pone una etiqueta política mucho más dura: para Moreno, se trata de un recorte encubierto al campo, ejecutado sin el despliegue público con el que —según denuncia— se anunciaron esas ayudas en su día. “López Miras vendió estas ayudas a bombo y platillo y ahora, a través de una modificación presupuestaria, le quita cinco de los ocho millones de euros que estaban previstos para que los agricultores y ganaderos afrontaran situaciones adversas como, por ejemplo, la sequía, y lo destina a pagar los servicios de comunicaciones y redes”, afirma el diputado regional.
El choque no es menor porque toca una fibra sensible en la Región de Murcia: el campo como motor económico y como argumento político constante. Moreno sostiene que al presidente regional “se le llena la boca” presumiendo de agricultura y ganadería, pero que después “les quita dinero para usarlo en propaganda y autobombo”. En su mensaje, el Gobierno regional utiliza al sector “políticamente”, mientras “elude sus responsabilidades”.
Del fondo especial agrario a pagar redes de la Administración
El núcleo de la controversia es el destino del dinero. La modificación presupuestaria aprobada por el Consejo de Gobierno autoriza una transferencia de crédito por 4.978.083,68 euros. Ese importe sale de la partida 17.02.00.712E.470.29, denominada “Otras actuaciones ámbito rural, for.agropec.y pesca”, dentro del proyecto 53933 “Ayudas dirigidas a iniciativas agrícolas”.
El acuerdo detalla también, con precisión, hacia dónde va cada euro. La mayor parte, 2.921.108,85 euros, se destina al proyecto “Servicios de redes de datos e internet”. Otros 1.159.148,00 euros van a “Servicios de gestión de la interconexión y la monitorización”. Y 897.826,83 euros se asignan a “Servicios de seguridad de la información”. Todo ello se carga en la partida 13.05.00.126J.222.00 (“Telefónicas”).
En términos sencillos: dinero que estaba etiquetado para el ámbito rural y ayudas a iniciativas agrícolas acaba financiando conectividad, control de redes y ciberseguridad de la administración regional. Son servicios necesarios para el funcionamiento del Gobierno autonómico, pero la crítica socialista se apoya en una idea fácil de entender: cuando hace falta tapar un agujero en comunicaciones, la hucha elegida es la del campo.
Moreno añade un elemento político clave para su argumentario: sostiene que ese recorte se produce sobre un fondo que se creó precisamente para responder a situaciones adversas —como la sequía— y que se anunció con contundencia. Según el diputado, el Gobierno regional recorta “cinco de los ocho millones” previstos para agricultores y ganaderos.
La documentación presupuestaria que sustenta la transferencia no entra en el detalle de convocatorias concretas, beneficiarios o plazos, pero sí deja constancia del trasvase del crédito desde una línea agraria a gasto tecnológico interno. Y ese movimiento, en plena presión sobre el sector por costes, climatología y mercados, es el que alimenta el choque político.
Una cifra que reabre la pelea PP-Vox y el origen del fondo
El PSOE no se limita a señalar el trasvase. También recuerda cómo nació ese fondo y qué recortes sufrió antes incluso de esta modificación. Moreno afirma que la Asamblea Regional aprobó hace un año una moción del Partido Socialista solicitando diez millones de euros para un fondo de contingencia, pero que finalmente un pacto entre PP y Vox lo dejó en ocho millones, “excluyendo a varios sectores como el almendro, el cítrico, la fruta de hueso y toda la agricultura de regadío”.
Esa parte del relato busca dos efectos. El primero, fijar que el fondo ya nació por debajo de lo que el PSOE pedía. El segundo, subrayar que, además, se dejó fuera a sectores con peso real en la Región de Murcia. Desde esa base, Moreno sostiene que el Gobierno de López Miras da un paso más al recortar ahora “la mayor parte” del dinero para destinarlo a comunicaciones y redes, algo que, en sus palabras, “nada tiene que ver con las necesidades del campo”.
El diputado regional remata la denuncia con una comparación política: mientras el Gobierno regional retrae recursos del fondo, “las únicas ayudas que reciben” agricultores y ganaderos serían “las del Gobierno de España”, según afirma.
Este es el punto donde el PSOE intenta convertir un documento técnico en una historia política con gancho: el Ejecutivo regional se presenta como el gran aliado del campo, pero cuando hay que mover dinero, lo hace sin foco público y recortando una línea pensada para atender crisis del sector. Moreno lo expresa con una acusación directa: “A López Miras se le llena la boca para presumir de la agricultura y la ganadería, pero luego les quita dinero para usarlo en propaganda y autobombo”.
Lo que queda por aclarar: impacto real y explicación pública
La modificación presupuestaria establece que se dará cuenta a la Asamblea Regional, lo que abre la puerta a que la oposición pida explicaciones y a que el Gobierno regional detalle por qué necesitaba reforzar esas partidas tecnológicas con dinero procedente del ámbito agrario.
Sin embargo, el documento presupuestario no precisa qué actuaciones concretas se ven afectadas dentro del proyecto del que se detrae el crédito. Esa es, ahora, la pregunta decisiva para el sector: si ese dinero estaba pensado para medidas de apoyo ante situaciones adversas, ¿qué parte se queda sin cubrir tras el recorte? ¿Se reduce el alcance del fondo, se retrasa, se reordena, o se sustituye por otras líneas? El acuerdo solo certifica el trasvase y el destino, no su impacto sobre el terreno.
Aun así, el hecho político ya está encima de la mesa. El PSOE ha encontrado un contraste potente: discurso de apuesta por el campo frente a una transferencia de casi cinco millones que sale de “ayudas a iniciativas agrícolas” y acaba pagando redes, interconexión, monitorización y seguridad de la información. La denuncia de Fernando Moreno añade, además, un elemento especialmente corrosivo en términos de opinión pública: que el recorte se habría hecho sin anuncio, sin explicar a agricultores y ganaderos que parte del fondo se iba a usar para cubrir comunicaciones y servicios de red.
Con esa combinación de cifras y relato, la presión pasa ahora al Gobierno regional: si presume de ser el que más apuesta por el campo, deberá explicar por qué casi cinco millones salen precisamente de ahí y por qué ese cambio no se contó con la misma contundencia con la que se venden, habitualmente, las medidas de apoyo al sector primario.
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