Las asociaciones exigen un informe técnico independiente y un calendario vinculante para sustituir los materiales tras el incendio
Dos colectivos de Cartagena han elevado a la vía judicial su denuncia por la falta de medidas “claras y definitivas” tras el incendio registrado en la fachada del Hospital General Universitario Santa Lucía. Mesa por Cartagena y la asociación Origen – Defensa de la Memoria Social y Patrimonio de Cartagena aseguran que presentaron su escrito ante los Juzgados de Cartagena el 23 de febrero y reclaman que se actúe sin más dilaciones tras el fuego ocurrido el 26 de noviembre de 2025, del que —según sostienen— siguen sin conocerse públicamente un informe técnico completo ni un plan definitivo de sustitución de los elementos afectados.
El foco de su denuncia no es solo el incidente en sí, sino el escenario posterior. Las entidades afirman que no se trata de un episodio aislado y que existen antecedentes relacionados con el “comportamiento” de los materiales exteriores del edificio. Y, pese a ello, consideran que se ha instalado una situación de incertidumbre que no puede normalizarse cuando se trata del hospital de referencia de la comarca.
En su comunicado, los colectivos plantean una pregunta que, dicen, se repite en la calle: qué habría ocurrido si un incendio similar se hubiese producido en Murcia ciudad, citando expresamente otros centros hospitalarios como La Arrixaca, el Reina Sofía o el Morales Meseguer. En ese contraste, Mesa por Cartagena y Origen trasladan la sensación de “trato desigual” y de que Cartagena vuelve a quedar en segundo plano cuando se trata de infraestructuras esenciales.
El texto insiste en el riesgo potencial que, a su juicio, se corre al mantener durante meses la fachada sin una sustitución completa y sin un calendario público. Y lo enmarca en una preocupación de seguridad pública, recordando tragedias recientes en España vinculadas a incendios y a materiales constructivos. En su lectura, Cartagena “no llegó a más” por factores circunstanciales y no por una garantía estructural del edificio, por lo que consideran imprescindible actuar antes de que la ciudad “entre en esa estadística”.
Qué piden las asociaciones: informe independiente y sustitución completa
Mesa por Cartagena y Origen ponen sobre la mesa un paquete de exigencias que, según exponen, debería activarse de forma inmediata. La primera es la publicación de un informe técnico independiente, con carácter completo y accesible. A partir de ahí, reclaman la comparecencia pública de los responsables autonómicos competentes, para explicar el estado real de la fachada, las decisiones tomadas y los pasos previstos.
En su lista de medidas también incluyen la depuración de responsabilidades “si procede”, en caso de que se detecten fallos en el diseño, en la ejecución, en el mantenimiento o en la gestión posterior al incendio. Y, sobre todo, subrayan una exigencia principal: la sustitución completa de la fachada por materiales homologados con certificación ignífuga conforme a normativa europea, sin parches parciales ni soluciones provisionales.
El documento añade un elemento clave para medir el compromiso institucional: un calendario público y vinculante de ejecución. Es decir, fechas y plazos concretos, con un plan de trabajo que permita a la ciudadanía saber cuándo se interviene, qué se va a cambiar y en qué condiciones técnicas se hará.
La argumentación que sostienen se apoya en una idea directa: no están hablando de un edificio administrativo, sino de un centro sanitario que consideran esencial para la seguridad de la población. Por eso insisten en que la demora, la falta de información pública completa y la ausencia de un plan definitivo son incompatibles con la naturaleza del edificio y con el volumen de población al que atiende.
Un hospital de referencia y la alerta por la seguridad pública
Las asociaciones sitúan el Hospital Santa Lucía en un plano que va más allá de la política cotidiana. Subrayan que se trata del hospital de referencia de más de 350.000 personas y que esa presión asistencial aumentaría en época estival. Con ese contexto, plantean que cualquier incertidumbre sobre materiales exteriores o sobre el riesgo de propagación del fuego debe abordarse con la máxima transparencia y con decisiones rápidas.
El comunicado refuerza ese argumento insistiendo en que el incendio de noviembre podría haber tenido consecuencias mucho más graves si se hubiera producido una propagación mayor. En su planteamiento, el hecho de que no se lamentaran daños irreparables no puede utilizarse como argumento para la inacción, sino como aviso de lo que podría ocurrir si se repite un episodio similar.
En este punto, el texto introduce una comparación con tragedias recientes relacionadas con incendios y materiales inflamables, y lo utiliza para subrayar el componente preventivo: no esperar a que exista una víctima para actuar. Su mensaje es que la prevención debe ser más estricta precisamente en un hospital, donde hay pacientes vulnerables, alta ocupación, zonas críticas y una complejidad logística que haría mucho más difícil una evacuación total en un escenario grave.
La denuncia pública y judicial, por tanto, se construye sobre dos pilares: la exigencia de información técnica completa y la reclamación de una solución definitiva basada en la sustitución integral de la fachada, no en medidas parciales que mantengan dudas sobre el comportamiento de los materiales ante el fuego.
El papel del Ayuntamiento y la queja por “desigualdad territorial”
Además de señalar a la administración autonómica, Mesa por Cartagena y Origen colocan el foco en el Ayuntamiento de Cartagena. En su texto, consideran “imprescindible” que el consistorio ejerza una defensa activa de los intereses sanitarios de la ciudad, especialmente cuando lo que está en juego, según afirman, es la seguridad de la población.
En esa línea, critican la actuación de la alcaldesa y reclaman que se sitúe “al frente” de un asunto que consideran prioritario, en lugar de mantener —según su valoración— un papel insuficiente. Este reproche se formula desde una posición que los colectivos tratan de separar de la disputa partidista: insisten en que no es una cuestión de siglas, sino de igualdad territorial y de seguridad pública.
El mensaje final que intentan fijar es inequívoco: Cartagena no puede ser tratada como una ciudad secundaria cuando se trata de infraestructuras esenciales. Y, en ese marco, entienden que el retraso en la publicación de informes, la ausencia de un plan definitivo y la permanencia de la fachada tras un incendio alimentan una percepción de agravio comparativo que, a su juicio, no se produciría en otros puntos de la Región.
Con la denuncia ya presentada, las asociaciones elevan el listón de la exigencia: quieren hechos, plazos y documentación pública. En su conclusión, resumen el fondo del conflicto con dos frases que buscan cerrar el debate en el terreno de lo básico: la salud no admite silencios y la seguridad no admite demoras.
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