La concejala no adscrita denuncia que dos bajas siguen sin cubrir y pide al Ayuntamiento que exija refuerzos urgentes al SMS
El servicio de salud mental que atiende a Alcantarilla atraviesa, según denuncia la concejala no adscrita del Ayuntamiento, una situación “grave” por falta de personal médico. De acuerdo con la información trasladada por la edil, actualmente solo uno de los tres psiquiatras del servicio permanece en activo, al encontrarse de baja dos profesionales que no han sido sustituidos. La consecuencia, añade, es una lista de espera que supera los cinco meses y una sobrecarga creciente para el personal que sigue prestando atención.
El escenario descrito no se limita a una demora administrativa. En salud mental, los tiempos importan porque la continuidad del seguimiento y la rapidez en la intervención pueden ser determinantes en la evolución de muchos pacientes. La concejala advierte de que no se trata de “una molestia” comparable a retrasar una cita rutinaria, sino de un servicio esencial que requiere estabilidad, continuidad y equipos dimensionados para atender a una población que, como en tantos municipios, demanda cada vez más apoyo y atención especializada.
En su denuncia, la edil pone el foco en una idea que se repite en el día a día de las consultas: cuando faltan profesionales, no solo crecen las listas de espera, sino que se rompe la regularidad de los seguimientos, se acumulan casos pendientes, se retrasa el ajuste de tratamientos y se incrementa la presión sobre la única consulta disponible. A partir de ahí, el sistema entra en un círculo que cuesta salir: más carga para menos profesionales, menos tiempo por paciente, más derivaciones y más frustración social.
Una plantilla recortada y un servicio al límite
Según la información difundida por la concejala no adscrita, la situación actual se explica por un dato contundente: el servicio estaría funcionando con un tercio de su plantilla habitual. “Estamos hablando de salud mental, de personas que necesitan seguimiento y atención médica. No se puede permitir que un servicio esencial funcione con un tercio de su plantilla”, sostiene la edil, que califica la situación de inaceptable y pide una respuesta inmediata.
La denuncia pone encima de la mesa dos planos. El primero es el estrictamente sanitario: si el servicio estaba diseñado para tres psiquiatras y ahora opera con uno, la capacidad de respuesta se reduce de forma drástica. El segundo es el plano organizativo: cuando las bajas se prolongan sin refuerzo, el sistema deja de ser resiliente y se convierte en frágil, porque cualquier incidencia adicional —otra baja, un pico de demanda, un aumento de derivaciones— puede llevar la atención al borde del colapso.
En este contexto, la edil alerta de que las listas de espera superiores a cinco meses no son una cifra abstracta. Para muchas personas, significa convivir durante un semestre con síntomas sin revisión especializada, esperar la continuidad de un tratamiento sin ajuste, retrasar una evaluación que puede condicionar un diagnóstico o una baja laboral, o posponer una intervención que podría evitar un empeoramiento. La concejala también subraya la presión que asume el personal sanitario que continúa en activo, que debe atender más pacientes, con menos tiempo y con una expectativa social cada vez más alta.
Un ruego al Pleno y presión al Ayuntamiento para actuar ante el SMS
La concejala no adscrita ha registrado un ruego para el Pleno municipal con una petición concreta: que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias ante la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud para cubrir “de forma inmediata” las bajas existentes y restablecer la normalidad en la atención a los pacientes.
El movimiento tiene una lectura política clara. En un municipio, el Ayuntamiento no gestiona la contratación sanitaria autonómica, pero sí puede ejercer presión institucional y reclamar formalmente una solución cuando el servicio público se deteriora. La edil pretende convertir esa presión en un posicionamiento del Pleno y forzar un mensaje nítido: Alcantarilla no puede asumir como normal que el servicio de salud mental funcione meses con una dotación mínima.
La estrategia del ruego busca además fijar un compromiso público. Si el Pleno lo respalda, el debate deja de ser solo una denuncia individual y pasa a ser una exigencia institucional. Y si no se respalda o se diluye, la concejala podrá sostener que la situación se conoce, pero no se prioriza. En cualquier caso, la iniciativa coloca el foco sobre una realidad que afecta a la vida cotidiana de muchas familias: los retrasos en salud mental suelen verse menos que una lista de espera quirúrgica, pero impactan de forma directa en calidad de vida, estabilidad emocional, vida laboral y convivencia familiar.
Crítica a los anuncios de inversión y derivaciones a la privada
La concejala no adscrita también denuncia una contradicción que, en su opinión, agrava el malestar social: mientras se anuncian inversiones sanitarias millonarias, en Alcantarilla persisten listas de espera “inaceptables”, falta de profesionales y un funcionamiento que, según afirma, empuja a algunos pacientes hacia la sanidad concertada o directamente hacia la privada.
En su planteamiento, este fenómeno tiene un efecto doble. Por un lado, genera desigualdad, porque no todo el mundo puede pagar una consulta privada cuando el sistema público no responde a tiempo. Por otro, erosiona la confianza en el servicio público, porque el ciudadano percibe que la solución real no llega por refuerzo estructural, sino por la puerta de salida hacia alternativas pagadas de su bolsillo o con derivaciones a centros concertados.
La edil sostiene que el problema no se limita a la salud mental. Según su denuncia, Alcantarilla arrastra carencias en sus centros de salud, incluyendo la falta de determinados servicios diagnósticos que obligan a muchos vecinos a desplazarse o acudir a centros concertados para realizar pruebas. La crítica apunta a una sensación de “sanidad por etapas”, donde el primer contacto puede producirse en el municipio, pero la resolución final depende de desplazamientos, derivaciones y tiempos de espera que terminan desdibujando el principio de accesibilidad.
En un municipio con una población amplia y con necesidades sanitarias crecientes, esta realidad no solo afecta a los pacientes, sino también a la organización familiar y laboral: desplazarse implica tiempo, transporte, conciliación y, en algunos casos, gastos adicionales. Y si a esa cadena se suma la incertidumbre de la espera, la experiencia sanitaria se convierte en un desgaste continuo.
La concejala no adscrita concluye con un mensaje que resume su denuncia y su exigencia: “Los vecinos pagan sus impuestos para tener una sanidad pública digna. La salud mental no puede seguir siendo tratada como un servicio secundario ni funcionar con recursos claramente insuficientes”. Con esa frase, la presión política se convierte en una reclamación de derechos y de prioridades presupuestarias: o se cubren las bajas y se refuerza el servicio, o Alcantarilla seguirá pagando el coste de un sistema que, en uno de sus ámbitos más sensibles, está funcionando muy por debajo de lo que debería.
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