La asociación vecinal anuncia acciones legales y denuncia que la licencia municipal afecta a una zona residencial ya saturada de estaciones de servicio
La Asociación de Vecinos de Senda de Granada Oeste ha elevado el conflicto urbanístico y vecinal por la construcción de una nueva gasolinera en Murcia y ha anunciado que llevará el caso “hasta el final”, incluida la vía judicial, tras recurrir la licencia concedida por el Ayuntamiento. El colectivo sostiene que la instalación proyectada en su barrio presenta graves deficiencias, se ubica en una zona inundable y podría haberse autorizado pese a carencias urbanísticas y técnicas que, a su juicio, comprometen la seguridad, la salud pública y la legalidad del procedimiento. Según la entidad vecinal, la obra promovida por una empresa de gasolineras de bajo coste no solo añade presión a un entorno ya cargado de estaciones de servicio, sino que lo hace en un área con viviendas próximas y con un desarrollo urbanístico que consideran insuficiente para permitir este tipo de implantación.
La denuncia pública parte de una idea de fondo que los vecinos repiten con claridad: el problema no es únicamente la apertura de una nueva estación de servicio, sino el lugar elegido y la forma en la que se ha tramitado la licencia. La asociación sitúa el foco en un ámbito residencial de los barrios del Ranero-Espinardo donde, según expone, ya existen otras siete gasolineras en un radio de 500 metros, todas ellas muy próximas a viviendas y zonas habitadas. Sobre esa base, advierte de que la nueva autorización no corrige una situación de saturación previa, sino que la agrava, intensificando la concentración de este tipo de instalaciones en un espacio densamente urbanizado.
Un suelo sin desarrollo urbanístico efectivo y una licencia cuestionada
Uno de los principales argumentos del recurso vecinal se centra en la naturaleza del terreno donde se pretende ubicar la gasolinera. La asociación sostiene que se trata de una parcela que no está preparada para edificar porque carece del desarrollo urbanístico necesario y porque, desde 2004, no se ha impulsado ningún plan urbano que permita construir en ese suelo en condiciones ordinarias. Según la nota difundida, no existirían las calles, servicios y ordenación efectiva que deberían acompañar una actuación de estas características.
Pese a ello, el Ayuntamiento habría autorizado la obra apoyándose, según la versión del colectivo, en una interpretación “forzada” de la normativa urbanística. La asociación no se limita a expresar un rechazo político o vecinal, sino que vincula esa decisión a posibles defectos jurídicos en el encaje de la licencia. De acuerdo con lo expuesto en su recurso, el propio Ayuntamiento reconocería que la parcela no reúne las condiciones ordinarias para construir, pero aun así habría concedido la autorización utilizando criterios previstos para otros supuestos, algo que los vecinos consideran contrario a Derecho.
La entidad añade además que en la documentación del expediente figuran informes técnicos que apuntan a la ausencia de elementos esenciales. Entre ellos, destaca que no constaría la asunción de los costes de urbanización que corresponderían a la parcela. Ese punto es especialmente delicado, porque la asociación entiende que podría producirse un tratamiento no equitativo en la distribución de cargas urbanísticas, con un posible beneficio para la empresa promotora. La acusación no es menor: sugiere que la operación podría estar alterando el reparto ordinario de obligaciones que deberían soportar este tipo de desarrollos.
La zona inundable, el informe de aguas ausente y las obras en marcha
El otro gran eje de la denuncia vecinal tiene que ver con el riesgo de inundación. La asociación sostiene que la gasolinera se proyecta en una zona donde existe riesgo acreditado y remarca que un informe del propio expediente administrativo reconoce esa circunstancia. Sin embargo, el colectivo añade un elemento especialmente relevante: según la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura, el emplazamiento se encontraría en un escenario de inundación con periodo de retorno de 10 años, es decir, un supuesto de carácter recurrente.
La gravedad de este extremo, según los vecinos, aumenta por la ausencia del informe preceptivo del organismo competente en materia de aguas. A juicio de la asociación, no consta que se haya solicitado ese pronunciamiento, lo que convertiría el procedimiento en especialmente cuestionable al haberse omitido una pieza técnica esencial para valorar la idoneidad del emplazamiento. En una instalación vinculada al almacenamiento y suministro de combustible, la ubicación en una zona inundable adquiere una evidente trascendencia en términos de seguridad, prevención y evaluación del riesgo.
A ello se suma una circunstancia que el colectivo considera especialmente alarmante: las obras ya están en marcha. La asociación denuncia que los trabajos están utilizando una vía pública limitada en peso y bajo la que existe un gran colector subterráneo, sin que, según afirma, conste una evaluación del impacto del tránsito de maquinaria pesada sobre esa infraestructura. Para los vecinos, ese detalle abre un frente adicional de preocupación, ya que podría generar daños estructurales o situaciones de riesgo añadidas mientras el recurso aún no ha sido resuelto.
Por ese motivo, la asociación ha solicitado la suspensión inmediata de la licencia y la paralización cautelar de las obras, advirtiendo de que si la actuación continúa podría producirse una transformación irreversible del terreno antes de que se dirima la legalidad de la autorización. La estrategia del colectivo pasa así de la denuncia pública a la ofensiva jurídica, con la intención de impedir que el avance material de la obra vacíe de efecto cualquier revisión posterior.
Viviendas a escasos metros y advertencias sobre salud pública
La nota vecinal añade una dimensión sanitaria al conflicto. La asociación alerta de que la cercanía de la futura gasolinera a viviendas ya existentes incrementa la preocupación social en el entorno. Según expone, al no haberse desarrollado el planeamiento urbanístico desde 2004, existen familias residentes, incluidos menores y personas vulnerables, que quedarían a muy poca distancia de depósitos y surtidores de combustible.
Para reforzar esa denuncia, el colectivo cita diversos estudios, entre ellos investigaciones de la Universidad de Murcia, que recomiendan situar las estaciones de servicio a más de 50 metros de viviendas y a más de 100 metros de hospitales, colegios y centros de salud debido a la emisión de sustancias como el benceno, reconocido por su carácter cancerígeno. La asociación resume esas investigaciones en varios puntos: la exposición a vapores de gasolina y otros hidrocarburos sería especialmente problemática en entornos residenciales; se recomiendan distancias mínimas concretas respecto de viviendas y equipamientos sensibles; y distancias inferiores podrían incrementar el riesgo de enfermedades respiratorias y estar asociadas, según esos estudios, a un mayor riesgo de cáncer, incluida la leucemia infantil.
El texto también menciona que organizaciones como Ecologistas en Acción llevan años reclamando un mayor control sobre la ubicación de este tipo de instalaciones en entornos urbanos y recuerda que en Murcia ya se han producido quejas vecinales en barrios como El Ranero y otros puntos de la ciudad. La asociación interpreta que, lejos de corregir esa situación, la nueva licencia la intensifica, al añadir otra estación de servicio en un espacio que consideran ya saturado.
Ese es, de hecho, uno de los mensajes políticos más duros del comunicado: que el Ayuntamiento no estaría protegiendo adecuadamente la salud pública ni respondiendo a las reiteradas demandas de los vecinos, sino facilitando la expansión de este tipo de instalaciones en áreas residenciales. Según el colectivo, esa forma de actuar podría suponer la priorización de intereses económicos privados sobre la seguridad y el bienestar de la población.
La asociación vecinal ha anunciado que seguirá adelante por la vía contencioso-administrativa y que, si durante el análisis del expediente aparecieran irregularidades de mayor calado, estudiará también otras acciones legales. Además, ya está revisando otros proyectos similares de la misma empresa en el municipio para comprobar si se han tramitado en condiciones semejantes. La batalla vecinal, por tanto, no se plantea como una reacción puntual frente a una obra concreta, sino como un pulso de mayor alcance sobre el modelo de implantación de gasolineras en zonas residenciales de Murcia.
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