El sindicato se reúne con diputados del PSOE para reimpulsar el coeficiente reductor que afectaría a unos 22.000 trabajadores
El Sindicato de Trabajadores (STR) ha vuelto a llevar al Congreso de los Diputados una reclamación que lleva años abriéndose paso a trompicones en la agenda política: el reconocimiento de un coeficiente reductor que permita anticipar la jubilación de las personas que han trabajado expuestas al amianto. La organización sindical mantuvo una reunión con el diputado y portavoz socialista en materia de Inclusión Social y Seguridad Social, Alberto Mayoral, con el apoyo de los diputados cántabros Pablo Antuñano y Noelia Cobo, para “retomar, colaborar y reimpulsar” una medida que el STR define como justicia laboral y protección de la salud pública.
El amianto (o asbesto) es uno de esos materiales que, décadas después de su uso masivo, sigue proyectando sombra sobre miles de trayectorias laborales. No es una discusión teórica: la exposición continuada se asocia a enfermedades graves y, por eso, el debate del coeficiente reductor tiene un significado muy concreto para quienes estuvieron años en entornos donde el riesgo era real, cotidiano y, muchas veces, normalizado. El STR sitúa esta demanda en esa lógica: no se trata de un “trato de favor”, sino de reconocer una especial peligrosidad que deja huella en la salud.
El sindicato cifra el alcance potencial de la medida en más de 22.000 trabajadores en España, apoyándose en datos oficiales del Ministerio de Sanidad de 2018 que se mencionan en la nota difundida tras la reunión.
Reunión en el Congreso y “vía” abierta con el PSOE
La cita en el Congreso se celebró con un objetivo claro: desbloquear una reivindicación histórica para que deje de ser un compromiso recurrente en discursos y se convierta en un cambio normativo efectivo. Según el STR, en el encuentro se trasladó la necesidad de avanzar “de manera decidida” en el coeficiente reductor, entendido como una herramienta para reconocer el impacto que puede tener la exposición al amianto “a lo largo de la vida laboral”.
En la reunión, los diputados presentes defendieron que esta iniciativa encaja con otras medidas ya aprobadas en los últimos años, como el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto o el Real Decreto de coeficientes reductores en actividades de especial penosidad o riesgo, según recoge el comunicado. En ese marco, el STR interpreta que existe una base política y normativa sobre la que construir el siguiente paso: aplicar el principio de reparación y de prevención también en el tramo final de la vida laboral.
Para la Región de Murcia —con una fuerte presencia de industria y sectores con riesgos laborales históricos— el debate no es ajeno. Aunque el comunicado del STR no entra en territorios concretos, la reivindicación toca un nervio sensible en áreas industriales donde, durante años, el amianto formó parte de materiales, instalaciones y entornos de trabajo. Por eso, la reactivación parlamentaria del coeficiente reductor interesa también aquí: porque habla de derechos laborales, de salud y de cómo se repara, tarde pero con obligación, lo que durante décadas se trató como “normal”.
Un coeficiente reductor “no es un privilegio”, dice el sindicato
El STR insiste en un marco argumental que busca evitar el ruido habitual cuando se habla de jubilación anticipada: el coeficiente reductor, subraya, no debe interpretarse como un privilegio. El sindicato plantea que es una medida de justicia laboral y de protección de la salud pública, una forma de reconocer que la exposición al amianto no es comparable a otras condiciones de trabajo ordinarias.
En esa línea, el delegado sindical del STR, Alejandro Cuerno, enmarca la reivindicación como un paso que ya debería estar maduro tras años de trabajo “desde distintos ámbitos sindicales, técnicos e institucionales”. Y lo expresa en términos de reconocimiento: “Hablamos de justicia y de reconocimiento para miles de trabajadores que han desarrollado su actividad en condiciones de riesgo evidente”, señala.
El sindicato también subraya que la medida tiene un componente de coherencia institucional: si se han aprobado mecanismos de compensación y normas específicas para actividades de especial penosidad o riesgo, resulta difícil justificar que la exposición al amianto no tenga un encaje específico en el sistema de jubilación cuando existe evidencia del daño potencial y de su gravedad. La cuestión, en definitiva, es si el sistema público está dispuesto a mirar de frente una realidad incómoda: que hay personas que han trabajado durante años en condiciones que hoy no se aceptarían.
Qué está en juego y por qué el debate vuelve ahora
La reunión en el Congreso se presenta, en el relato del STR, como un intento de poner el asunto en una fase operativa: pasar del reconocimiento general a la reforma efectiva. El sindicato valora “positivamente” la disposición mostrada por los interlocutores políticos y defiende la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para que el coeficiente reductor se apruebe y se aplique.
El contexto político también cuenta. En el comunicado, los diputados nacionales enmarcan la iniciativa como parte de un compromiso del Gobierno con la mejora de condiciones de trabajo, y la conectan con medidas ya aprobadas. Ese encaje puede ser clave, porque el debate sobre coeficientes reductores suele chocar con dos frenos: el coste y el temor a abrir puertas que luego otros colectivos reclamen. Precisamente por eso, el STR insiste en que no se trata de una puerta genérica, sino de un caso con una carga sanitaria y laboral muy específica.
Además, la reivindicación se mueve en un terreno donde las palabras importan menos que los plazos. Para quienes han pasado media vida trabajando expuestos al amianto, el “ya veremos” no es una respuesta. Y, en paralelo, hay un mensaje más amplio: cuando una sociedad reconoce el daño causado por una exposición laboral peligrosa, no basta con reparar a posteriori; también debe garantizar que esa exposición tenga consecuencias en la protección social, incluida la jubilación.
El STR concluye reafirmando su compromiso con la defensa de la salud laboral y asegurando que seguirá impulsando iniciativas que supongan “avances reales” en la protección y dignidad de las plantillas. En la Región de Murcia, donde la conversación sobre industria y empleo suele centrarse en cifras y titulares económicos, este debate añade una capa que a menudo queda debajo del ruido: la del coste humano acumulado durante años de trabajo y la obligación pública de no mirar hacia otro lado.
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