AEMA, GETRAME y PAUDIRE trasladan a CROEM la urgencia de abrir salidas transitorias y crear un depósito regional
La gestión del fibrocemento con amianto generado en la Región de Murcia ha entrado en una fase de fuerte incertidumbre por las restricciones impuestas en otras comunidades autónomas a la entrada de este residuo peligroso. Esa es la advertencia que han llevado a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia AEMA-RM, la empresa especializada GETRAME y la consultora PAUDIRE, que han mantenido una reunión con CROEM para exponer el impacto que ya está teniendo esta situación sobre el sector y para plantear soluciones que eviten el bloqueo de la actividad. La preocupación no se limita a una dificultad puntual de transporte o tramitación, sino que apunta a un problema estructural que, según las entidades participantes, compromete la viabilidad de numerosas actuaciones de retirada de amianto en la comunidad.
El encuentro reunió al presidente de CROEM, Miguel López; al presidente de AEMA, Daniel Robles; al director de Transferencia de PAUDIRE, Pedro Miguel Martínez; al director de Innovación de GETRAME, Juan Aparicio; y al CEO de GETRAME, Francisco Sabater. La reunión tuvo como objetivo analizar de forma conjunta un escenario que las entidades consideran especialmente delicado, marcado por la falta de destinos accesibles para el tratamiento final del fibrocemento con amianto procedente de la Región de Murcia. La cuestión no es menor porque afecta a un residuo clasificado como peligroso y porque la ausencia de una salida viable puede traducirse no solo en costes crecientes, sino también en la paralización de intervenciones necesarias desde el punto de vista sanitario, ambiental y normativo.
Las organizaciones que han puesto el problema sobre la mesa sostienen que la combinación de cierres, restricciones y ausencia de infraestructuras cercanas ha colocado a las empresas murcianas del sector en una situación de enorme fragilidad. En la práctica, denuncian, cada vez resulta más difícil garantizar una cadena completa de retirada, almacenamiento y eliminación final del fibrocemento con amianto. El problema deja así de ser exclusivamente empresarial para proyectarse también sobre la salud pública y sobre la capacidad real de cumplir con las obligaciones de retirada de materiales con amianto que siguen presentes en cubiertas, conducciones, depósitos y otros elementos repartidos por numerosos inmuebles e instalaciones de la Región de Murcia.
Andalucía cierra una vía clave y el sistema se tensiona
El detonante inmediato de esta situación, según exponen AEMA-RM, GETRAME y PAUDIRE, ha sido la prohibición impuesta por la Junta de Andalucía a la entrada de residuos de fibrocemento procedentes de fuera de su territorio. Esa decisión ha impedido que el residuo murciano siga enviándose a instalaciones de gestión final como RECICOR, una de las salidas que hasta ahora resultaban operativas para las empresas de la comunidad. A esa restricción se suma, además, la inexistencia de depósitos de seguridad en la Comunidad Valenciana y el cierre temporal de destinos en Castilla-La Mancha, lo que dibuja un mapa especialmente restrictivo para la gestión del residuo generado en la Región de Murcia.
El resultado es un cuello de botella que afecta de forma directa a la operativa de las empresas de desamiantado. Cuando el residuo no tiene una vía clara y asumible para llegar a su destino final, el sistema empieza a atascarse desde el principio. Esa es la advertencia central que comparten las entidades reunidas con CROEM. No hablan de un problema abstracto ni de una hipótesis futura, sino de una dificultad ya visible para planificar y ejecutar trabajos que dependen de que exista una ruta cierta y legal para el traslado y depósito del material retirado. En un sector tan condicionado por la normativa y por las exigencias de seguridad, cualquier interrupción en la fase final de gestión acaba repercutiendo sobre toda la cadena.
Las restricciones autonómicas adquieren además una dimensión especialmente sensible cuando se aplican sin que existan alternativas suficientes o cercanas. Esa es precisamente una de las críticas de fondo que trasladan AEMA-RM, GETRAME y PAUDIRE. A su juicio, la adopción de limitaciones territoriales por parte de distintas comunidades está teniendo consecuencias directas sobre la actividad empresarial en la Región de Murcia, que se ve atrapada por decisiones ajenas sin disponer todavía de una solución propia capaz de absorber el residuo generado dentro de la comunidad. Desde esa perspectiva, el problema no es solo logístico, sino también de dependencia territorial y de falta de autonomía para gestionar un flujo de residuos que exige una respuesta estable.
Pequeños desamiantados, empleo y salud pública en riesgo
Uno de los efectos más inmediatos que las entidades describen es la dificultad, y en algunos casos la imposibilidad, de acometer pequeños desamiantados, como la retirada de depósitos, placas o conducciones de fibrocemento. Este tipo de actuaciones, que a menudo afectan a particulares, pequeñas instalaciones o intervenciones localizadas, requieren un almacenamiento previo del residuo en instalaciones con capacidad limitada. Si después no existe una salida viable hacia depósitos de seguridad finales, el sistema se bloquea. A ello se añaden los elevados costes de transporte, especialmente gravosos cuando se trata de cantidades reducidas de residuo, lo que hace todavía menos sostenible la ejecución de estas operaciones.
La alerta no se queda en el plano económico. AEMA-RM, GETRAME y PAUDIRE identifican riesgos relevantes a corto y medio plazo si la situación no se corrige con rapidez. Entre ellos señalan una reducción significativa de la actividad de las empresas regionales dedicadas al desamiantado, la consiguiente pérdida de empleo, la paralización de actuaciones necesarias para la salud pública y para el cumplimiento normativo, y también el riesgo de que aparezcan prácticas irregulares. Ese último punto resulta especialmente delicado, porque cuando la gestión legal se encarece o se vuelve impracticable, aumenta la presión sobre un sector en el que cualquier mala praxis tiene implicaciones serias tanto para la seguridad laboral como para el medio ambiente y la salud de la población.
El mensaje que lanzan las organizaciones es que no se trata de una controversia técnica menor, sino de un problema con consecuencias muy concretas sobre el territorio. Cada pequeño desamiantado que no puede ejecutarse, cada empresa que ve frenada su actividad y cada residuo peligroso cuya gestión se complica dibujan un escenario de mayor vulnerabilidad. La retirada de amianto forma parte de una agenda de salud pública y de adaptación normativa que no puede depender indefinidamente de infraestructuras situadas fuera de la Región de Murcia ni de decisiones unilaterales adoptadas en otras comunidades. Esa es la idea de fondo que el sector ha querido dejar clara ante CROEM.
El sector pide una solución propia en la Región de Murcia
Ante este escenario, AEMA-RM defiende que ha llegado el momento de adoptar decisiones claras para dotar a la Región de Murcia de una solución propia que garantice independencia territorial en la gestión del fibrocemento con amianto. La asociación plantea que la comunidad no puede seguir dependiendo de lo que decidan otras autonomías y que necesita una infraestructura estable que aporte seguridad jurídica y continuidad a la actividad empresarial. Esa solución pasaría, según se expuso en la reunión, por avanzar hacia la creación de un depósito de seguridad propio en la Región de Murcia, gestionado por empresas privadas pero bajo control administrativo.
GETRAME coincide en la gravedad del momento y advierte de que el problema puede agravarse aún más si las prohibiciones de admisión se extienden o se consolidan en otros territorios. La compañía subraya que la falta de depósitos de seguridad accesibles compromete la competitividad del sector y pone en cuestión el cumplimiento de compromisos públicos y privados de retirada de amianto, precisamente en un contexto marcado por los plazos fijados en la normativa europea. Esa referencia a los calendarios legales es importante, porque sitúa la cuestión más allá de la coyuntura y la conecta con obligaciones que deberán afrontarse en los próximos años.
Por su parte, PAUDIRE reivindica su papel como agente estratégico en el impulso de proyectos de I+D orientados a la valorización del amianto, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras que reduzcan a largo plazo la dependencia del vertido. Junto a esa visión de futuro, las entidades plantean también medidas inmediatas, como la apertura de vías transitorias mediante acuerdos con otras comunidades autónomas y la elaboración de un inventario actualizado del fibrocemento existente en la Región de Murcia. La conclusión que trasladan a CROEM es clara: el bloqueo ya está aquí y requiere una respuesta urgente, coordinada y con capacidad real para evitar que la gestión del amianto quede atrapada entre restricciones externas, falta de infraestructuras propias y un riesgo creciente de parálisis en un ámbito especialmente sensible para la salud pública y el medio ambiente.
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