Ecologistas y activistas del Mar Menor señalan a una balsa de Los Chengos y piden una investigación urgente
La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y el Colectivo SOS Mar Menor han presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil por un presunto vertido de agua residual y/o purines en la Rambla de la Maraña, cauce que desemboca en el Mar Menor. La denuncia, según han comunicado ambas organizaciones, se dirige contra unos hechos que sitúan en el entorno de una balsa de la empresa ganadera Los Chengos S.L., en el término municipal de Torre Pacheco.
De acuerdo con la versión trasladada por ambos colectivos, el episodio fue observado en la tarde del 10 de marzo de 2026, a partir de las 17.30 horas. Las organizaciones sostienen que pudieron ver “en directo” un vertido en la rambla y que grabaron un vídeo para incorporarlo como prueba a la denuncia presentada ante la Guardia Civil. En su relato, aseguran además que la escena que encontraron sobre el terreno no apuntaba a un hecho accidental, sino a una actuación presuntamente intencionada.
La nota difundida por las entidades ecologistas y ciudadanas describe con detalle los indicios en los que apoyan esa acusación. Según exponen, la disposición del vertido, la organización observada en el lugar, la presencia de abundante espuma y la profundidad del residuo les llevaron a considerar que el derrame llevaba ya horas produciéndose. También añaden que dos empleados actuaban como vigilantes en la zona y que les llamaron la atención cuando advirtieron su presencia. Todos esos extremos forman parte de la denuncia formulada por las organizaciones y, por tanto, deben entenderse en ese marco de acusación, no como hechos probados.
Los colectivos alertan del riesgo para el Mar Menor
El elemento que más preocupa a los denunciantes es el posible impacto ambiental del vertido por el lugar en el que supuestamente se produjo. La Rambla de la Maraña desemboca en el Mar Menor, y las organizaciones subrayan que ese mismo día llovió y que el cauce llevaba agua. A partir de ahí, sostienen que el contenido vertido habría llegado directamente a la laguna salada, lo que, a su juicio, incrementa la gravedad de unos hechos que consideran de alto riesgo medioambiental.
Ese punto no es menor en una comarca especialmente sensible por la presión agraria, ganadera y urbanística sobre el ecosistema del Mar Menor. Precisamente por eso, Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor reclaman que las autoridades competentes actúen “con toda la urgencia necesaria” para investigar el presunto vertido ilegal. Su exigencia no se limita a esclarecer el origen y la naturaleza de los residuos, sino también a determinar si pudo producirse un daño efectivo sobre el dominio público hidráulico y sobre el ecosistema receptor.
En su comunicado, ambas entidades hacen hincapié en que no se trataría de un episodio menor ni de una incidencia puntual sin consecuencias. Lo presentan como un caso especialmente grave por coincidir con una jornada de lluvia y por haberse producido, siempre según su relato, en una rambla con salida natural al Mar Menor. Esa combinación es la que lleva a los denunciantes a reclamar una respuesta rápida de Guardia Civil y del resto de organismos con competencias en materia ambiental, hidráulica y de protección del litoral.
La denuncia añade movimientos de tierra en la zona del vertido
La presión de los colectivos no se limita al episodio detectado el 10 de marzo. En la misma comunicación pública añaden que durante la mañana del 11 de marzo tuvieron conocimiento de que la empresa señalada estaba realizando movimientos de tierra en el mismo punto en el que, según sostienen, se había producido el vertido. Ese extremo también ha sido incorporado por las organizaciones a su relato de los hechos.
Según indican Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor, esos movimientos de tierra tampoco estarían permitidos en una rambla sin la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. De nuevo, se trata de una afirmación contenida en la denuncia pública de las organizaciones, que ahora debería ser contrastada por los organismos competentes en caso de abrirse actuaciones. El señalamiento apunta, en cualquier caso, a una posible alteración adicional del cauce en una zona ya de por sí ambientalmente delicada.
La incorporación de este nuevo elemento eleva el alcance de la denuncia porque no solo sitúa el foco en el posible vertido de residuos, sino también en una eventual intervención posterior sobre el terreno. En términos informativos, eso abre varias preguntas relevantes: qué material se estaba moviendo, con qué finalidad, bajo qué cobertura administrativa y si esos trabajos guardaban relación con los hechos denunciados el día anterior. Por el momento, la nota de prensa no aporta respuesta documental a esas cuestiones, pero sí las deja planteadas como parte del caso.
Exigen responsabilidades y apelan a la personalidad jurídica del Mar Menor
Las dos organizaciones firmantes endurecen además el tono político y social de su denuncia al considerar “muy condenable” que una gran empresa pueda verse involucrada en unos hechos de esta envergadura mientras, según remarcan, pequeños ganaderos sí cumplen con la normativa. Esa valoración forma parte de la posición política y ambiental expresada por los colectivos en su comunicado, y refleja la dimensión simbólica que atribuyen al caso en una zona donde la contaminación difusa y los vertidos llevan años en el centro del debate público.
También reclaman que la personalidad jurídica del Mar Menor tome parte en el asunto en caso de que finalmente se inculpe a la empresa por un delito contra el medio ambiente y contra la laguna. La referencia no es casual. Los movimientos sociales que defienden el Mar Menor llevan tiempo tratando de situar esa figura legal como una herramienta útil para reforzar la protección del ecosistema y para dotar de mayor fuerza a las acciones emprendidas frente a posibles agresiones ambientales. En este caso, los denunciantes ya anticipan que consideran pertinente activar esa vía si la investigación prospera.
Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han anunciado, por último, que pondrán a disposición de la Guardia Civil y del resto de organismos competentes toda la documentación y las pruebas que aseguran tener en su poder, incluido el vídeo grabado durante la tarde del 10 de marzo. A partir de ahora, el recorrido del caso dependerá de que las autoridades verifiquen los hechos denunciados, determinen el origen real del vertido y aclaren si se produjo una actuación ilegal en una rambla que desemboca directamente en uno de los espacios naturales más castigados y sensibles de la Región de Murcia.
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