La suspensión temporal del lanzamiento da margen para resolver el recurso de una familia vulnerable sin alternativa habitacional
El desahucio de Antonia Mayol y su familia, previsto para la mañana de este martes en una vivienda de la calle Martínez Campos de Alcantarilla, ha quedado aplazado de forma temporal hasta el próximo 22 de septiembre. La suspensión del lanzamiento abre ahora un margen de varios meses para que el juzgado resuelva el recurso presentado por la defensa de la familia, que solicita la aplicación de la moratoria hipotecaria vigente hasta 2028. La paralización se produjo después de una concentración ante el domicilio en la que participaron decenas de personas convocadas para frenar el desalojo y visibilizar un caso que distintos colectivos consideran representativo de la actual crisis de vivienda.
Según la información difundida por las organizaciones que respaldaron la protesta, a las puertas de la vivienda se concentraron activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, integrantes de Yayoflautas, militantes de IU-Verdes y la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla Lara Hernández. La decisión de aplazar el lanzamiento no resuelve todavía el fondo del conflicto, pero sí evita, al menos de momento, que la familia tenga que abandonar la casa antes de que exista una respuesta judicial al recurso que mantiene abierto. Ese punto es el que ha centrado buena parte de las denuncias realizadas por los colectivos presentes, que sostienen que ejecutar el desahucio antes de resolver esa vía de defensa podría provocar un perjuicio irreparable.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de familias que, aun encontrándose en un escenario de especial vulnerabilidad, siguen afrontando procedimientos de desalojo sin una alternativa estable de alojamiento. En este caso, el aplazamiento da oxígeno a corto plazo, pero deja intacta la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de septiembre si antes no se produce una resolución favorable o una solución habitacional que evite el lanzamiento. La noticia ha sido recibida por los colectivos presentes como una victoria parcial de la movilización social, aunque todos coinciden en que el margen ganado no equivale a una solución definitiva.
La defensa de la familia y la disputa sobre el procedimiento
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el mediador José Antonio Vives ha denunciado lo que define como una “grave inseguridad jurídica” en torno al proceso. Según ha explicado, el procedimiento impulsado por la empresa Promotora Coliseo se apoya en una ocupación que, según la versión de la plataforma, “no es tal”, ya que la situación actual de la familia deriva de una ejecución hipotecaria previa con dación en pago. Sobre esa base, la PAH sostiene que el caso no debería abordarse como una ocupación al uso, sino desde el encaje legal que permitiría a Antonia acogerse a la moratoria y permanecer en la vivienda durante más tiempo si así lo resuelve el juzgado.
La preocupación principal de la plataforma radica en los tiempos judiciales. Vives asegura, según recoge la nota, que el juzgado ha tardado meses en responder a recursos anteriores y advierte de que llevar a cabo el desahucio antes de resolver el recurso actualmente en curso podría generar un daño irreparable. En esa misma línea, el portavoz de la PAH, Paco Morote, sostiene que la afectada cumple los requisitos establecidos en la legislación para beneficiarse de la suspensión de lanzamientos. Ambas intervenciones dibujan un mismo marco: el de una familia que, según la plataforma, se encuentra dentro del perímetro de protección previsto por la norma y que, sin embargo, sigue expuesta a perder su vivienda antes de que esa protección se aclare judicialmente.
La nota vincula además este tipo de procedimientos con el deterioro del llamado escudo social, al que responsabiliza de haber dejado más desprotegidas a las familias vulnerables frente a los desahucios. Esa valoración forma parte del discurso de los colectivos convocantes y no de una resolución judicial, pero resulta central para entender el enfoque político y social con el que han querido presentar el caso de Antonia. Para la PAH, no se trata de un episodio aislado ni de una situación excepcional, sino de una señal de alarma sobre lo que puede repetirse en otros hogares de la Región si no se refuerzan los mecanismos de protección.
Una situación de vulnerabilidad sin vivienda alternativa
La situación personal y familiar de Antonia es uno de los elementos que más peso ha tenido durante la movilización. Según la información difundida, la afectada tiene 63 años, se encuentra de baja por enfermedad y convive con su hija, pensionista por incapacidad permanente, y con un hijo joven en formación. Tanto Antonia como su hija cuentan, además, con discapacidad reconocida, una circunstancia que agrava el escenario de vulnerabilidad descrito por los colectivos que han acompañado el caso.
A ello se suma otro dato especialmente sensible: la ausencia de una alternativa habitacional disponible. La nota asegura que tanto la PAH como el propio Ayuntamiento de Alcantarilla han confirmado que en estos momentos no existe una solución residencial estable desde los servicios públicos para esta familia. Según la explicación ofrecida por José Antonio Vives, las únicas respuestas que podrían llegar pasan por recursos temporales como pensiones durante unos días, pero no por una vivienda pública capaz de dar continuidad y estabilidad a una familia que se enfrenta a un procedimiento de desalojo. Ese vacío es, precisamente, uno de los aspectos más graves que denuncian los colectivos movilizados.
La coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, ha valorado el aplazamiento como una “pequeña victoria de la movilización social”, aunque ha advertido de que el problema de fondo sigue intacto. En su valoración, este caso pone de manifiesto, según sus palabras, “el fracaso de las políticas públicas en materia de vivienda”, al dejar a familias vulnerables sin red de protección efectiva ni alternativa habitacional real. También ha reclamado la recuperación urgente de mecanismos de protección social y la ampliación del parque público de vivienda. Se trata de una lectura política que IU-Verdes vincula directamente con la falta de recursos públicos suficientes para responder a este tipo de emergencias.
Tiempo ganado, pero no una solución cerrada
Tras conocerse el aplazamiento, Antonia agradeció emocionada el respaldo recibido durante la mañana y expresó el desgaste que, según trasladó, acumula tras meses de incertidumbre. Su testimonio, recogido en la nota, resume bien la dimensión humana del caso: una familia que gana tiempo, pero que sigue sin tener garantías sobre qué ocurrirá en los próximos meses. La decisión judicial no cierra el conflicto, solo desplaza la fecha del posible lanzamiento y sitúa ahora el foco en la resolución del recurso presentado por la defensa.
El aplazamiento hasta septiembre introduce, por tanto, una ventana decisiva. Durante ese periodo deberá aclararse si la familia puede acogerse a la moratoria hipotecaria que invoca su defensa y si existe margen legal para evitar el desahucio. Mientras tanto, los colectivos sociales advierten de que el caso de Antonia refleja un problema estructural que va mucho más allá de una sola vivienda: la falta de una política pública capaz de garantizar el derecho a la vivienda cuando una familia vulnerable queda atrapada entre la presión judicial, la escasez de parque público y la ausencia de alternativas reales. La movilización de este martes ha logrado detener el reloj por unos meses. La incógnita ahora es si ese tiempo servirá para encontrar una salida estable antes de que septiembre vuelva a poner la amenaza sobre la puerta de esta familia de Alcantarilla.
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