El órgano consultivo advierte de carencias en el análisis sobre jóvenes, familias, ludopatía y control de acceso
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido un dictamen favorable, aunque con observaciones de fondo relevantes, sobre el proyecto de decreto con el que el Gobierno regional pretende modificar la regulación del juego del bingo y del catálogo autonómico de juegos y apuestas para modernizar las modalidades electrónicas e introducir el bingo electrónico de sala. El texto no bloquea la norma, pero sí deja por escrito varias advertencias sobre la insuficiencia del expediente en aspectos sensibles como el impacto sobre jóvenes y familias, el principio de juego responsable y el control de acceso de personas prohibidas.
El proyecto sometido a consulta modifica el Reglamento del Juego del Bingo de la Región de Murcia y el Catálogo de Juegos y Apuestas para adaptar la oferta a las nuevas modalidades electrónicas. Entre otros cambios, incorpora la modalidad de bingo electrónico de sala, redefine artículos sobre elementos del juego y desarrollo de las partidas, y crea nuevos anexos sobre premios y dotaciones específicas.
La propia memoria de análisis de impacto normativo, según recoge el dictamen, reconoce que estas nuevas modalidades de bingo electrónico persiguen “la captación de nuevos clientes” y, en especial, de clientes adaptados a las nuevas tecnologías. También señala que la interconexión de salas permite ofrecer premios más elevados y una oferta más atractiva. Esa admisión resulta central en la valoración posterior del Consejo Jurídico, porque es precisamente una de las bases sobre las que cuestiona la debilidad del análisis de impacto social incluido en el expediente.
El órgano consultivo subraya que no se puede minimizar el efecto que estas modalidades de juego pueden tener sobre los jóvenes y las familias. De hecho, destaca como especialmente chocante que la memoria afirme que el impacto sobre infancia y familia será nulo cuando, al mismo tiempo, admite que la reforma busca captar clientes adaptados a nuevas tecnologías, entre los que “sin duda” pueden encontrarse personas de edades más jóvenes. El dictamen añade además que estas modalidades pueden incrementar las adicciones y trastornos psicológicos como la ludopatía.
El dictamen cuestiona el análisis del impacto sobre menores y familias
Uno de los pasajes más llamativos del dictamen es el relativo a la memoria de impacto normativo elaborada por la Administración regional. El Consejo Jurídico deja claro que considera insuficiente la justificación sobre los efectos de la futura norma en la infancia, la juventud y las familias, precisamente en un ámbito especialmente delicado como el juego.
La crítica no se queda en una objeción abstracta. El órgano recuerda que el propio expediente reconoce que la ampliación y modernización del bingo electrónico debe conciliarse con la protección de las personas menores de edad y de aquellas que necesiten protección en casos de adicción o riesgo de adicción. Sin embargo, considera que ese reconocimiento general no se ha traducido después en un análisis suficiente ni en medidas concretas bien desarrolladas dentro de la documentación que acompaña a la norma.
El Consejo Jurídico apunta además que estas modalidades ya están implantadas en otras comunidades autónomas, por lo que entiende que deberían existir datos suficientes para realizar una estimación más sólida del impacto que la entrada en vigor de la norma puede ocasionar en la infancia y en las familias. Esa observación refuerza la idea de que no se trata de una imposibilidad técnica para valorar riesgos, sino de una carencia concreta del expediente remitido al órgano consultivo.
Falta de explicaciones sobre juego responsable y control de acceso
El dictamen también resalta que siguen sin ofrecerse explicaciones satisfactorias sobre las medidas que deberían adoptarse para salvaguardar el principio de juego responsable. En este punto, el Consejo Jurídico coincide con observaciones previas realizadas por el Consejo Económico y Social y por la Dirección de los Servicios Jurídicos, que ya habían advertido de esa insuficiencia.
Junto a ello, el órgano consultivo llama la atención sobre la ausencia de una respuesta clara acerca del control informático de admisión de personas en las salas de juego. La memoria remitida por la Administración se limita a señalar que esa cuestión se abordará en otra disposición general actualmente en tramitación, pero el Consejo Jurídico considera que esa explicación no basta y que algunas de esas consideraciones deberían haberse incorporado ya a la memoria definitiva del decreto analizado.
La advertencia tiene especial relevancia porque el control de acceso a personas prohibidas se ha convertido en una cuestión especialmente sensible en la Región de Murcia. El propio TSJ murciano confirmó recientemente una sanción de 40.000 euros a una empresa de juego por permitir apostar a una persona inscrita en el registro de prohibidos, subrayando la obligación legal de impedir que estas personas formalicen apuestas y de garantizar el cumplimiento de las normas de acceso al juego.
Una reforma sensible en pleno debate político sobre el juego
El dictamen llega además en un contexto político en el que la regulación del juego está ya en el centro del debate regional. Esta misma semana, Izquierda Unida denunció en la Asamblea Regional el retraso del Gobierno de Fernando López Miras en la aprobación de normas que, según esa formación, deberían reforzar el control de acceso a salones de apuestas y proteger a menores y personas autoprohibidas. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, defendió entonces que la futura norma afecta a cinco reglamentos distintos y que su objetivo es precisamente proteger a menores y personas vulnerables.
Sin embargo, el dictamen del Consejo Jurídico introduce ahora un elemento incómodo para ese discurso oficial. Aunque el órgano no tumba la reforma, sí deja constancia de que la tramitación llega con lagunas importantes en aspectos que afectan directamente a la protección de colectivos vulnerables y al control efectivo del acceso al juego.
El Gobierno regional pretendía con esta reforma actualizar el marco normativo del bingo en la Región de Murcia, adaptarlo a los avances tecnológicos y hacer más atractivas sus modalidades electrónicas. Pero el dictamen deja claro que esa modernización no puede desligarse de una evaluación mucho más rigurosa sobre sus consecuencias sociales, especialmente cuando la propia documentación oficial admite que se persigue atraer nuevos clientes vinculados a las nuevas tecnologías.
Con estas observaciones, el Consejo Jurídico abre un nuevo frente sobre una regulación especialmente sensible en la Región de Murcia: la de un sector que busca modernizar su oferta mientras el propio órgano consultivo advierte de que la norma sigue llegando mal armada en cuestiones tan delicadas como la ludopatía, el juego responsable y la protección de jóvenes y familias.
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