El Partido Cantonal denuncia tres años de cierre y acusa a PP y Vox de dejar el edificio sin equipamiento básico
El antiguo albergue de Tallante, también conocido en la zona como la “granja escuela” por uno de sus últimos usos, vuelve a la agenda política de Cartagena por una pregunta que muchos vecinos de la diputación de Perín llevan tiempo haciéndose: si el edificio está rehabilitado, ¿por qué sigue cerrado? El Partido Cantonal de Cartagena (PCAN) ha difundido un comunicado en el que reclama al Ayuntamiento que “deje de engañar a los vecinos” y abra de una vez el inmueble, que —según afirma— fue restaurado por completo con financiación europea hace tres años, tras una inversión de 153.713 euros.
El PCAN sostiene que la obra de rehabilitación ya se ejecutó e incluyó actuaciones de obra civil y acabados (suelos, sanitarios y carpintería de puertas y ventanas), pero que el Gobierno local de PP y Vox no ha dado el “último empujón” para ponerlo en funcionamiento: dotarlo de equipamiento interior, mobiliario e instalación de aire acondicionado. Según el partido, esa fase final sería “menos costosa” que la rehabilitación ya realizada, pero permanece sin ejecutar, lo que mantiene el edificio clausurado y sin uso público.
La crítica no es solo presupuestaria. El PCAN plantea el cierre como un problema de gestión y de prioridades, especialmente porque el proyecto, según el comunicado, tenía una finalidad social y territorial clara: ofrecer a los colectivos de la zona oeste un espacio de trabajo, encuentro y cohesión. El partido describe la situación como “dinero tirado por la borda” si el edificio rehabilitado no llega a abrirse y empieza a cumplir la función para la que se justificó la inversión.
En el texto, el PCAN vincula este caso a una queja más amplia sobre el trato a la comarca de Cartagena y, en particular, a las poblaciones del oeste: Tallante, Cuesta Blanca, Los Puertos de Santa Bárbara, San Isidro, La Magdalena o Perín. Y añade un elemento político que suele ser combustible en debates locales: la sensación de que, cuando se trata de barrios y diputaciones fuera del centro urbano, los proyectos se anuncian, se ejecutan parcialmente y luego se aparcan.
Un edificio rehabilitado con fondos europeos que sigue sin uso
El comunicado del Partido Cantonal sitúa el origen de la rehabilitación en un proyecto europeo que habría incorporado participación vecinal para definir el uso final del edificio. Según la nota, durante el proceso se celebraron reuniones en las que vecinos de Tallante y de poblaciones cercanas aportaron ideas y necesidades para que el inmueble pudiera convertirse en un recurso estable para el territorio.
Entre los usos que se barajaron, el PCAN menciona la posibilidad de convertirlo en sede para asociaciones, espacio de reunión para la Junta Vecinal de Perín, lugar para talleres medioambientales, y punto de información sobre senderos de pequeño recorrido (PR), entre otras opciones. El partido afirma que la apertura del edificio es un tema recurrente en reuniones de la propia Junta Vecinal, según trasladan “fuentes vecinales” al PCAN.
En este punto, la denuncia cantonal apunta a una cuestión clave en la gestión de fondos europeos: la distancia entre la obra física y el servicio real. Una rehabilitación puede quedar impecable sobre el papel y aun así resultar estéril si no se completa con lo necesario para su funcionamiento. Y, en términos políticos, el caso tiene un punto de fácil lectura: se invierte dinero público en recuperar un inmueble para uso social, pero la ciudadanía no puede entrar porque falta el equipamiento mínimo.
El PCAN advierte además del riesgo de deterioro y de vandalismo si el edificio sigue cerrado durante años. Para reforzar ese argumento, cita el ejemplo del antiguo centro de salud de San Antón, que —según el partido— fue desvalijado tras permanecer cerrado, como advertencia de lo que puede ocurrir si se repite la misma dinámica de abandono. Esta comparación aparece en una declaración del secretario general del PCAN, Celestino García Alfaro.
Zona oeste: un recurso para asociaciones, cohesión y actividad rural
Más allá del choque político, el debate de fondo es qué papel juegan los equipamientos públicos en la vida de las diputaciones. El PCAN describe el edificio como una “enorme casa de campo” de propiedad municipal, con 470 metros cuadrados de superficie construida y una parcela que supera una hectárea, lo que, según el comunicado, abre posibilidades para actividades al aire libre y para proyectos comunitarios vinculados al medio rural.
El partido aporta también datos sobre el edificio: fue construido en 1980, según información catastral, y durante décadas ha tenido distintos usos (albergue juvenil, edificio multiusos y granja escuela). Ese historial, unido al tamaño de la parcela, explica por qué la rehabilitación se presentó como una oportunidad para dinamizar la zona oeste y crear un lugar de encuentro para colectivos dispersos geográficamente.
En su comunicado, el PCAN destaca que las obras de puesta en valor se realizaron siguiendo criterios de sostenibilidad y adaptación a la normativa de accesibilidad, citando el asesoramiento de CETENMA (Centro Tecnológico de la Energía y Medio Ambiente), que habría participado en el plan de financiación europeo. El partido utiliza esa referencia para subrayar que el inmueble está rehabilitado con estándares actuales y que, por tanto, no tendría sentido mantenerlo inutilizado.
El trasfondo territorial aquí es importante: cuando un equipamiento de estas características no se abre, el coste no es solo económico. También es social y político. Se pierde un espacio que podría ser sede de reuniones, talleres, actividades comunitarias o información ambiental en una zona donde los recursos no sobran y donde muchas iniciativas vecinales dependen de disponer de un lugar físico para organizarse.
El PCAN acusa al Ayuntamiento de dar largas y reclama plazos
El Partido Cantonal sostiene que el Gobierno local “da largas” a los residentes, y que el proyecto se frenó “una vez que se acabó el dinero europeo”, dejando el edificio a medio camino: rehabilitado, pero sin uso. Es una acusación política que, de confirmarse, dibuja un patrón conocido en la administración: proyectos que avanzan mientras hay financiación externa y se detienen cuando toca rematar con aportación municipal.
En su declaración, el secretario general del PCAN resume el malestar con una idea que apunta directamente a la responsabilidad municipal: la rehabilitación ha sido “magnífica”, pero falta interés para completar la intervención con una aportación “mínima” destinada a adecuación de espacios y equipamiento.
Por ahora, el comunicado no aporta una respuesta del Ayuntamiento ni un calendario oficial que explique cuándo se equipará y abrirá el edificio. Lo que sí deja es una exigencia política con destinatario claro: que el Consistorio ponga fecha y presupuesto a la fase final y permita que el inmueble, rehabilitado con dinero público, cumpla su función social y territorial.
En Cartagena, donde el debate sobre inversiones en barrios y diputaciones suele estar cargado de agravios comparativos, el caso del albergue de Tallante tiene un componente especialmente sensible: no se discute un proyecto futuro, sino la apertura de uno ya pagado y ya terminado. Y en ese terreno, la pregunta que flota en Tallante, Perín y su entorno es simple y directa: si el edificio está listo, ¿a qué espera el Ayuntamiento para abrir la puerta?
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