Inma Sánchez defiende la supervisión de las presas del Segura y carga contra el “abandono” del CEIS en Los Alcázares
La senadora socialista Inma Sánchez ha acusado al Partido Popular de la Región de Murcia de “hacer lo que sea” para desviar el foco y “tapar” que el Gobierno regional, presidido por Fernando López Miras, estaría “poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía” por el deterioro y la falta de inversiones en los parques de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). En una declaración difundida por el PSRM, Sánchez sostiene que el PP está recurriendo a “mentiras” y “alarmismo” para desplazar el debate, y reclama que la dirección política regional asuma responsabilidades con dotación de medios e inversiones “de una vez por todas”.
El pronunciamiento llega como respuesta directa al senador popular Antonio Luengo, a quien la socialista reprocha el intento de instalar un relato de inseguridad vinculado a presas e infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Segura. La senadora enmarca el choque en un contexto más amplio: el estado del CEIS y, en particular, la situación del Parque de Bomberos de Los Alcázares, que se ha convertido en símbolo recurrente de la denuncia socialista sobre “precariedad y abandono” en el servicio de emergencias regional.
En su intervención, Sánchez plantea el debate en términos de prioridades políticas. A su juicio, el PP debería abandonar la estrategia de confrontación y exigir a López Miras “medios e inversiones” para resolver carencias en los parques, en vez de intentar desplazar la conversación hacia otros ámbitos. Esa acusación incorpora, además, un elemento de gravedad: la senadora afirma que los propios bomberos llevan tiempo advirtiendo de que “no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía”, una idea que sitúa el problema en el terreno del servicio público esencial y no en una disputa partidista.
El choque político por la seguridad: bomberos, parques y “desvío de atención”
La senadora socialista sostiene que el Partido Popular intenta “ocultar” la situación del CEIS. En esa línea, afirma que el PP de la Región “hace lo que sea para intentar ocultar la situación de precariedad y abandono que sufren los bomberos”, y remarca que la respuesta “responsable” sería presionar al Gobierno regional para que incremente inversiones y recursos. La declaración no detalla partidas, calendarios ni actuaciones concretas, pero insiste en el marco general: falta de inversión, deterioro material y riesgo para la operatividad.
Dentro de esa argumentación, Sánchez señala expresamente el Parque de Bomberos de Los Alcázares como ejemplo de la situación que denuncia. “Los propios bomberos llevan mucho tiempo advirtiendo de que no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía. Está en juego la seguridad de la gente y de los propios bomberos”, asegura en su respuesta pública. La mención al parque de Los Alcázares refuerza un relato que el PSRM viene sosteniendo en las últimas semanas, centrado en el deterioro de instalaciones y en el impacto que podría tener sobre tiempos de respuesta y capacidad operativa, especialmente en una zona con fuerte presión estacional.
El tono de la senadora es deliberadamente político, pero su eje es institucional: el CEIS como estructura de protección civil y emergencias. La senadora no se limita a reivindicar condiciones laborales, sino que presenta el estado de los parques como un factor de seguridad pública. En ese punto, su mensaje busca fijar una idea de fondo: si un parque funciona con carencias materiales o infraestructuras deficientes, el problema no se queda dentro del edificio; puede impactar en el servicio que recibe la ciudadanía.
Presas del Segura: “supervisión constante” y un ingeniero asignado por presa
La respuesta socialista se centra también en negar que exista una falta de control en presas e infraestructuras hidráulicas, y acusa al PP de “alarmar a la ciudadanía” con un discurso que califica de falso. Sánchez afirma que “la Confederación Hidrográfica del Segura mantiene una supervisión constante de las presas e infraestructuras hidráulicas de la Cuenca del Segura” y añade un detalle técnico con el que pretende reforzar la credibilidad del mensaje: “cada presa tiene un ingeniero asignado que hace un seguimiento permanente de su estado y seguridad”.
La senadora también incorpora una cifra económica para sostener su argumentación: asegura que “desde el año 2018, el Gobierno de España ha invertido cerca de 87 millones de euros en las presas de la Cuenca del Segura”. Con esa referencia, Sánchez concluye que “la realidad que intenta contarnos el PP no es cierta”, insistiendo en que existe vigilancia y que, además, habría una inversión continuada en infraestructuras hidráulicas en los últimos años.
El choque, por tanto, se construye sobre dos planos paralelos. Por un lado, el PSOE acusa al PP de querer trasladar la sensación de riesgo hacia las presas para agitar preocupación ciudadana. Por otro, acusa al Ejecutivo regional de no actuar con la misma contundencia —presupuesto, inversiones, mantenimiento— en el ámbito que, a su juicio, sí tiene una urgencia visible: los parques de bomberos del CEIS, con Los Alcázares como caso emblemático.
El CEIS como termómetro de gestión y la exigencia de “cumplir responsabilidades”
Sánchez cierra su mensaje reclamando al PP regional que “deje de intoxicar” y “cumpla con sus responsabilidades”, subrayando que son “muchas”. La formulación busca dejar al PP en una posición defensiva: si el debate es seguridad pública, la discusión ya no es una pugna de declaraciones, sino una exigencia de gestión, inversión y mantenimiento de servicios esenciales.
La nota difundida por el PSRM no incluye respuesta del Partido Popular a estas afirmaciones, ni detalla si el senador aludido —Antonio Luengo— ha replicado a la senadora socialista tras esta intervención. Tampoco concreta, en el caso del CEIS, qué actuaciones exige el PSOE más allá de “medios e inversiones” y del señalamiento general al estado de los parques. Aun así, el mensaje deja una idea política clara que apunta al centro del debate regional: la seguridad, en términos cotidianos, se mide también en infraestructuras y servicios que funcionan sin fallos, con mantenimiento real y con recursos suficientes para responder a emergencias.
En ese marco, el enfrentamiento entre PP y PSOE vuelve a girar sobre un concepto que se repite en los discursos públicos de ambas formaciones, pero con significados distintos: la seguridad. Para el PSOE, el punto crítico está en el CEIS y en el estado material de sus parques; para el PP, según lo que denuncia Sánchez, el foco se habría desplazado hacia presas e infraestructuras hidráulicas. La controversia, sin embargo, deja una pregunta abierta que trasciende las siglas: si el debate es la protección efectiva de la ciudadanía, ¿qué decisiones concretas se tomarán —y con qué presupuesto— para que los servicios de emergencia no sigan siendo, como denuncia el PSOE, el eslabón que paga la factura de la inacción política?
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