La formación alerta de retrasos graves en barrios y pedanías para acceder a dependencia, ayuda a domicilio y otras prestaciones básicas
Los Servicios Sociales del municipio de Murcia atraviesan, según denuncia el Grupo Municipal Socialista, una situación de bloqueo que está retrasando durante semanas la atención a personas que necesitan acceder a prestaciones esenciales. La concejala Esther Nevado ha alertado de que en distintas Unidades de Trabajo Social (UTS) de barrios y pedanías ya se están dando citas para dentro de un mes, una demora que, a juicio del PSOE, convierte en papel mojado la supuesta red de protección social municipal y deja a muchas familias vulnerables sin una respuesta a tiempo.
La denuncia socialista sitúa el foco en los centros descentralizados donde se gestionan recursos básicos como la dependencia, la ayuda a domicilio, el respiro familiar o la teleasistencia. Son, en la práctica, la puerta de entrada al sistema municipal de atención social. Y precisamente por eso el grupo socialista considera especialmente grave que el acceso a una cita básica se esté dilatando más de dos semanas en numerosas zonas del municipio y que, en algunos casos, el retraso alcance ya el mes. Según la información difundida por el PSOE, esa situación se está registrando en lugares como Guadalupe, Torreagüera, Patiño, Puente Tocinos o Los Dolores.
La dimensión del problema no reside solo en la demora administrativa. Lo que subraya el PSOE es que, cuando ese retraso afecta a personas en situación de vulnerabilidad, la espera deja de ser un inconveniente burocrático y se convierte en una forma de exclusión. Quien necesita una prestación vinculada a la dependencia, apoyo domiciliario o asesoramiento urgente por una situación límite no puede quedar atrapado en un sistema que responde con la lentitud de una administración desbordada. La crítica política de los socialistas va precisamente por ahí: sostienen que el PP está gestionando la escasez en lugar de reforzar el servicio, y que esa forma de gobernar termina perjudicando siempre a quienes menos margen tienen para soportar la espera.
La puerta de entrada al sistema de protección social, colapsada
Las UTS son uno de los engranajes más sensibles del sistema de atención social porque canalizan la primera relación entre la ciudadanía y las prestaciones públicas. En esos centros no solo se tramitan ayudas, sino que también se detectan situaciones de riesgo, se orienta a familias y se activa una red de recursos que puede ser decisiva para evitar que una dificultad puntual desemboque en desahucios, aislamiento o exclusión más severa.
Por eso, el PSOE considera que las demoras actuales son mucho más que un problema organizativo. Esther Nevado ha descrito la situación como “desoladora” y ha advertido de que la rapidez en la atención es determinante para impedir que las situaciones de dificultad se agraven. La concejala sostiene que cuando una persona no puede acceder a una cita en un plazo razonable, en la práctica se le está cerrando el paso a su derecho a recibir ayuda. No es una crítica abstracta: apunta a que el retraso institucional puede tener consecuencias directas y muy concretas sobre personas que no están en condiciones de esperar.
La expresión utilizada por Nevado resume bien el enfoque político de la denuncia: “En Servicios Sociales, tardar es denegar”. El PSOE sostiene así que la lentitud administrativa no es neutra, sino que tiene efectos materiales sobre la vida de las personas. Y en un ámbito como este, donde muchas veces se atienden situaciones de emergencia o fragilidad intensa, esa tardanza puede equivaler a dejar sin respuesta problemas que requieren una intervención inmediata. La formación habla incluso de “violencia institucional” cuando se da cita para dentro de un mes a quien necesita ayuda urgente para cubrir necesidades básicas.
Ratios desbordadas y trabajadoras sociales al límite
El segundo eje de la denuncia socialista tiene que ver con la sobrecarga profesional. Esther Nevado afirma que la falta de cobertura de bajas y la ausencia de refuerzos están deteriorando de forma severa la capacidad del servicio. Según la edil, esta situación ha llevado al Grupo Socialista a registrar una solicitud urgente para conocer el estado actual de la plantilla y el plan de sustituciones previsto por el Ayuntamiento.
La crítica apunta a un problema estructural: no se trataría solo de un pico de demanda o de un atasco puntual, sino de una insuficiencia sostenida de medios humanos. Según la información facilitada por el PSOE, la ratio recomendada sería de un profesional por cada 3.000 habitantes, mientras que en algunos casos las trabajadoras sociales estarían atendiendo a más de 12.000 personas. Esa diferencia refleja una presión desproporcionada sobre la plantilla y, a juicio de los socialistas, explica buena parte del colapso actual.
Nevado sostiene que esa sobrecarga obliga a las profesionales a trabajar en condiciones extremas, haciendo una especie de “triaje de guerra” que impide desarrollar intervenciones profundas y una atención real. La expresión no es casual. Lo que denuncia el PSOE es que el servicio ya no estaría funcionando con criterios de planificación y acompañamiento adecuados, sino bajo una lógica de emergencia permanente, donde se discrimina entre lo urgente y lo muy urgente porque el sistema no tiene capacidad suficiente para atenderlo todo en condiciones dignas.
Ese deterioro tendría además un impacto directo en la calidad del servicio. Cuanta más presión soporta cada profesional, menos tiempo puede dedicar a cada caso, menor capacidad existe para el seguimiento y más probable resulta que situaciones complejas acaben reducidas a una gestión administrativa mínima. El PSOE dibuja así un círculo vicioso: falta de personal, más retrasos, peor atención, más desprotección y mayor desgaste de quienes sostienen el sistema desde dentro.
Un informe con 44 conclusiones críticas y una concejalía sin rumbo
La concejala socialista añade a su denuncia la existencia de un informe de prevención de riesgos laborales elaborado tras un requerimiento de la Inspección de Trabajo. Según la nota difundida por el PSOE, ese documento recoge 44 conclusiones críticas que apuntan a una situación límite dentro del servicio. Entre los problemas detectados, la formación menciona deficiencias en medidas de seguridad en los centros, ausencia de apoyo psicoemocional para los profesionales y falta de un proyecto claro en la concejalía.
La referencia a ese informe introduce un elemento particularmente delicado en el debate. Ya no se estaría hablando solo del mal funcionamiento de la atención al público, sino también de las condiciones internas en las que trabaja la plantilla. Que la Inspección de Trabajo haya estado presente en el origen de ese documento refuerza la idea de que el problema no es simplemente una denuncia política de la oposición, sino que existirían elementos objetivos que apuntan a una degradación seria del servicio.
El PSOE utiliza este dato para sostener que el colapso no es una percepción exagerada, sino una realidad con manifestaciones concretas tanto para la ciudadanía como para las trabajadoras. La falta de apoyo psicoemocional a profesionales sometidas a un nivel de presión tan elevado, la ausencia de medidas adecuadas en los centros y la falta de un rumbo definido en la gestión de la concejalía formarían parte, según esta lectura, de un mismo problema de fondo: la falta de prioridad política que el PP estaría otorgando a los Servicios Sociales municipales.
La denuncia se amplía a un recorte encubierto de derechos
El PSOE no limita sus críticas al atasco en las citas ni a la falta de personal. La nota añade un tercer frente: el endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas sociales tras la modificación de la ordenanza municipal. Según Esther Nevado, el cambio de referencia económica, sustituyendo el salario mínimo por el IPREM, reduce el umbral de ingresos y deja fuera a miles de familias trabajadoras con bajos salarios que antes sí podían optar a cobertura.
Se trata de una acusación políticamente muy seria, porque implica que el problema no sería únicamente que el sistema tarde en atender, sino que además se habría restringido por la vía normativa el acceso a determinados apoyos. El PSOE interpreta esta modificación como un recorte de derechos “por la puerta de atrás”, al elevar en la práctica las barreras para acceder a la ayuda.
La combinación de ambos factores —más demora y menos cobertura— alimenta el relato socialista de un sistema en retroceso. Por un lado, se ralentiza la atención. Por otro, se estrechan los criterios para poder acceder a las prestaciones. En ese contexto, la formación acusa al PP de convertir las listas de espera y la burocracia en una barrera invisible que desincentiva el acceso a derechos. Esther Nevado habla incluso de una “exclusión por cansancio”, una formulación con la que intenta resumir el efecto de una administración lenta y exigente sobre personas que ya llegan al sistema en condiciones de vulnerabilidad o agotamiento.
Una red debilitada en el momento en que más se necesita
La denuncia socialista sitúa al equipo de gobierno del PP en el centro de la responsabilidad política. Para el Grupo Municipal Socialista, cuando los Servicios Sociales dejan de responder con rapidez a quienes más lo necesitan, el Ayuntamiento falla en una de sus funciones más básicas. No se trata solo de un problema técnico o de organización interna, sino de una cuestión de prioridades políticas y de modelo de ciudad.
El mensaje final de Esther Nevado apunta precisamente a esa dimensión ética y política. Sostiene que la calidad y la altura humana de un municipio también se miden por cómo cuida a su gente en los momentos más difíciles. Esa idea resume el sentido de la ofensiva socialista: presentar el colapso de los Servicios Sociales no como una incidencia sectorial, sino como un síntoma de deterioro institucional y de abandono de la atención más básica.
Con las citas acumulándose durante semanas, con barrios y pedanías donde ya se habla de esperas de un mes y con profesionales sometidas a una carga que, según la denuncia, multiplica por cuatro la ratio recomendada, el debate sobre los Servicios Sociales en Murcia deja de ser una cuestión interna de la concejalía para convertirse en un problema político de primer orden. El PSOE ha decidido situarlo ahí, en el centro, acusando al PP de bloquear la red de atención social y de vaciarla de eficacia precisamente cuando más necesaria resulta para sostener a las familias en peor situación.
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