La resolución judicial confirma que el Gobierno local negó información al Grupo Socialista e incumplió el derecho a la participación política
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha ratificado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Lorca por vulnerar el derecho fundamental a la participación política del Grupo Municipal Socialista, según ha informado este martes la portavoz socialista, Isabel Casalduero. La resolución supone un nuevo revés judicial para el equipo de Gobierno de Fulgencio Gil y avala la denuncia formulada por el PSOE tras meses reclamando sin éxito documentación municipal que consideraba necesaria para ejercer su labor de control y oposición.
La comparecencia de Casalduero sitúa el foco sobre una práctica que el Grupo Socialista presenta como reiterada: la negativa del alcalde a facilitar información pública solicitada por concejales de la oposición dentro de los plazos legales. Según ha explicado la portavoz, los hechos se remontan a abril del pasado año, cuando el PSOE decidió acudir a los tribunales ante lo que califica de negativa “reiterada y arbitraria” del regidor a entregar documentación requerida formalmente por su grupo.
La resolución ahora confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia refrenda la sentencia dictada previamente en septiembre de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Murcia, que ya había condenado al Consistorio lorquino a facilitar la información y al pago de las costas. Con esta nueva decisión judicial, según el PSOE, queda desmontada la estrategia del Ayuntamiento para evitar entregar esos expedientes y datos a la oposición.
La clave del conflicto se encuentra en el derecho de los concejales a acceder a la información municipal necesaria para desarrollar sus funciones. Casalduero sostiene que el Ayuntamiento incumplió de forma sistemática el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, que obliga a la administración local a facilitar la documentación solicitada por los ediles en un plazo máximo de cinco días. La portavoz interpreta que no se trató de retrasos puntuales ni de problemas administrativos aislados, sino de una forma de actuar deliberada orientada a obstaculizar la fiscalización política del Gobierno local.
La sentencia avala que la oposición fue privada de información relevante
Según la explicación ofrecida por el Grupo Socialista, entre los asuntos sobre los que se había reclamado información sin obtener respuesta figuran cuestiones de relevancia política y económica para la vida municipal. En concreto, el PSOE menciona el procedimiento de aprobación de precios de entradas, los ingresos públicos y la fiscalización económica de un evento taurino, así como la falta de información sobre el anteproyecto y el informe de inversión relativo a la propuesta técnica que recomienda el cierre del albergue municipal de Coy.
A esa relación de asuntos se suman también, según la nota difundida por los socialistas, las causas que, a juicio del equipo de Gobierno, justificarían la demolición del antiguo Centro Comarcal. Se trata de expedientes de distinta naturaleza, pero todos ellos comparten un mismo elemento: fueron solicitados por la oposición en el ejercicio de su función de control y no fueron entregados en tiempo y forma, según la tesis que ahora respalda la justicia.
El PSOE interpreta que la ratificación del TSJ no deja margen para la duda sobre el alcance de lo sucedido. A juicio de Casalduero, la sentencia confirma que el Gobierno municipal no solo incumplió una obligación administrativa, sino que lesionó un derecho fundamental vinculado al funcionamiento democrático de la institución. En ese sentido, la portavoz sitúa el caso en un plano político más amplio que el de una simple disputa burocrática por expedientes.
La relevancia de la resolución radica precisamente en eso. No se limita, según la lectura socialista, a corregir una omisión administrativa, sino que censura una conducta de fondo: impedir que la oposición acceda a información necesaria para representar a la ciudadanía y fiscalizar la acción de gobierno. La sentencia, tal y como la presenta el PSOE, se convierte así en una enmienda judicial a la política de transparencia del Ejecutivo municipal.
Casalduero habla de un “varapalo judicial” a la opacidad del Gobierno de Gil
La portavoz socialista ha descrito la decisión del TSJ como un “duro revés” para la gestión del actual equipo de Gobierno y como un nuevo “varapalo judicial” a la opacidad del PP en el Ayuntamiento de Lorca. Según ha manifestado, el tribunal ha sido tajante al rechazar los argumentos utilizados por el Consistorio en su recurso, entre ellos la apelación a la protección de datos o a la supuesta improcedencia del procedimiento empleado por el Grupo Socialista.
Casalduero sostiene que la nueva resolución desmonta uno por uno los razonamientos esgrimidos por el Gobierno local para justificar su negativa a facilitar la documentación. Desde la óptica del PSOE, el alcalde intentó ampararse en excusas jurídicas para encubrir lo que en realidad era una falta de transparencia. La portavoz considera que la justicia ha corregido ahora esa actuación de forma clara.
La dirigente socialista va más allá y asegura que este modo de proceder se ha convertido en una práctica habitual del equipo de Fulgencio Gil. Es decir, no presenta lo ocurrido como una excepción, sino como un patrón de comportamiento político basado, según su versión, en restringir el acceso de la oposición a información incómoda o sensible. En esa línea, la sentencia no sería solo una derrota procesal del Ayuntamiento, sino una confirmación judicial de una forma de gobernar.
Casalduero formuló además una pregunta política de fondo: qué es lo que el alcalde quiere ocultar a la ciudadanía lorquina. La portavoz vinculó la obstrucción informativa con una voluntad deliberada de evitar que se conozcan determinadas decisiones o expedientes municipales. Según expuso, la negativa a entregar información no constituye únicamente una afrenta al Grupo Socialista, sino a toda la ciudadanía de Lorca, que tiene derecho a que sus representantes ejerzan plenamente su función de control.
El PSOE exige que se cumpla la sentencia y avisa del desgaste institucional
El Grupo Municipal Socialista espera ahora que Fulgencio Gil cumpla “de una vez por todas” con la orden judicial y entregue la información reclamada. Casalduero ha advertido de que sería “un auténtico bochorno” para la ciudad que la oposición tuviera que volver a acudir a los tribunales para pedir la ejecución forzosa de la sentencia en el caso de que el Gobierno municipal siguiera negándose a actuar con transparencia.
La portavoz ha cargado duramente contra lo que considera una manera de hacer política “de espaldas a la ley” y ha lamentado que Lorca sea noticia, según sus palabras, por tener un Gobierno municipal que solo garantiza los derechos democráticos cuando le obliga un juez. Esa afirmación resume el enfoque que el PSOE quiere dar al asunto: no solo como una victoria judicial de la oposición, sino como un síntoma del deterioro institucional que, a su juicio, provoca la gestión del PP en el Ayuntamiento.
En ese marco, Casalduero concluye que Lorca no merece un Gobierno que actúe “a golpe de sentencia judicial”, sino uno que respete las reglas del juego democrático sin necesidad de corrección por parte de los tribunales. La portavoz socialista presenta así la resolución del TSJ como algo más que un fallo jurídico favorable: la convierte en una desautorización política del Ejecutivo local y en una prueba de que el derecho a la información de la oposición ha tenido que ser defendido en sede judicial ante la resistencia del Gobierno municipal.
La controversia abre ahora una nueva fase. Con la condena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, la presión recae sobre el Ayuntamiento de Lorca, que deberá decidir si acata sin más dilación lo resuelto por los tribunales o prolonga un conflicto que ya ha dejado una conclusión clara desde el punto de vista judicial: negar información a la oposición, cuando esa información es necesaria para el ejercicio de sus funciones, vulnera derechos fundamentales y deteriora el funcionamiento democrático de una institución pública.
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