Socialistas de Murcia y la Asamblea cargan contra la subasta de parcelas y la pérdida de fondos para 458 viviendas
El PSOE ha elevado este martes el tono contra la política de vivienda del Partido Popular en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de Murcia, al que acusa de priorizar la obtención de ingresos mediante la venta de suelo público frente a la promoción de vivienda asequible. El diputado regional Miguel Ortega y el portavoz socialista en el Consistorio murciano, Ginés Ruiz, sostienen que tanto el Ejecutivo de Fernando López Miras como el gobierno municipal de José Ballesta están actuando con una misma lógica: anunciar planes que, a su juicio, no se traducen en soluciones reales, dejar perder financiación pública y favorecer operaciones sobre suelo municipal que acaban alejando aún más la posibilidad de ampliar el parque de vivienda accesible.
La ofensiva socialista se apoya en dos críticas principales. Por un lado, la venta o subasta de parcelas públicas para vivienda libre en distintos puntos del municipio de Murcia. Por otro, la pérdida de financiación destinada a la construcción de cientos de viviendas públicas de alquiler. Para el PSOE, ambas decisiones forman parte de un mismo modelo político, uno en el que el suelo público deja de concebirse como una herramienta para intervenir sobre el mercado y contener precios, y pasa a utilizarse, según denuncian, como una vía para hacer caja o para alimentar dinámicas especulativas. La acusación no se limita a una discrepancia técnica sobre urbanismo o gestión patrimonial, sino que apunta directamente al fondo del debate sobre qué papel deben jugar las instituciones en un contexto de acceso cada vez más difícil a la vivienda.
Miguel Ortega ha sostenido que el problema no es nuevo y ha recordado que el PSOE lleva años planteando iniciativas en la Asamblea Regional ante una situación que considera estructural. Desde su punto de vista, la mayor parte de las competencias en vivienda corresponden a los gobiernos autonómicos, por lo que entiende que la falta de resultados no puede explicarse con evasivas ni con anuncios recurrentes. El diputado socialista ha afirmado que la estrategia del PP consiste, en la práctica, en no actuar para corregir el mercado y permitir que la especulación siga marcando el precio de acceso a una casa. En ese marco, ha vinculado directamente la gestión del suelo y la devolución o pérdida de fondos destinados a vivienda barata con una política que, según denuncia, no está orientada a resolver el problema de las familias y de los trabajadores de la Región, sino a mantenerlo enquistado.
La subasta de parcelas públicas, en el centro de la crítica
La parte más concreta de la denuncia formulada por el PSOE en el ámbito municipal se centra en la decisión del Ayuntamiento de Murcia de sacar a subasta cuatro parcelas residenciales ubicadas en Churra, Santiago y Zaraíche, Santo Ángel y Casillas. Ginés Ruiz sostiene que resulta difícil de justificar que el propio gobierno local presente una Estrategia Municipal de Vivienda y Suelo 2030 basada en el aprovechamiento del suelo público y, al mismo tiempo, ponga en el mercado algunas de sus mejores parcelas sin vincularlas a vivienda protegida ni a condiciones sociales específicas. Para el portavoz socialista, esa contradicción vacía de contenido cualquier discurso oficial sobre vivienda asequible y deja ver, en la práctica, cuáles son las prioridades reales del PP en La Glorieta.
Según el PSOE, la gravedad de esta decisión no reside solo en la venta de suelo municipal, sino en el uso que se prevé para ese patrimonio público. La formación denuncia que las parcelas se destinan a vivienda libre, sin imponer límites que permitan garantizar precios accesibles o una función social concreta. En su argumentario, el suelo público debería servir precisamente para lo contrario: ampliar el parque público, contener los precios y orientar el desarrollo urbano hacia el interés general. Por eso, Ginés Ruiz considera especialmente preocupante que el Ayuntamiento renuncie a una de las herramientas más eficaces que tendría a su alcance para intervenir sobre la crisis residencial.
La crítica socialista subraya además que el suelo no es un activo neutro ni una simple fuente de ingresos extraordinarios. Cuando se trata de patrimonio público con potencial residencial, la decisión sobre su destino tiene consecuencias directas sobre el modelo de ciudad, sobre el precio de acceso a la vivienda y sobre la capacidad municipal para desarrollar políticas propias. Desde esta óptica, el PSOE plantea que vender esas parcelas para vivienda libre significa reducir margen de actuación futura y consolidar un mercado en el que el acceso a la vivienda sigue sometido, casi en exclusiva, a la capacidad adquisitiva de cada comprador o inquilino. La pregunta política que dejan sobre la mesa los socialistas es nítida: si el suelo público no se utiliza para garantizar vivienda asequible, ¿para qué se reserva entonces?
Los 23 millones perdidos y las 458 viviendas que no llegarán
El segundo gran frente de la denuncia tiene que ver con la financiación que, según el PSOE, se ha dejado escapar para reforzar el parque público residencial. Ginés Ruiz afirma que se han perdido 23 millones de euros de fondos europeos que estaban destinados a construir 458 viviendas públicas de alquiler en barrios y pedanías del municipio de Murcia. Para los socialistas, no se trata de una cifra menor ni de una oportunidad más que haya quedado en el camino, sino de una muestra especialmente elocuente de la falta de gestión que atribuyen tanto al gobierno regional como al municipal. Mientras otras ciudades, sostiene el PSOE, han aprovechado este tipo de recursos para impulsar promociones públicas, en Murcia esa financiación no se habría traducido en nuevas viviendas asequibles.
La crítica incorpora además otro dato que los socialistas consideran revelador: la reasignación mínima de fondos FEDER no comprometidos para vivienda pública en suelo municipal. Según la nota del PSOE, de los 344 millones disponibles solo se reasignaron 7, una cifra que la formación presenta como una prueba adicional de desinterés institucional por aprovechar las vías de financiación existentes. Desde su punto de vista, el problema no es solo ideológico, sino también de pura gestión. Había margen económico, había necesidad social y había suelo con potencial para destinarlo a nuevas promociones públicas, pero ni el Gobierno regional ni el Ayuntamiento, según la versión socialista, estuvieron a la altura de ese desafío.
Ese reproche enlaza con una idea más amplia que Miguel Ortega formula en clave regional. El diputado sostiene que el PP lleva años anunciando planes de vivienda que no cumple y mantiene paralizada a la Región por su incapacidad para sacar adelante medidas eficaces. En esa línea, recuerda que López Miras no ha construido, según expone el PSOE, una sola vivienda de promoción pública desde 2018 y lamenta que el Ejecutivo autonómico no haya querido sentarse con los socialistas para pactar un decreto que incorpore propuestas concretas destinadas a abaratar el acceso a una casa. Ortega contrapone esa falta de acuerdo con el decálogo planteado por el PSRM, que incluye medidas como preservar el carácter público del suelo público, agilizar trámites y favorecer ayudas para jóvenes y familias.
Un debate que afecta al modelo de ciudad y a la política regional
La denuncia lanzada por el PSOE intenta, en realidad, conectar dos escalas del mismo problema. En el plano municipal, la venta de parcelas públicas y la falta de nuevas promociones asequibles en Murcia. En el plano autonómico, una política de vivienda que, según los socialistas, no está siendo capaz ni de construir parque público ni de generar consensos para intervenir sobre el mercado. La conclusión política que quieren instalar es que da igual si se habla del PP de Ballesta o del PP de López Miras: ambos responderían, a su juicio, con el mismo patrón de actuación, basado en anuncios, bloqueos y decisiones que terminan favoreciendo el mercado libre frente a la vivienda protegida o pública.
Para el PSOE, esta forma de gestionar la vivienda tiene un efecto claro sobre la vida cotidiana de miles de personas. Cada parcela pública que se destina a vivienda libre, cada subvención que se pierde y cada promoción pública que no llega a materializarse estrechan aún más las opciones de quienes buscan una vivienda en condiciones asumibles. La formación sostiene que Murcia necesita coherencia, planificación y una política pensada para la gente, no para el beneficio rápido derivado del suelo municipal. Ese es el marco en el que los socialistas sitúan su crítica: no como una simple disputa partidista, sino como una enmienda a un modelo que, en su opinión, sacrifica la vivienda asequible en favor de operaciones que dejan intacto el problema de fondo.
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