La formación asegura que hasta 25.000 personas en la Región podrían beneficiarse del proceso extraordinario
Sumar Región de Murcia ha celebrado el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno y lo ha presentado como una medida de “justicia, dignidad y sentido común” que permitirá que miles de personas dejen de vivir en la invisibilidad administrativa. Según la formación, en la Región de Murcia esta iniciativa podría beneficiar a cerca de 25.000 personas que ya forman parte de la vida cotidiana de numerosos municipios.
La organización sostiene que esta regularización no nace de una decisión aislada, sino del impulso de la sociedad civil a través de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas y por más de 900 organizaciones sociales. Sumar añade que la medida también ha contado con el apoyo de la Iglesia, organizaciones empresariales y entidades del tercer sector, y defiende que ese respaldo evidencia la existencia de un amplio consenso social en torno a este cambio.
Sumar vincula la medida a la realidad social y económica de la Región
Desde Sumar Región de Murcia subrayan que la regularización responde a una realidad ya existente. En este sentido, remarcan que en municipios como Torre Pacheco, Cartagena, Murcia o Lorca la población migrante forma parte desde hace años de la vida social y económica. La formación destaca además que en comarcas como el Campo de Cartagena o el Valle del Guadalentín esa presencia es estructural en sectores como la agricultura intensiva, el manipulado agroalimentario, los cuidados o la hostelería.
La secretaria de Derechos Sociales, Humanos y Políticas Migratorias de Sumar Región de Murcia, Teresa Gómez, ha defendido que este proceso no crea una realidad nueva, sino que reconoce una situación ya existente. Según la formación, la regularización permitirá proteger frente a la explotación, garantizar derechos básicos y dar cobertura legal a personas que ya trabajan y sostienen sectores esenciales.
La formación rechaza el discurso del “efecto llamada”
Sumar también ha querido responder a las críticas de la derecha y la ultraderecha y rechaza que esta medida suponga una política sin control. La organización recuerda que el proceso está limitado a personas que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025, que deberán acreditar un tiempo mínimo de residencia continuada, carecer de antecedentes penales y demostrar su arraigo mediante empadronamiento o vínculos familiares o laborales.
Frente a las acusaciones sobre un supuesto “efecto llamada”, Sumar sostiene que las personas afectadas ya viven en España desde hace años y forman parte de la sociedad. Además, recuerda que España ya ha llevado a cabo procesos similares en el pasado, incluidos algunos impulsados por gobiernos del Partido Popular. La formación concluye que esta regularización representa una forma de hacer política centrada en las personas y en la ampliación de derechos, frente a los discursos de exclusión y rechazo.
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