El edil de Juventud de Mula participa en Madrid en una sesión centrada en vivienda, comisiones ilegales y la Ventanilla Única Digital
La vivienda volvió a colarse en la agenda municipalista nacional como un problema de consumo que ya no se limita a las grandes capitales. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Mula, Toni Ruiz, participó en Madrid en la Comisión de Consumo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en una sesión donde el eje principal fue el mercado del alquiler y la protección de las personas inquilinas frente a prácticas abusivas.
Según la información trasladada por el Ayuntamiento, el encuentro abordó el cobro indebido de comisiones a inquilinos, la imposición de seguros o servicios no solicitados y la falta de transparencia en anuncios publicados en portales inmobiliarios, con especial incidencia en zonas declaradas tensionadas. En ese contexto se analizó la aplicación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y la necesidad de reforzar mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos.
El debate, en términos políticos, tiene una lectura clara: los ayuntamientos no regulan la Ley estatal, pero sí conviven con sus efectos y con las consecuencias más visibles del desorden del alquiler. Oficinas de información al consumidor, servicios sociales y áreas de vivienda reciben quejas que, a menudo, terminan describiendo el mismo patrón: intermediación agresiva, condiciones opacas y costes adicionales que encarecen el acceso a una vivienda sin que el inquilino haya pedido esos “extras”.
Comisiones a inquilinos y anuncios opacos: el foco en las prácticas abusivas
La sesión de la Comisión de Consumo de la FEMP puso sobre la mesa una cuestión especialmente conflictiva por su impacto directo en el bolsillo: las comisiones o “mes de agencia” cargadas al inquilino cuando la normativa determina que determinados gastos deben asumirlos los arrendadores en el marco del alquiler de vivienda habitual.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha advertido públicamente a inmobiliarias de que es ilegal cobrar comisiones de gestión a las personas inquilinas en estos casos, remitiéndose a la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos introducida por la Ley 12/2023. En paralelo, la propia ley estatal aparece en el debate como marco de referencia para delimitar qué prácticas deben perseguirse, y por qué la falta de claridad en anuncios o contratos se convierte en un problema de protección al consumidor.
En la Comisión se trató también la imposición de seguros u otros servicios no solicitados, una práctica que, en el mercado real, suele presentarse como condición tácita para “agilizar” la operación. Ese tipo de mecanismos, cuando no se explican con transparencia o se exigen de forma encubierta, desplazan el conflicto a un terreno que los municipios conocen bien: el de la reclamación de consumo y la sensación de indefensión de las familias que buscan piso.
Viviendas de uso turístico: registro estatal y Ventanilla Única Digital
Otro de los bloques de la reunión se centró en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) tras la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2024 y la implantación del registro estatal obligatorio mediante la Ventanilla Única Digital, una herramienta pensada para combatir la oferta ilegal y mejorar la transparencia.
El Real Decreto 1312/2024 crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y desarrolla el procedimiento de un registro único de arrendamientos de corta duración, en el marco de la normativa europea sobre recogida e intercambio de datos de este tipo de servicios. En la práctica, esta vía de control pretende cerrar el paso a una parte del mercado que opera en la sombra, con anuncios sin trazabilidad suficiente y con dificultades para que las administraciones identifiquen qué se alquila, en qué condiciones y con qué cumplimiento de obligaciones.
Para un municipio como Mula, la discusión no es abstracta. Aunque la presión turística no sea comparable a la de la costa, la expansión de este tipo de alojamiento y la competencia por el parque residencial tienen efectos en cascada en muchos territorios: encarecimiento en determinadas zonas, desplazamiento de oferta hacia estancias cortas y aumento de la sensación de “escasez” en el alquiler de larga duración. El debate en la FEMP apunta a cómo coordinar respuestas y cómo dotar de seguridad jurídica a consumidores y propietarios, evitando que el control se quede en papel mojado.
Agenda del Consumidor 2030, Ley SAC y crédito al consumo
La reunión también trató asuntos de alcance más general: la Agenda del Consumidor 2030 impulsada por la Comisión Europea, la nueva Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela (conocida como Ley SAC) y el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo.
La Ley 10/2025 establece niveles mínimos de calidad para los servicios de atención al cliente de determinadas empresas y refuerza derechos frente a prácticas que han sido fuente de queja recurrente, como la dificultad para hablar con un agente o las esperas excesivas. En un contexto de alquiler y consumo, la conexión es directa: si los consumidores tienen más capacidad real de reclamar y ser atendidos, también se eleva el listón para intermediarios y grandes compañías que operan en el mercado.
Respecto al crédito al consumo, el debate aparece en un momento especialmente sensible: muchas familias y jóvenes están asumiendo gastos crecientes en vivienda y suministros, y el recurso a financiación, microcréditos o fórmulas de pago aplazado se ha vuelto habitual. Que este asunto se discuta en el marco municipalista indica que el problema ya no se percibe solo como una cuestión financiera, sino como un vector de vulnerabilidad social.
“Mercado del alquiler más justo”: el papel del municipalismo
Tras la sesión, Toni Ruiz defendió que “la vivienda es hoy uno de los principales problemas que afectan a las familias y jóvenes” y que, desde las administraciones locales, es necesario reforzar la vigilancia frente a abusos, mejorar la información al consumidor y coordinar esfuerzos para garantizar un mercado del alquiler más justo y transparente.
El mensaje busca situar a los ayuntamientos en un papel menos subsidiario y más activo en la defensa de derechos: no solo como ventanilla donde se reciben quejas, sino como instituciones que presionan para que el marco normativo se cumpla y para que haya herramientas reales de control. En ese enfoque, la participación de Mula en órganos de coordinación como la FEMP se presenta como una vía para que municipios medianos también tengan voz en debates que, hasta hace poco, parecían reservados a grandes ciudades.
La cuestión, al final, se resume en una tensión que atraviesa todo el país: si la vivienda se ha convertido en el principal factor de angustia económica para miles de hogares, cualquier grieta de abuso —comisiones indebidas, anuncios opacos, servicios impuestos— no es un asunto menor. Es un acelerador de desigualdad. Y eso explica por qué, en una Comisión de Consumo, el alquiler ya no aparece como un tema sectorial, sino como un campo donde se juega, a diario, el derecho a una vida mínimamente estable.
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