El PSOE denuncia “colapso absoluto” en el Consorcio y la Junta de Personal alerta de dotaciones por debajo del mínimo en nueve parques
El debate sobre el estado del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) ha vuelto al hemiciclo con un choque frontal. El Partido Popular ha impedido sacar adelante una moción del PSOE para dotar de más medios humanos y materiales al servicio, según denuncia el diputado socialista Fernando Moreno, que defendió la iniciativa en el pleno de este 11 de marzo. El PSOE sostiene que el CEIS atraviesa una “situación límite” tras años de “deterioro estructural”, falta de personal, envejecimiento de la flota y un patrón de incumplimiento de acuerdos.
Moreno aseguró que los bomberos “han dicho públicamente” que no pueden garantizar plenamente la seguridad de la ciudadanía en la Región de Murcia y preguntó en sede parlamentaria “qué más tiene que pasar” para que el Gobierno regional reaccione. En su intervención, vinculó el problema a una ausencia de planificación que, afirma, se arrastra desde hace años, con parques en mal estado, carencias de vehículos de rescate en altura en varios municipios y una flota con una antigüedad que supera ampliamente la vida útil recomendada.
La negativa del PP se produce, además, el mismo día en que la Junta de Personal del CEIS ha difundido un comunicado en el que respalda la moción debatida y rechaza “punto a punto” la enmienda alternativa planteada, a la que acusa de ofrecer fórmulas genéricas, sin plazos ni garantías de ejecución. El documento de la Junta de Personal añade una petición concreta: un Plan Estratégico para el CEIS aprobado en la Asamblea Regional y ejecutado en plazos fiscalizables por los entes que integran el Consorcio.
Un servicio “al límite”, según el PSOE: parques degradados y flota envejecida
El PSOE sostiene que el CEIS no sufre un problema puntual, sino una degradación acumulada. En su defensa de la moción, Fernando Moreno describió un “catálogo de deficiencias” que, a su juicio, resulta difícil de justificar. Entre ellas, citó el estado de parques como el de Los Alcázares, con grietas estructurales, humedades y presencia de plagas, y advirtió de que, si esas condiciones se dieran en cualquier otro centro de trabajo, una inspección de habitabilidad o de riesgos laborales habría actuado “hace tiempo”.
En el plano operativo, el diputado socialista afirmó que en parques como San Pedro del Pinatar, Alcantarilla o Caravaca no existe vehículo de rescate en altura, un recurso clave para incendios o rescates en edificios. También subrayó que más del 70% de los camiones del Consorcio tendría más de 17 años y que parte del material de excarcelación para accidentes de tráfico superaría los 20 años, con el consiguiente riesgo para la eficacia y la seguridad de las intervenciones.
El PSOE añadió además un factor de presión a corto y medio plazo: el envejecimiento de la plantilla. Moreno advirtió de que la mitad de los profesionales del CEIS tiene más de 50 años y cifró en cien las jubilaciones previstas en los próximos ocho años, un escenario que, unido al déficit actual, abriría un agujero de efectivos si no se planifica una reposición con calendario.
Las declaraciones de los bomberos: “tres afecciones crónicas” y rechazo a una enmienda “sin plazos”
En un comunicado fechado el 11 de marzo de 2026, la Junta de Personal del CEIS sitúa el diagnóstico en tres problemas estructurales que define como “afecciones crónicas”.
El primero es la falta de personal. La Junta asegura que el Consorcio tiene dotación inferior a la mínima en nueve parques y denuncia una “inexistente estructura operativa” que afecta incluso a unidades consideradas estratégicas, como la unidad central logística y el taller, clave para intervenciones de mediana y larga duración.
El segundo problema es el estado de los vehículos. La Junta califica la situación de “alarmante” y afirma que el 70% de la flota tiene 17 años o más. A partir de ahí, enumera carencias que afectan directamente a la operatividad: cinco parques sin vehículo escala o de altura y otros parques sin embarcaciones de rescate en zonas donde este tipo de intervención es prioritaria, además de otras faltas que, según el comunicado, no pueden resumirse “en un solo comunicado”.
El tercer eje es el estado de instalaciones y la ejecución presupuestaria. La Junta sostiene que en los últimos años no se ha ejecutado “más allá del 70%” del presupuesto del Consorcio y que muchas inversiones presupuestadas no se han materializado, lo que, en su planteamiento, explica parte del deterioro y la falta de renovación.
Con ese diagnóstico, la Junta de Personal afirma estar de acuerdo con la moción debatida en la Asamblea Regional porque “da solución a los tres puntos fundamentales” del conflicto: falta de personal, inversión en vehículos e instalaciones y cumplimiento de acuerdos de los últimos años. En cambio, rechaza la enmienda presentada porque, a su juicio, recurre a conceptos vagos como un fortalecimiento “progresivo” “en función del marco legal” y “de la disponibilidad presupuestaria”, sin compromisos verificables.
En ese sentido, la Junta añade tres críticas concretas. Primero, que el “marco legal” se ha modificado varias veces para facilitar la incorporación de personal y “ninguna” ha supuesto nuevas incorporaciones. Segundo, que el plan de incorporación de personal se firmó en 2022, tenía fecha de finalización 2025 y preveía 120 plazas de crecimiento neto, por lo que, según el comunicado, “se encuentra fuera de plazo”. Y tercero, que la Administración habría eliminado canales de comunicación, al no convocar mesas de negociación desde hace meses y no responder a propuestas ni peticiones de reuniones de alto nivel.
El documento cierra con una propuesta clara: los bomberos de la Región de Murcia apuestan por un Plan Estratégico para el CEIS, aprobado en la Asamblea Regional y ejecutado con plazos fiscalizables por los entes que forman el Consorcio.
El choque político se agrava: petición de dimisión y la batalla por la “responsabilidad”
El PSOE no solo enmarca el debate en términos de seguridad pública, sino que eleva la presión política sobre la Consejería. Fernando Moreno pidió que el consejero responsable de Emergencias, Marcos Ortuño, “pida perdón” a los bomberos y dimita, y reclamó al presidente regional Fernando López Miras que lo cese si no lo hace, alegando que la seguridad de la ciudadanía no puede depender de un responsable político que, según su relato, ha perdido la confianza de los profesionales.
El cruce de posiciones deja dos lecturas simultáneas. La primera, institucional: si el servicio está al límite, el margen de error ante una gran emergencia se estrecha. La segunda, política: el pleno del 11 de marzo no solo debatía una moción, sino dos modelos de respuesta. Para el PSOE y para la Junta de Personal, la salida pasa por compromisos concretos, presupuesto ejecutado y un plan con plazos. Para el PP, al menos según el resultado de la votación y la enmienda criticada por los bomberos, el enfoque se mantiene en un refuerzo progresivo condicionado por marco legal y disponibilidad presupuestaria.
En la práctica, el debate queda ahora en un punto decisivo: si el Gobierno regional no ofrece un calendario verificable de contratación, renovación de flota y rehabilitación de parques, el conflicto seguirá creciendo con un argumento cada vez más difícil de neutralizar. No es un pulso simbólico. Es la discusión sobre si el sistema de emergencias de la Región de Murcia está preparado para responder cuando no hay segunda oportunidad.
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