La patronal de constructores sostiene que los pliegos fijan precios desactualizados y elevan el riesgo de que el concurso quede desierto
La Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, ha advertido de que las condiciones económicas de la licitación para reformar el edificio de las Escuelas Nuevas de El Palmar, donde el Ayuntamiento de Murcia prevé ubicar una nueva biblioteca municipal, se encuentran muy por debajo de la realidad actual del sector. Según ha señalado la organización, el concurso, dotado con un presupuesto de 1,8 millones de euros, recoge precios de materiales de obra que estarían en torno a un 50% por debajo del valor de mercado, una circunstancia que, a su juicio, compromete seriamente la viabilidad del proyecto para las empresas constructoras.
La asociación enmarca esta denuncia en un problema que, según sostiene, no afecta solo a esta actuación concreta, sino a una forma de licitar obras públicas con importes que no se corresponderían con los costes reales del momento en que salen a concurso. En este caso, ACOMUR alerta de que la escasa o nula rentabilidad derivada de los importes contemplados en los pliegos puede reducir de forma drástica la concurrencia empresarial e incluso dejar desierta la licitación. El proyecto, tal y como está planteado, prevé un plazo de ejecución de diez meses y el Ayuntamiento contempla que las obras puedan comenzar este verano.
La advertencia de ACOMUR sitúa así el foco en uno de los elementos más sensibles de cualquier contratación pública: la adecuación del presupuesto base de licitación a los precios reales del mercado. La asociación no cuestiona en su comunicado la necesidad de la futura biblioteca ni el interés del proyecto para El Palmar, sino las condiciones económicas en las que se pretende contratar la obra. Su argumento central es que, con los importes actuales reflejados en los pliegos, la licitación parte de unas bases que no se ajustarían a la situación efectiva del mercado de materiales y de ejecución de obra.
Esa lectura lleva a la patronal a sostener que las empresas del sector se encuentran ante un escenario especialmente problemático. Si los precios fijados no permiten cubrir de manera razonable los costes de la obra, la posibilidad de que las constructoras opten por no concurrir aumenta de forma evidente. La consecuencia, según ACOMUR, no sería solo un perjuicio para las compañías, sino también para la propia Administración, que podría ver frustrado el procedimiento al no recibir ofertas suficientes o al no recibir ninguna.
ACOMUR atribuye el desfase a una posible falta de actualización del proyecto
El presidente de ACOMUR, José Juan González, ha calificado de “inexplicable” la diferencia entre el valor de las unidades de obra recogidas en la licitación y el precio actual del mercado. En la valoración trasladada por la asociación, ese desfase solo tendría una explicación razonable: que el proyecto hubiese sido redactado hace años y que, al llegar el momento de sacarlo a concurso, no se hubieran actualizado los precios para adaptarlos a la situación real del sector de la construcción.
La organización añade que esta situación, lejos de ser excepcional, resulta más frecuente de lo que debería. Esa apreciación sitúa el caso de El Palmar dentro de una problemática más amplia que, según ACOMUR, viene afectando a distintas licitaciones públicas. El reproche no se dirige únicamente a la cuantía del presupuesto de esta obra concreta, sino a la práctica de mantener en los pliegos referencias económicas que, a juicio del sector, ya no responden al coste real de los materiales y de la ejecución cuando el expediente se pone finalmente en marcha.
La consecuencia directa de esa falta de actualización, siempre según la asociación, es que las empresas se ven obligadas a valorar concursos con márgenes inexistentes o claramente insuficientes. ACOMUR sostiene que esto dificulta una concurrencia adecuada y desincentiva la participación en obras públicas que, en condiciones económicas ajustadas a mercado, sí podrían resultar asumibles. En el caso de la biblioteca municipal de El Palmar, la organización entiende que ese problema se reproduce con claridad y que los precios contemplados hacen especialmente complicado que la obra resulte atractiva para las empresas.
El hecho de que el plazo de ejecución previsto sea de diez meses añade, en la lectura de la patronal, una dificultad adicional. No se trata solo de una cuestión de presupuesto inicial, sino del equilibrio entre los costes reales de la obra, el tiempo necesario para ejecutarla y el margen económico que podrían obtener las constructoras. Si ese equilibrio se rompe desde el pliego, la probabilidad de que el concurso no prospere se incrementa. Ese es, precisamente, uno de los mensajes principales del comunicado difundido por ACOMUR.
La asociación vincula este caso a otros recursos ya presentados en Murcia
La patronal de constructores recuerda además que no es la primera vez que actúa por motivos similares ante una licitación del Ayuntamiento de Murcia. José Juan González señala que hace unos meses ACOMUR ya presentó un recurso contra la licitación de la conocida popularmente como Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz, también en El Palmar, por la misma razón: unos precios que, según la asociación, no se ajustaban a la realidad del mercado.
Con esa referencia, la organización pretende evidenciar que el problema no sería puntual ni aislado. ACOMUR viene insistiendo, según expone, en la necesidad de que los pliegos de contratación estén alineados con las condiciones reales del mercado, tal y como, a su juicio, establece la Ley de Contratos del Sector Público. La asociación entiende que licitar obras con precios desfasados no solo complica la ejecución de los proyectos, sino que deteriora las condiciones en las que las empresas constructoras desarrollan su actividad.
En ese sentido, la denuncia va más allá del impacto inmediato sobre una obra concreta. La patronal subraya que esta dinámica afecta tanto al presente como al futuro de las compañías del sector. Una de las razones que expone es el sistema de clasificación empresarial exigido para acceder a determinadas licitaciones públicas. Esa clasificación debe renovarse periódicamente y se calcula, entre otros factores, en función de las obras públicas ejecutadas en años anteriores.
Por ello, ACOMUR advierte de que las licitaciones a las que las empresas no se presentan también tienen consecuencias a medio plazo. Si una compañía deja de concurrir a determinados concursos porque las condiciones económicas son inviables, esa ausencia termina afectando a su clasificación y, por tanto, a los futuros proyectos a los que podrá aspirar. La asociación presenta este efecto como uno de los daños menos visibles pero más relevantes de una política de licitación con importes que, según sostiene, no responden al mercado.
La patronal avisa del impacto sobre el sector y sobre la propia obra pública
La posición de ACOMUR deja un mensaje claro sobre la reforma del edificio de las Escuelas Nuevas de El Palmar: la asociación considera que la licitación, tal y como está planteada, perjudica a las empresas constructoras y pone en riesgo el propio desarrollo de la actuación. La advertencia no se formula en términos abstractos, sino sobre una obra concreta que el Ayuntamiento quiere poner en marcha para instalar una nueva biblioteca municipal en el núcleo de El Palmar.
La patronal sostiene que, si no se corrigen los importes y no se adaptan los precios a la realidad del mercado, el concurso puede encontrarse con una falta de ofertas suficiente como para comprometer su adjudicación. En ese escenario, el perjuicio no sería solo empresarial, sino también administrativo, al retrasarse o frustrarse una actuación ya anunciada y prevista para comenzar en verano.
ACOMUR insiste en que el sector de la construcción necesita condiciones de contratación ajustadas a la realidad para poder concurrir en condiciones adecuadas. En el caso de la biblioteca de El Palmar, su diagnóstico es que eso no ocurre y que la diferencia de alrededor del 50% respecto al valor de mercado convierte la licitación en un procedimiento especialmente problemático. El aviso de la asociación vuelve así a poner sobre la mesa un debate recurrente en la obra pública: hasta qué punto los proyectos salen a concurso con precios actualizados o con referencias económicas que ya no permiten ejecutarlos con normalidad.
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