«Hoy, cuando el Mar Menor lucha por sobrevivir y espacios como Sierra Espuña ven cuestionada su protección, la pregunta ya no es qué ha pasado, sino si se ha aprendido algo en el camino»
Hay territorios que se definen por su paisaje. En la Región de Murcia, ese paisaje tiene nombre propio: Sierra Espuña, la Sierra Minera de Cartagena-La Unión o el emblemático Mar Menor. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la gestión medioambiental ha estado marcada por decisiones políticas que, lejos de proteger este patrimonio, han contribuido a su deterioro.
El último ejemplo lo encontramos en Sierra Espuña. La reciente modificación legal para recortar parte de su protección con el fin de permitir actividades como el rally de La Santa no responde a criterios ecológicos, sino a intereses puntuales. Es un gesto simbólico, pero profundamente revelador: cuando la ley ambiental estorba, se cambia.
Pero este no es un caso aislado. Es, más bien, la continuación de un patrón.
Uno de los episodios más paradigmáticos es el de la llamada “balsa Jenny”, en la Sierra Minera. Durante décadas, residuos mineros altamente contaminantes fueron gestionados de forma deficiente, llegando incluso a depositarse en espacios no preparados para ello. Informes del SEPRONA han llegado a calificar la situación como de “riesgo inadmisible” para la salud, señalando que las actuaciones realizadas no solo no solucionaban el problema, sino que podían agravarlo. Además, decisiones administrativas permitieron clasificar residuos peligrosos como inertes, evitando controles ambientales adecuados. El resultado: contaminación persistente que ha afectado a suelos, acuíferos y, en última instancia, al Mar Menor.
Y es precisamente el Mar Menor el mayor símbolo de este fracaso colectivo, pero también político. Durante décadas, la laguna ha recibido aportes masivos de nitratos procedentes de la agricultura intensiva, hasta provocar un proceso de eutrofización que ha llevado a episodios de mortandad masiva de fauna. Lejos de anticiparse al problema, las respuestas han sido tardías o insuficientes. De hecho, el propio marco legal de protección fue debilitado durante años: la ley específica del Mar Menor fue derogada en 2001 y no se trató de corregir hasta casi dos décadas después.
En paralelo, la gestión de residuos y vertederos en la región ha estado rodeada de polémica recurrente: desde autorizaciones cuestionables hasta retrasos en sellados y controles insuficientes. En demasiadas ocasiones, la lógica parece haber sido la misma: resolver problemas a corto plazo, aunque ello suponga trasladarlos, o agravarlos, a largo plazo.
El denominador común de todos estos casos no es la existencia de errores, que son inevitables en cualquier gestión pública, sino la reiteración de un enfoque: priorizar intereses económicos, urbanísticos o coyunturales frente a la protección ambiental. Y hacerlo, además, con frecuencia reaccionando tarde, cuando el daño ya es evidente.
No se trata de negar la complejidad de equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Pero sí de reconocer que ese equilibrio, en la Región de Murcia, ha estado sistemáticamente descompensado.
Hoy, cuando el Mar Menor lucha por sobrevivir y espacios como Sierra Espuña ven cuestionada su protección, la pregunta ya no es qué ha pasado, sino si se ha aprendido algo en el camino. Porque el verdadero problema no es un caso concreto, sino una forma de gobernar el territorio.
Y esa, si no cambia, seguirá teniendo consecuencias.
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