Más de un mes de margen para una familia vulnerable tras la presión social frente a su vivienda en Martínez Campos
La movilización vecinal y de colectivos sociales ha logrado aplazar temporalmente el desahucio de Antonia, una mujer de 63 años, y de su familia en Alcantarilla. La actuación de la comisión judicial concedió finalmente un aplazamiento hasta el próximo 14 de abril, lo que da un mes de margen para intentar una salida habitacional que evite que el núcleo familiar termine en la calle, según la información trasladada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y organizaciones presentes en la concentración.
El caso se ha convertido en un símbolo local de la tensión creciente en torno al acceso a la vivienda en la Región de Murcia, especialmente cuando los procedimientos afectan a hogares con circunstancias de vulnerabilidad acreditada. En este caso, la familia está formada por Antonia, su hija de 37 años —pensionista por incapacidad permanente— y su hijo de 18 años, estudiante que acaba de finalizar un ciclo formativo y se preparaba para comenzar prácticas. Tanto Antonia como su hija cuentan con discapacidad reconocida, según los datos difundidos por la plataforma.
Desde primera hora de la mañana, decenas de personas se concentraron a las puertas del domicilio, en la calle Martínez Campos, con el objetivo de impedir un lanzamiento que estaba previsto para este martes. Entre los asistentes, según la organización, se encontraban vecinos y vecinas del municipio, activistas de Yayoflautas, miembros de la Coordinadora de Barrios de Alcantarilla, la PAH, militantes de Izquierda Unida-Verdes y la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla, además del sacerdote Joaquín Sánchez, conocido por su presencia en este tipo de acciones.
El aplazamiento, aunque supone un alivio inmediato, deja el problema de fondo intacto. La clave ahora será si durante este periodo se logra una renovación del alquiler social o una alternativa que garantice estabilidad a la familia.
Una historia de hipoteca, dación en pago y un alquiler social que no se renueva
La PAH explica que la vivienda fue adquirida por Antonia hace más de dos décadas. La situación se complicó tras la crisis económica de 2008, cuando la familia perdió la capacidad de afrontar la hipoteca. En ese contexto, siempre según el relato trasladado por la plataforma, se formalizó una dación en pago y se accedió a un alquiler social que permitió a la familia permanecer en el inmueble.
El problema se agrava, según la versión de la PAH, cuando la vivienda cambia de manos. La plataforma sostiene que el inmueble fue vendido y terminó en manos del fondo Coliseum, que se habría negado a renovar el alquiler social. La consecuencia directa es el procedimiento de desahucio que desembocó en el señalamiento de este martes y en el aplazamiento conseguido tras la presión social.
El abogado vinculado a la plataforma, José Antonio Vives, describió la situación como “muy complicada” por la falta de alternativas habitacionales inmediatas para una familia con dos personas con discapacidad. Su diagnóstico incorpora una advertencia más amplia: el aumento de desalojos en la Región de Murcia y la acumulación de procedimientos abiertos que afectan a hogares vulnerables.
En este marco, la protesta de Alcantarilla se presenta también como un pulso por el significado real del alquiler social cuando el propietario cambia y el contrato deja de renovarse. Para los colectivos presentes, el concepto pierde eficacia si, tras una dación en pago y un periodo de alquiler social, la familia acaba igualmente fuera de su hogar sin una alternativa viable.
Un mes para negociar y el temor a una ola de desalojos
El aplazamiento hasta el 14 de abril ha sido recibido por la familia como un respiro, pero también como un plazo cargado de incertidumbre. Antonia expresó sentirse “un poco aliviada” tras conocer la decisión, aunque sin ocultar la preocupación por el futuro inmediato. En términos prácticos, la familia gana tiempo para negociar y para intentar que el caso se resuelva sin llegar a la fecha fijada.
La PAH ha anunciado que intensificará durante este periodo las gestiones para lograr la renovación del alquiler social o una solución judicial que garantice la permanencia de la familia en la vivienda. El reto no es menor: en muchos casos, el margen temporal sirve para abrir negociaciones, pero también para medir hasta qué punto existe voluntad de llegar a un acuerdo por parte del propietario.
En la concentración, el portavoz de la plataforma, Paco Morote, vinculó el caso a decisiones políticas recientes que, según su interpretación, han debilitado la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables. Morote señaló como responsables de la caída de ese marco de protección a fuerzas políticas concretas y acusó a la derecha y ultraderecha de dejar “desprotegidas” a familias en situaciones similares frente a fondos que adquieren viviendas y endurecen las condiciones.
La plataforma también subrayó un aspecto que suele tensionar el debate público: el reparto de competencias en materia de vivienda. En su intervención, Morote recordó que las administraciones autonómica y municipal tienen responsabilidades directas en políticas de vivienda y en la articulación de alternativas cuando se producen desalojos que afectan a hogares vulnerables.
El impacto emocional del procedimiento se hizo visible también en el testimonio de Cristian Mayor, nieto de Antonia, que relató la ansiedad que le provoca revivir una situación similar a la que ya experimentó de niño. Su caso refleja otra dimensión de estos procesos: la afectación psicológica sobre menores y jóvenes, especialmente cuando la amenaza de perder el hogar coincide con etapas decisivas de formación o incorporación al empleo.
Tras conocerse el aplazamiento, la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, sostuvo que el caso simboliza las consecuencias sociales de determinadas políticas y señaló la responsabilidad de las administraciones gobernadas por el Partido Popular en la Región de Murcia. En su valoración, reclamó que las instituciones no se desentiendan y garanticen alternativas habitacionales “dignas” para familias que, como esta, afrontan un desahucio sin una salida inmediata.
Luna advirtió, además, de que lo ocurrido puede ser un anticipo de más situaciones similares si no se refuerzan mecanismos de protección social y de derecho a la vivienda. Su mensaje insiste en una idea que se repite en estos conflictos: cuando la red de protección se debilita, el problema deja de ser excepcional y se convierte en rutina, con procedimientos encadenados y familias acumulando fechas límite.
La escena de Alcantarilla deja, al menos por ahora, una victoria parcial para el movimiento vecinal y la PAH. La comisión judicial aplazó el lanzamiento y permitió que la familia duerma un mes más en su casa. Pero el conflicto de fondo sigue abierto: la posibilidad de renovar un alquiler social, la negociación con el propietario y la obligación de articular una alternativa real para un hogar vulnerable.
El 14 de abril queda marcado como un nuevo punto crítico. Hasta entonces, Antonia y su familia tendrán un margen para pelear por lo más básico: conservar su hogar. Y Alcantarilla, con ellos, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda que atraviesa la Región de Murcia: qué ocurre cuando la vivienda deja de ser un derecho efectivo y pasa a depender, casi por completo, de la capacidad de resistir en la puerta de casa.
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