La organización alerta de una escalada de carburantes y luz tras la crisis en Oriente Medio y reclama transparencia, supervisión y alivio fiscal para autónomos
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado que grandes petroleras y compañías eléctricas estarían aprovechando la crisis internacional en Oriente Medio para trasladar al consumidor subidas que, según sostiene, “no siempre se corresponden con los costes reales de adquisición de la energía”. La organización alerta de que el aumento del precio del carburante en surtidor está superando en algunos casos el 20% respecto a los niveles previos al agravamiento de las tensiones, pese a que una parte importante del combustible actualmente comercializado habría sido adquirido antes de ese repunte.
UPTA enmarca esta situación como un golpe directo a miles de profesionales por cuenta propia —transportistas, repartidores, agricultores y autónomos en general— que dependen del vehículo o del consumo energético para sostener su actividad diaria. Según la organización, el encarecimiento simultáneo de carburantes y electricidad se traduce en un incremento inmediato de costes de producción y, por tanto, en una reducción del margen de pequeños negocios que ya operan con estrechez.
En un tono especialmente duro, UPTA califica este comportamiento de “irresponsable y antipatriótico” y acusa a grandes empresas energéticas, muchas de ellas cotizadas, de intentar obtener beneficios extraordinarios mediante “subidas especulativas” en un contexto de crisis internacional.
“Que no paguen los autónomos la avaricia”: el mensaje de UPTA al Gobierno
La organización reclama al Gobierno de España que actúe “con firmeza” ante posibles prácticas “injustas y oportunistas” que, en su opinión, distorsionan el funcionamiento normal de la economía y trasladan el peso de la crisis a quienes menos capacidad tienen de absorberla: los trabajadores autónomos y los profesionales que necesitan su vehículo para trabajar.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, resume el posicionamiento con una advertencia directa: “Ni los autónomos ni los trabajadores que necesitan de sus vehículos para poder desarrollar su trabajo podemos ser quienes paguemos la desmesurada avaricia de las empresas energéticas españolas”. En la misma línea, pide una respuesta “contundente” frente a prácticas empresariales que, según afirma, solo benefician la cuenta de resultados de “un puñado de grandes empresas” mientras miles de profesionales ven aumentar cada día sus costes para poder trabajar.
Casi la mitad del precio del carburante serían impuestos, según UPTA
El comunicado incorpora una explicación sobre la composición del precio final del carburante para sostener otra de sus reivindicaciones: abrir un debate sobre fiscalidad energética. Según el reparto aproximado que aporta la organización, de cada 100 euros pagados en carburante, unos 54 euros corresponderían al coste del producto, refino, transporte y margen empresarial, mientras que alrededor de 46-47 euros serían impuestos. UPTA desglosa ese bloque fiscal en 26 euros que acabarían en comunidades autónomas, 19 euros en el Estado y 1 euro en entidades locales.
En paralelo, la organización presenta un reparto medio de la factura eléctrica por cada 100 euros: 42 euros para coste de generación y margen de las compañías, 33 euros para costes regulados del sistema, 21 euros para impuestos y 4 euros para otros conceptos.
Con ese marco, UPTA sostiene que, además de vigilar posibles dinámicas especulativas, es imprescindible abrir una discusión seria sobre cómo se forma el precio y qué herramientas existen para amortiguar el golpe en momentos de crisis internacional.
Las medidas que reclama: transparencia, supervisión y alivio fiscal temporal
UPTA plantea un paquete de exigencias orientadas a dos frentes: control del comportamiento empresarial y protección inmediata del tejido productivo más frágil. En concreto, reclama mayor transparencia en la formación de precios de carburantes y electricidad; supervisión por parte de los organismos de competencia para evitar posibles prácticas especulativas; medidas temporales de alivio fiscal para autónomos y sectores profesionales dependientes del transporte y la energía; y evaluar la posibilidad de limitar beneficios extraordinarios de grandes compañías energéticas cuando se produzcan crisis internacionales.
El comunicado deja así un mensaje doble. Por un lado, UPTA acusa a las grandes energéticas de aprovechar el contexto para subir precios por encima de la lógica de costes. Por otro, pide a las administraciones que no se limiten a observar la escalada, sino que activen mecanismos de control y medidas de alivio para evitar que la crisis se traduzca en cierres, pérdida de rentabilidad y mayor precariedad para miles de autónomos.
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