Toñi Abenza denuncia que los populares rechazaron actualizar una norma vigente desde hace 31 años
El debate sobre la protección de la infancia en la Asamblea Regional ha escalado este martes después de que el PSOE acusara al Partido Popular de rechazar una iniciativa destinada a actualizar la Ley de Infancia de la Región de Murcia. La diputada socialista Toñi Abenza ha asegurado que el PP votó en contra de una moción que, según su grupo, pretendía adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal vigente y reforzar los mecanismos de prevención, atención y garantía de derechos para menores y adolescentes.
Según la nota de prensa difundida por el PSRM-PSOE, la parlamentaria ha criticado además que el Partido Popular presentara una enmienda a la totalidad frente al texto socialista, una decisión que interpreta como una negativa a negociar mejoras parciales o introducir cambios útiles en la propuesta .
La controversia se produce en torno a una ley autonómica aprobada hace más de tres décadas y que, según los socialistas, no ha sido adaptada a los cambios normativos y sociales producidos desde entonces. El PSOE sostiene que durante este tiempo se han aprobado distintas leyes orgánicas estatales que han modernizado el enfoque de la protección a la infancia, mientras la Región de Murcia mantiene una regulación desfasada.
El PSOE sitúa la pobreza infantil en el centro del debate
Uno de los principales argumentos esgrimidos por Toñi Abenza ha sido la situación social de la infancia en la Región de Murcia. La diputada ha afirmado que el 44 % de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que sitúa a la Región entre los territorios con peores indicadores del país, según la versión expuesta por el grupo socialista.
La parlamentaria también ha vinculado la necesidad de reformar la ley con otras problemáticas estructurales, como las tasas de abandono escolar o la demora en la llegada de determinadas ayudas públicas a las familias. En su intervención, ha defendido que estas cifras reflejan la falta de oportunidades de una parte de la población menor de edad y requieren respuestas políticas concretas.
Desde el PSOE consideran que el Gobierno regional no puede desligarse de esta situación, al tratarse de competencias relacionadas con servicios sociales, planificación educativa y políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia.
Una reforma pendiente desde 2022
Abenza también ha recordado que el Ejecutivo autonómico anunció en 2022 el inicio de un nuevo proyecto de ley en esta materia, incluyendo consulta pública, memoria justificativa y procesos participativos. Sin embargo, según denuncian los socialistas, tres años después no se ha materializado ningún avance legislativo definitivo.
Para el PSOE, esa demora evidencia una falta de voluntad política para afrontar una reforma que consideran urgente. La diputada sostiene que cada año sin actualizar la ley tiene consecuencias directas sobre menores y familias que dependen de una administración ágil y adaptada a la realidad actual.
La iniciativa defendida por el Grupo Parlamentario Socialista planteaba, entre otras medidas, la actualización inmediata de la Ley de Infancia de la Región de Murcia incorporando plenamente la legislación estatal vigente, la creación de un Observatorio Autonómico de la Infancia y la Adolescencia, la evaluación de las políticas públicas y una mayor participación real de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afectan.
Choque político en la Asamblea Regional
Las declaraciones de Toñi Abenza elevan el tono del enfrentamiento político sobre el modelo de protección social en la Región de Murcia. Para los socialistas, el rechazo del PP supone perder una oportunidad para situar la infancia en el centro de la acción pública. Para el Partido Popular, cuya posición íntegra no figura en la nota remitida, la enmienda a la totalidad habría sido su respuesta parlamentaria a la propuesta socialista.
El episodio vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre las prioridades legislativas en la Asamblea Regional y sobre el retraso acumulado en normas consideradas estratégicas. Mientras tanto, la reforma de la Ley de Infancia seguirá pendiente en una comunidad donde los indicadores sociales de pobreza y exclusión infantil continúan siendo motivo de preocupación.
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