El Ayuntamiento llevará al Pleno una moción para exigir personal, flota y EPI al Consorcio regional
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha denunciado la “situación de ahogamiento extremo” que, según sostiene, arrastra desde hace años el Parque de Bomberos Alhama-Totana, dependiente del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. La alcaldesa, Rosa Sánchez Bishop, avanzó en una comparecencia pública que el equipo de Gobierno elevará una moción urgente al Pleno municipal para reclamar medidas inmediatas ante lo que describe como una acumulación de carencias de personal, vehículos, material y equipamiento de protección individual que, en su opinión, coloca al municipio y a su área de influencia en una posición de “extrema vulnerabilidad” ante cualquier emergencia.
La rueda de prensa contó con la presencia de dos bomberos del propio Consorcio, Salvador Martínez Cánovas y Salvador Seguí Martínez, además del concejal de Protección Civil y Emergencias, Antonio García Martínez, y el concejal de Recursos Humanos, Toni Sibina Sánchez. La imagen buscaba reforzar el mensaje de urgencia trasladado por el Consistorio: no se trata solo de una queja institucional, sino de una advertencia vinculada a la operatividad real del parque y a la seguridad, tanto de la población como de los profesionales que intervienen en incendios, rescates y otras situaciones de riesgo.
Según lo explicado por la alcaldesa, pese a compromisos reiterados por parte del Consorcio, la situación actual seguiría lejos de los estándares necesarios. En su intervención puso el foco en la flota disponible y en el hecho de que el parque, tal y como está hoy, no tendría garantizada una respuesta adecuada en determinados escenarios, especialmente aquellos que requieren medios específicos o intervenciones complejas.
Falta de vehículos operativos y sin intervención en altura
Uno de los datos más llamativos que expuso la alcaldesa es que, en estos momentos, únicamente un camión de bomberos presentado el pasado mes de diciembre estaría “plenamente operativo” y cumpliría con la normativa vigente. El resto de vehículos, siempre según el relato municipal, presentaría “graves deficiencias” o directamente no estaría en condiciones de servicio, lo que reduciría la capacidad de respuesta del parque en caso de incidentes simultáneos o emergencias de mayor entidad.
Entre las carencias destacadas, el Ayuntamiento subraya la ausencia de un vehículo de intervención en altura, un recurso clave cuando se producen incendios o rescates en edificios de varias plantas. La alcaldesa afirmó que esta limitación ya habría tenido consecuencias en intervenciones recientes en municipios cercanos, donde no se pudo actuar con los medios adecuados ante incendios en inmuebles altos. En el caso concreto de Alhama de Murcia, añadió, actualmente no se dispondría de un vehículo operativo para este tipo de actuaciones, lo que obligaría a depender de apoyos externos y, por tanto, a asumir tiempos de respuesta potencialmente más largos.
La denuncia municipal, tal y como se formuló, no se limita a una enumeración de faltas. Insiste en que la combinación de una flota envejecida, vehículos fuera de servicio y ausencia de recursos especializados puede convertir una emergencia en un escenario de mayor riesgo, tanto para las personas afectadas como para los equipos de intervención. Esa es la lógica con la que el Consistorio justifica la moción urgente que llevará al Pleno.
Carencias materiales y una cobertura de 100.000 personas
Junto a la falta de vehículos específicos, el Ayuntamiento y los bomberos presentes en la rueda de prensa describieron otras deficiencias estructurales. El bombero Salvador Martínez confirmó la falta del vehículo nodriza, considerado esencial en incendios industriales por su capacidad de suministro de agua. Ese vehículo habría quedado inoperativo tras las lluvias torrenciales del pasado diciembre y, según se trasladó, todavía no habría sido repuesto, dejando al parque con una limitación adicional para actuar en siniestros de mayor complejidad.
Otra de las referencias que introdujo el Consistorio es la antigüedad de parte de la flota. En concreto, se mencionó el BUP-1000, un vehículo con más de 28 años de servicio y, según se advirtió, sin cinturones de seguridad. El Ayuntamiento explicó que este camión se utiliza para acceder a calles estrechas donde otros vehículos de mayor tamaño no pueden entrar. La consecuencia práctica, añadieron, es que en caso de incendio podría ser necesario realizar tendidos de manguera más largos, lo que implicaría retrasos y un aumento del riesgo durante los primeros minutos de la intervención, precisamente cuando la evolución de un fuego puede ser más determinante.
La dimensión del problema, según el Ayuntamiento, se agrava por el área de cobertura del parque. No se trata únicamente de Alhama de Murcia. El parque presta servicio también a Totana, Librilla, Fuente Álamo y un amplio cinturón industrial con presencia de grandes empresas, lo que eleva el impacto potencial de cualquier limitación de medios. En la rueda de prensa se estimó que la cobertura alcanza a cerca de 100.000 personas, una cifra utilizada para subrayar que la discusión no es localista, sino comarcal y de seguridad pública.
En el plano de los recursos humanos, Salvador Seguí afirmó que las reivindicaciones sobre mejora de medios y personal se remontan, al menos, a 2021. Además, recordó que en 2025 se firmó un preacuerdo en el que se garantizaba una solución a los problemas estructurales del Consorcio, compromisos que, según denunció, no se habrían materializado. El Ayuntamiento, por su parte, presenta esa cronología como prueba de que no se trata de un incidente puntual, sino de un deterioro mantenido que, en su opinión, requiere decisiones inmediatas.
Moción urgente y exigencias al Consorcio y al Gobierno regional
El Gobierno municipal, formado por PSOE, IU y Alhama@Una, sostiene que la gestión de emergencias debe tratarse como una prioridad absoluta. El concejal Antonio García afirmó que “no es una cuestión política, sino de seguridad”, y vinculó esa exigencia a la aportación económica que realiza el Ayuntamiento al Consorcio, cifrada en torno a 300.000 euros anuales. Desde esa perspectiva, reclamó que esos fondos se reflejen en la renovación de flota, equipamiento y recursos humanos del parque.
El Ayuntamiento también relató que, dada la precariedad de medios, el propio Consistorio tuvo que facilitar herramientas como motosierras para atender incidencias provocadas por fuertes rachas de viento. Esa referencia introduce un elemento adicional: la sensación de que el parque, en determinadas situaciones, estaría dependiendo de apoyos improvisados o aportaciones extraordinarias para responder a emergencias ordinarias, algo que el equipo de Gobierno considera inasumible en un servicio esencial.
Por su parte, el concejal Toni Sibina incidió en la gravedad de mantener esta situación en un parque que da cobertura a un polígono industrial relevante y a decenas de miles de vecinos. En su intervención advirtió del riesgo de que una falta de medios derive en consecuencias mayores y recalcó que “estamos hablando de emergencias, de salvar vidas y de la seguridad de los propios bomberos”, planteando además la necesidad de depurar responsabilidades si se produjera una tragedia vinculada a esa falta de dotación.
La moción urgente que el Ayuntamiento llevará al Pleno pretende concretar las exigencias. Entre las medidas reclamadas figuran la dotación inmediata de personal, la renovación de vehículos, la reposición del vehículo nodriza, la adquisición de un vehículo de altura y la actualización del material y de los equipos de protección individual necesarios para garantizar un servicio seguro y eficaz. El mensaje final de la alcaldesa se resumió en una idea de urgencia: “El servicio de emergencias es fundamental y prioritario. No puede esperar más”.
La denuncia municipal abre así un nuevo frente de presión institucional sobre el Consorcio y el Gobierno regional, con el foco puesto en un parque que atiende a varios municipios y a un importante tejido industrial. El debate que se traslada al Pleno no será solo sobre recursos y presupuestos, sino sobre estándares mínimos de seguridad y sobre la capacidad real de respuesta ante emergencias en una zona que, por población y actividad económica, no puede permitirse un parque “ahogado” por la falta de medios.
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