La iniciativa obliga a implantar en seis meses un protocolo de accesibilidad durante embarazo, parto y puerperio
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para implantar en la sanidad regional un protocolo de comunicación dirigido a mujeres sordas, con hipoacusia o sordoceguera, con el objetivo de garantizarles el acompañamiento de un intérprete durante el embarazo, el parto y el puerperio. La moción, defendida por la diputada socialista María Dolores Martínez Pay, salió adelante este martes en la Comisión de Sanidad y Política Social y fija un plazo máximo de seis meses para su aplicación efectiva en el sistema sanitario de la Región de Murcia.
La iniciativa establece además que ese acompañamiento deberá prestarse mediante personal debidamente acreditado, en un intento de asegurar que la accesibilidad comunicativa no quede en una declaración genérica, sino que se traduzca en una respuesta concreta y operativa dentro de hospitales, consultas y paritorios. El PSOE presenta esta aprobación como una medida orientada a corregir barreras de comunicación que, según defiende, afectan a mujeres con discapacidad auditiva en uno de los momentos más relevantes y delicados de sus vidas.
Según la nota difundida por el PSRM-PSOE, la diputada María Dolores Martínez Pay defendió la moción como respuesta a una “necesidad real” de muchas mujeres que no siempre pueden acceder en igualdad de condiciones a la información clínica, a las indicaciones médicas, al consentimiento informado o, simplemente, a la tranquilidad de comprender qué está ocurriendo durante el embarazo, el parto o el posparto. Esa es la idea de fondo que articula toda la iniciativa: que la accesibilidad comunicativa forma parte de la atención sanitaria digna y no puede quedar al margen en procesos tan sensibles.
La aprobación por unanimidad tiene además una carga política añadida para el PSOE, ya que la formación recuerda que llevó esta misma propuesta a la Cámara hace más de un año y que entonces fue rechazada. El hecho de que ahora haya salido adelante con el apoyo de todos los grupos permite a los socialistas presentar la votación de este martes como un cambio de criterio de la Asamblea y como una victoria de la perseverancia política en materia de accesibilidad.
El PSOE recuerda que ya presentó esta propuesta hace más de un año
María Dolores Martínez Pay subrayó durante su intervención que el PSOE trajo esta iniciativa a la Asamblea antes de que esta cuestión adquiriera mayor visibilidad pública. La diputada señaló que su grupo la registró “antes de los focos, antes de los premios y antes del reconocimiento mediático”, en una referencia explícita al impacto reciente de la película Sorda, que ha contribuido a poner en el debate público la realidad de las personas con discapacidad auditiva.
A partir de ahí, Martínez Pay deslizó una crítica política al Gobierno regional y al resto de grupos por no haber apoyado antes la implantación de este protocolo. En sus palabras, esperaba que el respaldo actual no respondiera solo al mayor eco social del tema, sino a una sensibilidad real sobre la necesidad de garantizar accesibilidad en los servicios públicos. La diputada lamentó en ese contexto la “falta de voluntad política” que, a su juicio, impidió sacar adelante antes esta medida.
La parlamentaria socialista vinculó esa crítica al papel del presidente regional, Fernando López Miras, al afirmar que mientras el Gobierno se “cuelga medallas” por el éxito de la película Sorda, en la Región de Murcia las personas con discapacidad auditiva o sordoceguera siguen sin tener garantizado algo tan básico como contar con intérpretes que les permitan comunicarse y acceder en igualdad a los servicios públicos. Esa afirmación sitúa la moción no solo como una medida sanitaria concreta, sino también como una enmienda a la política de accesibilidad del Ejecutivo autonómico.
La diputada sostiene que el problema no era legal, sino político
En su intervención, Martínez Pay insistió en que la Región de Murcia ya contaba con cobertura normativa suficiente para desarrollar protocolos propios de accesibilidad comunicativa en el sistema sanitario. La diputada citó expresamente el Real Decreto 674/2023 y sostuvo que esa norma permitía a las comunidades autónomas adoptar este tipo de medidas desde hace tiempo. Por eso, su tesis es que el problema no ha sido la ausencia de base legal, sino la falta de voluntad política por parte del Gobierno regional.
Con esa argumentación, el PSOE busca desmontar cualquier posible justificación basada en una supuesta imposibilidad normativa o en la falta de competencias. La formación defiende que si el Ejecutivo de López Miras hubiera querido implantar antes este protocolo, podría haberlo hecho, y utiliza esa idea para reforzar su reproche sobre la demora en atender una demanda que considera básica en términos de igualdad, dignidad y autonomía personal.
La diputada también remarcó que esta propuesta afecta a una necesidad concreta que existe ya en hospitales, consultas de embarazo, paritorios y etapas posteriores al parto. No la presenta, por tanto, como una previsión teórica o una mejora accesoria, sino como una carencia real del sistema sanitario murciano que afecta a mujeres que no siempre pueden acceder en igualdad a la información y a la atención durante procesos especialmente sensibles.
La moción fija seis meses para aplicar el protocolo
El texto aprobado por la Comisión de Sanidad y Política Social establece un plazo máximo de seis meses para que el protocolo sea implantado de forma efectiva en el sistema sanitario regional. Ese punto resulta central dentro de la iniciativa, ya que no se limita a formular una recomendación general, sino que incorpora un horizonte temporal concreto para su desarrollo.
El PSOE interpreta esta aprobación como un ejemplo de “política útil” basada en el diálogo, el acuerdo y la perseverancia. En su valoración final, Martínez Pay defendió que esta medida mejora la protección, la autonomía y la seguridad de las mujeres sordas, con hipoacusia o sordoceguera durante el embarazo, el parto y el puerperio, y reclamó que esta vez el Gobierno de López Miras sí cumpla el mandato aprobado por la Asamblea Regional.
La votación unánime deja así sobre la mesa una obligación política clara para la sanidad murciana: articular en medio año un protocolo de accesibilidad comunicativa que garantice intérprete acreditado a mujeres con discapacidad auditiva en uno de los momentos más delicados de la atención sanitaria. Para el PSOE, el valor de esta aprobación no está solo en la unanimidad alcanzada, sino en que convierte en mandato parlamentario una demanda que, según defiende, llevaba demasiado tiempo sin respuesta en la Región de Murcia.
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