La plataforma denuncia opacidad, baja detección y un modelo externalizado que, según su informe, perjudica a mujeres de la Región de Murcia
La recién constituida Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama ha puesto en cuestión el funcionamiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama en la Región de Murcia al sostener, en base a la documentación técnica que ha hecho pública, que existen indicios de un problema estructural en la capacidad diagnóstica del sistema. La plataforma, integrada por organizaciones sociales, colectivos profesionales y ciudadanía, afirma que los datos más recientes disponibles apuntan a una menor capacidad para detectar tumores en el momento en que deberían identificarse, a una utilización insuficiente de pruebas complementarias y a una falta de transparencia institucional que dificulta evaluar con rigor la calidad real del programa.
El núcleo de la denuncia se apoya en varios indicadores que la Alianza considera especialmente preocupantes. Entre ellos figura la tasa de detección registrada en 2023, de 2,43 cánceres por cada 1.000 mujeres cribadas, por debajo de la media nacional de 4,67 y también por debajo de los estándares europeos que sitúan el umbral de referencia entre 3 y 4 por mil. A juicio de la plataforma, este dato no puede leerse de forma aislada, sino en relación con otro indicador que considera aún más grave: el 15,79% de cánceres detectados entre mamografías programadas, el porcentaje más alto del conjunto de comunidades autónomas en 2023 y muy superior a la media española del 6,7%. La Alianza interpreta este patrón como una señal de menor sensibilidad efectiva del programa, es decir, de una capacidad insuficiente para identificar algunos tumores en el circuito ordinario del cribado.
La documentación entregada por la plataforma sostiene que esa combinación de baja detección inicial y alta proporción de diagnósticos fuera del cribado habitual no responde a una desviación puntual, sino a una dinámica que vendría repitiéndose desde hace años. En ese marco, la Alianza estima que, si el patrón observado se hubiera mantenido, entre 30 y 35 mujeres por bienio podrían haber sido diagnosticadas fuera del circuito ordinario cuando, en un programa con un rendimiento comparable al promedio nacional, probablemente habrían sido detectadas antes. La estimación que plantea para la última década eleva esa cifra a entre 150 y 180 mujeres, lo que equivaldría aproximadamente al 10% de los cánceres detectados por el programa en ese periodo. Se trata, en todo caso, de una estimación presentada por la propia Alianza a partir de los datos analizados en sus documentos.
Menos pruebas complementarias, más revisiones adelantadas y dudas sobre el modelo
Uno de los aspectos más críticos del informe es el relativo a la intensidad diagnóstica. La Alianza asegura que en la Región de Murcia se realizan menos pruebas complementarias ante hallazgos dudosos que en la media del país. Según los datos que incorpora, la tasa de pruebas complementarias fue del 2,61% en 2023, frente al 4,48% nacional. En paralelo, el programa registró una tasa de revisiones anticipadas del 7,69%, siete veces superior a la media española de ese año, situada en el 1,67%. La lectura que hace la plataforma es clara: en lugar de resolver la duda diagnóstica en el momento mediante ecografías, biopsias u otras pruebas adicionales, el sistema estaría recurriendo con demasiada frecuencia a adelantar la siguiente mamografía, lo que traslada la incertidumbre a las mujeres y puede retrasar la confirmación diagnóstica.
A partir de esos indicadores, la Alianza sostiene que en la última década más de 10.000 mujeres podrían haberse visto afectadas por revisiones anticipadas derivadas de dudas diagnósticas que, en programas con mejor capacidad resolutiva inicial, se habrían aclarado en el mismo episodio asistencial. El informe insiste en que este funcionamiento no solo tendría implicaciones clínicas, sino también emocionales y organizativas, al someter a muchas mujeres a meses de espera añadida y a un circuito menos eficiente.
La plataforma vincula este comportamiento con el modelo de provisión del programa, ampliamente externalizado en centros privados. En sus documentos sostiene que el diseño contractual vigente, basado en pagos cerrados por mujer cribada que incluyen tanto la mamografía como las posibles pruebas complementarias sin compensación adicional, puede generar incentivos económicos contrarios a la intensificación diagnóstica. La tesis que sostiene la Alianza es que, si completar el estudio con ecografías u otras pruebas encarece el proceso para el proveedor sin aumentar el ingreso, el sistema favorece una contención diagnóstica que acaba perjudicando la calidad del cribado.
Como apoyo a esa hipótesis, el informe subraya el mejor rendimiento observado en la unidad de cribado de titularidad pública de Cieza. Según la documentación aportada, en el bienio 2021-2022 esa unidad registró una tasa de detección inicial de 6,96 por mil, claramente superior a la media de las unidades privadas, situada en 2,86 por mil, y realizó un 10,03% de estudios complementarios frente al 3,4% medio de los dispositivos privados. La Alianza interpreta ese contraste como un indicio de que, cuando desaparecen los incentivos económicos a restringir pruebas, mejora la capacidad diagnóstica del sistema.
Opacidad, auditorías ausentes y 20 medidas para cambiar el programa
La otra gran pata de la denuncia es la falta de transparencia. La Alianza sostiene que la Consejería de Salud no publica de forma sistemática indicadores clave como las tasas de cobertura real, de cánceres de intervalo o de pruebas invasivas, y recuerda que el último informe bienal oficial corresponde a 2021-2022, por lo que existiría un retraso de dos años en la publicación del documento correspondiente al bienio 2023-2024. Según la plataforma, algunos de los datos más delicados solo han podido conocerse a través de informes técnicos de difícil localización, lo que limita la rendición de cuentas y retrasa la corrección de posibles fallos del programa.
El documento ciudadano de la Alianza endurece todavía más el tono político y sostiene que el problema “no es técnico”, sino “sobre todo político”, al considerar que la combinación de baja detección, escasas pruebas complementarias, exceso de revisiones adelantadas y opacidad institucional revela un modelo que no estaría priorizando adecuadamente la calidad diagnóstica ni la experiencia de las mujeres. Ese mismo texto plantea que el cribado en la Región de Murcia “detecta menos y tarde” y que la falta de publicación de datos impide una evaluación independiente real.
Frente a ese diagnóstico, la Alianza ha articulado una agenda de 20 demandas concretas. Entre ellas figuran la publicación inmediata del informe del bienio 2023-2024, el paso a informes anuales, la difusión sistemática de tasas de cobertura, cánceres de intervalo y pruebas invasivas, la elaboración de un protocolo integral accesible, la puesta en marcha de auditorías externas independientes y la creación de una comisión autonómica de seguimiento con participación de sociedades científicas, atención primaria, asociaciones de mujeres y ciudadanía. También reclama mejorar la capacidad resolutiva del programa, reducir las revisiones anticipadas por debajo del 2%, clarificar la estrategia tecnológica sobre tomosíntesis digital mamaria e integrar de forma más efectiva a atención primaria.
La demanda más de fondo, sin embargo, afecta al propio modelo de prestación. La Alianza pide que el Programa de Cribado de Cáncer de Mama se realice exclusivamente en centros sanitarios públicos y que se revisen los contratos actuales para que incentiven la calidad y no la mera contención de costes. Su conclusión es rotunda: los datos disponibles apuntan a un problema estructural de gobernanza, no a fallos aislados, y exigen una intervención urgente para evitar retrasos diagnósticos potencialmente evitables en miles de mujeres de la Región de Murcia.
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