El PSOE atribuye a Arroyo el retraso de la Ciudad de la Justicia

El PSOE atribuye a Arroyo el retraso de la Ciudad de la Justicia

Según Torres, el Ayuntamiento ha frenado el proyecto con errores y mala gestión documental

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena ha vuelto a cargar contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, por la situación de la futura Ciudad de la Justicia. El portavoz del PSOE, Manolo Torres, sostiene que el propio Gobierno local ha terminado reconociendo que el retraso del proyecto no estaba en el Ministerio de Justicia, sino en el Ayuntamiento, al haber remitido solo ahora la documentación necesaria para que pueda iniciarse la tramitación. La lectura política que hace el principal grupo de la oposición es contundente: según Torres, la demora acumulada responde a una gestión deficiente del equipo de gobierno y no a factores externos, como se había tratado de trasladar en los últimos meses.

La reacción socialista se produce después de que el Ayuntamiento haya enviado, por fin, la documentación requerida por el Ministerio para avanzar en la futura infraestructura judicial. Para el PSOE, ese paso no debe interpretarse como un éxito del Ejecutivo municipal, sino como la constatación de que el problema ha estado todo este tiempo dentro de la propia administración local. Torres afirma que Arroyo ha terminado admitiendo públicamente que el retraso estaba generado por el Ayuntamiento, pese a que, según recuerda, hace unos meses lo negaba. Esa supuesta rectificación sirve ahora al portavoz socialista para reforzar una de las críticas que viene manteniendo desde hace tiempo: la de que Cartagena está perdiendo proyectos estratégicos por errores, demoras y falta de gestión.

La Ciudad de la Justicia no es una actuación menor dentro de la agenda de infraestructuras pendientes de Cartagena. Su desarrollo afecta a la organización de los servicios judiciales y tiene también una fuerte carga simbólica y política para una ciudad que lleva años esperando avances tangibles en este ámbito. Por eso, el PSOE intenta presentar lo ocurrido no como un simple retraso administrativo, sino como un nuevo ejemplo de una forma de gobernar que, a su juicio, está lastrando asuntos clave para el municipio. El mensaje que lanza Torres es claro: cuando el Ayuntamiento tarda en hacer bien su parte, los proyectos no avanzan y Cartagena vuelve a quedarse atrás.

El envío de la documentación reabre la batalla política

La base de la denuncia socialista está en el reconocimiento, por parte del Ayuntamiento, de que la documentación necesaria no se había remitido hasta ahora al Ministerio de Justicia. A partir de ese hecho, Manolo Torres construye toda su crítica política. Según el portavoz del PSOE, el Gobierno local no puede seguir eludiendo su responsabilidad ni tratando de desplazar el foco hacia otras administraciones cuando, en este caso, el bloqueo habría tenido origen en la propia gestión municipal. De ahí que sostenga que Arroyo ha reconocido “por fin” que el retraso era responsabilidad suya y de su equipo.

La importancia de esa afirmación reside en que contradice, según el PSOE, el discurso que el gobierno municipal ha venido manteniendo hasta hace poco. Los socialistas interpretan que durante meses se ha intentado proyectar la idea de que el proyecto no avanzaba por causas ajenas al Ayuntamiento, cuando la realidad, siempre según la versión de Torres, era que la administración local no había hecho correctamente su trabajo. En política municipal, ese tipo de giros en el relato tienen un valor evidente, porque permiten a la oposición presentar cada movimiento del gobierno no como una solución, sino como una admisión tardía de sus propios errores.

El portavoz socialista no se limita, además, a celebrar que la documentación se haya remitido por fin. Lo hace desde una advertencia clara: espera que lo enviado ahora sea correcto y no contenga nuevos fallos. Esa precisión introduce un elemento de desconfianza que marca toda su reacción. El PSOE no da por hecho que el problema esté resuelto con este trámite, sino que deja abierta la posibilidad de que vuelvan a repetirse incidencias si los documentos presentados vuelven a contener errores. Esa cautela le permite mantener la presión política sobre el gobierno local incluso en el momento en que se anuncia un avance formal en el expediente.

Los errores que denuncia el PSOE desde el origen

Uno de los argumentos más repetidos por Torres en su reacción es que los retrasos no se explican por una sola incidencia, sino por una cadena de errores que, según su versión, se arrastra desde el inicio del proyecto. El portavoz socialista asegura que el Ministerio ha tenido que requerir en numerosas ocasiones al Ayuntamiento para que modificara actuaciones o corrigiera documentación por ser errónea. Aunque la nota no entra al detalle técnico de cada uno de esos fallos, sí fija con claridad la tesis del PSOE: la tramitación de la futura Ciudad de la Justicia se ha ido encallando por una mala gestión continuada del Gobierno local.

Esa acusación tiene un alcance político importante porque afecta a un proyecto que no solo depende de voluntad institucional, sino también de rigor técnico y administrativo. En este tipo de actuaciones, la calidad de la documentación y el cumplimiento de los procedimientos son determinantes. Por eso, el PSOE sitúa ahí el núcleo de su ofensiva. No se trata únicamente de denunciar lentitud, sino de poner en cuestión la capacidad del equipo de Arroyo para tramitar correctamente expedientes de envergadura. La idea que Torres busca instalar es que el Ayuntamiento no está frenado por falta de oportunidades, sino por su incapacidad para aprovecharlas sin cometer errores.

La crítica se endurece aún más cuando el portavoz socialista habla de un gobierno municipal “en descomposición progresiva”. Esa expresión no es un matiz retórico menor, sino la manera en la que el PSOE intenta conectar el problema de la Ciudad de la Justicia con una lectura más amplia del estado del Ejecutivo local. Para Torres, lo ocurrido con este expediente sería solo una consecuencia más de un gobierno debilitado, absorbido por sus tensiones internas y con dificultades crecientes para sacar adelante proyectos importantes para Cartagena.

El PSOE convierte el proyecto en símbolo del desgaste del Gobierno local

La reacción socialista termina enlazando la situación de la Ciudad de la Justicia con una crítica política de fondo a Noelia Arroyo. Torres le exige que deje a un lado lo que denomina “intrigas palaciegas” y se centre de una vez en la gestión municipal. Con esa expresión, el portavoz del PSOE quiere transmitir que el problema no está solo en este expediente, sino en una falta de atención del gobierno local a los asuntos que verdaderamente condicionan el futuro de la ciudad. La Ciudad de la Justicia aparece así como símbolo de algo mayor: una Cartagena que, según la oposición, ve paralizados proyectos fundamentales por la desorientación y la falta de eficacia de quienes la gobiernan.

El PSOE intenta convertir este episodio en una prueba más de que la gestión del PP en Cartagena está generando un coste real en forma de retrasos, oportunidades perdidas y desgaste institucional. En vez de presentar el envío de la documentación como un paso positivo en sí mismo, los socialistas lo leen como una admisión tardía de responsabilidad y como la confirmación de que el Ayuntamiento ha sido un obstáculo para el avance del proyecto. La estrategia es clara: impedir que el gobierno capitalice el trámite recién realizado y devolver el foco al tiempo perdido y a los errores acumulados.

La futura Ciudad de la Justicia vuelve así al centro del debate político en Cartagena, no tanto por los detalles del proyecto como por lo que representa en la disputa entre gobierno y oposición. Para Manolo Torres, el expediente demuestra que el retraso no era ajeno, sino propio, y que Arroyo ya no puede seguir negándolo. Para el PSOE, esa es la clave del momento actual: no solo que se haya mandado por fin la documentación, sino que ese envío llega después de meses de bloqueo que, según denuncia, tenían origen en el propio Ayuntamiento. Y ahí es donde los socialistas quieren fijar el relato: en que la principal traba para uno de los proyectos más relevantes para Cartagena ha estado, precisamente, en la gestión del gobierno municipal.

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