Marisol Sánchez acusa al Gobierno regional de “chapuza” en compras y anuncia preguntas en la Asamblea y reactivar una comisión sobre derivaciones a la privada

El presunto fraude en la compra de prótesis cardiovasculares del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha vuelto a colocar el sistema de adquisiciones sanitarias en el centro del debate político en la Región de Murcia. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha calificado el caso como “un escándalo más” y ha vinculado la investigación abierta por la Fiscalía —que, según el PSOE, cifra el importe en 4,9 millones de euros— a lo que describe como un modelo “descontrolado” de compras públicas en el ámbito sanitario regional.
La denuncia socialista no se limita al episodio concreto. Sánchez sostiene que este caso se suma a otros problemas detectados en los últimos meses en el sistema de adquisición de suministros del SMS, con prácticas que, según su relato, habrían implicado compras por encima del precio de mercado y desvíos de dinero en gastos superiores a los reales. Para el PSOE, la sucesión de episodios apunta a una misma conclusión: el Gobierno de Fernando López Miras no estaría garantizando controles suficientes en un área especialmente sensible por su impacto directo en la seguridad del paciente y en el gasto público.
En paralelo, la viceportavoz socialista contrapone esta situación con el discurso habitual del Ejecutivo regional sobre la falta de recursos. Según afirma, mientras el sistema de compras estaría fallando, el Gobierno insiste en que “no hay dinero” para reforzar plantillas de médicos y enfermeros. En esa comparación, el PSOE construye un mensaje político claro: si hay millones bajo sospecha en compras, la falta de refuerzos de personal no sería solo un problema presupuestario, sino de prioridades y gestión.
Fraude bajo investigación y un sistema de compras “descontrolado”, según el PSOE
Marisol Sánchez sitúa el foco en que el caso ya está en manos de la Fiscalía. Ese detalle, más allá del debate parlamentario, convierte el asunto en un elemento de primer orden: no se trata únicamente de una crítica política a la administración sanitaria, sino de una investigación sobre posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario clave, en este caso prótesis cardiovasculares.
La socialista utiliza esa circunstancia para elevar el tono: “El fraude que está investigando la Fiscalía (…) es un escándalo más que demuestra que la gestión del Gobierno regional en sanidad es una chapuza”, afirma. Su tesis es que el problema no sería puntual, sino que reflejaría fallos estructurales en el control del gasto y en los mecanismos de supervisión del sistema de compras.
El PSOE añade otro elemento relevante: recuerda que en meses anteriores ya se habrían conocido otros episodios vinculados a compras irregulares o a precios por encima del mercado. En su nota, Sánchez sostiene que “hace unos meses” salió a la luz que se estaban comprando prótesis por encima de su precio de mercado y que se desviaba dinero en compras con gastos por encima de lo real. Ahora, afirma, “está pasando lo mismo con otro tipo de suministros”.
El mensaje político que se desprende de esa secuencia es evidente: para el PSOE, no basta con tratar el caso como una anomalía aislada, porque la repetición de patrones sugiere que el sistema está fallando en algo más profundo que un expediente concreto. Y por eso anuncia que llevará el asunto al Parlamento regional para exigir explicaciones y consecuencias.
“Dicen que no hay dinero” para contratar: el PSOE lo vincula a listas de espera fuera de plazo
En su intervención pública, Sánchez conecta el caso con uno de los debates más sensibles para la ciudadanía: las listas de espera en sanidad. La viceportavoz socialista sostiene que las consecuencias de esta mala gestión se traducen en demoras “escandalosas” en Atención Primaria, consultas y pruebas diagnósticas, “todas ellas por encima de los plazos que marca la ley”, y llega a afirmar que esas esperas “están costando vidas”.
Este punto es clave en el relato del PSOE: no se queda en el terreno de la contabilidad o de la gestión interna, sino que lo aterriza en el impacto cotidiano. La comparación que plantea es directa: si hay dinero público presuntamente mal gestionado en compras, y al mismo tiempo faltan refuerzos asistenciales, el resultado final lo paga el paciente en forma de demora y sobrecarga del sistema.
Sánchez insiste en esa línea al asegurar que, mientras el sistema de compras estaría “descontrolado”, el Gobierno regional alega falta de recursos para contratar más personal sanitario. El PSOE utiliza esa contraposición para cuestionar el argumento presupuestario y para señalar lo que considera una incoherencia política: se pide paciencia a la ciudadanía por las listas de espera, pero al mismo tiempo afloran casos que apuntan a pérdidas o desviaciones de fondos.
En términos de debate público, el PSOE también busca que el foco no se quede solo en una cifra —4,9 millones—, sino en la credibilidad del sistema: si el control del gasto falla en áreas estratégicas, la confianza ciudadana en el servicio público se resiente. Esa es la idea de fondo que la viceportavoz pone sobre la mesa cuando vincula el caso a una crítica general a la gestión sanitaria del Ejecutivo regional.
Preguntas en el Pleno y presión para activar una comisión sobre derivaciones a la privada
El Grupo Parlamentario Socialista anuncia que la semana próxima pedirá explicaciones al Gobierno regional en el Pleno de la Asamblea Regional sobre “las consecuencias que esta mala gestión conlleva para la ciudadanía”. La nota no detalla el formato exacto del control parlamentario ni las preguntas concretas, pero sí fija el objetivo: trasladar el caso del ámbito de la denuncia pública a la rendición de cuentas en sede parlamentaria.
Además, el PSOE añade un segundo movimiento político: solicitar en la Junta de Portavoces que el Partido Popular “ordene” la Comisión Especial de Investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del SMS a la sanidad privada. Esta referencia amplía el foco del debate y conecta con una preocupación recurrente en la Región de Murcia: el peso de la concertación y las derivaciones en un sistema con tensión asistencial.
Con esa petición, el PSOE intenta construir una agenda de fiscalización más amplia: por un lado, el control de compras; por otro, el análisis de posibles derivaciones irregulares a la privada. El hilo conductor, según su planteamiento, es el mismo: cómo se gestiona el dinero público y cómo impacta esa gestión en la calidad y el acceso a la sanidad pública.
La ofensiva socialista deja así dos escenarios inmediatos: el debate en el Pleno, donde el Ejecutivo tendrá que posicionarse sobre la investigación de la Fiscalía y sobre el funcionamiento del sistema de compras, y la presión en la Junta de Portavoces para activar una comisión que, según el PSOE, debe abordar el asunto de las derivaciones. En ambos casos, la formación busca que el Gobierno regional explique qué controles existen, qué falló si hubo fallos, y qué cambios piensa introducir para evitar que el sistema vuelva a quedar bajo sospecha.
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