El PSOE acusa a PP y Vox de alimentar bulos mientras exige otro hospital para Lorca

El PSOE acusa a PP y Vox de alimentar bulos mientras exige otro hospital para Lorca

Los socialistas denuncian la sumisión de Fulgencio Gil a la extrema derecha y lanzan una ofensiva por la sanidad del Área III

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El PSOE de Lorca ha elevado el tono contra el equipo de Gobierno municipal de PP y Vox en una jornada marcada por dos frentes políticos de alto impacto: la moción sobre regularización de personas extranjeras, que los socialistas exigen retirar por considerar que se basa en bulos, y la situación del Hospital Universitario Rafael Méndez, para el que reclaman un segundo hospital, soluciones estructurales al colapso sanitario y una respuesta definitiva al problema del aparcamiento.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que votará en contra de la moción presentada por VOX y Partido Popular relativa a la regularización de personas extranjeras y ha pedido al alcalde, Fulgencio Gil, que la retire de inmediato. La formación considera que el Pleno municipal “no está para debatir bulos ni para alimentar campañas de miedo” y acusa al regidor de asumir los postulados de la extrema derecha para mantenerse en la alcaldía.

Desde el PSOE han querido ser especialmente contundentes con uno de los puntos centrales de la moción: aseguran que es falso que el proceso permita regularizar a personas con antecedentes penales. Según señalan, la legislación vigente establece requisitos estrictos y excluye estos supuestos, por lo que trasladar a la ciudadanía la idea de que delinquir facilita quedarse en España supone, en palabras de los socialistas, “una manipulación grave y deliberada”. La crítica se dirige directamente al alcalde, al que reprochan que contribuya a extender ese mensaje pese a su formación jurídica.

El PSOE denuncia una moción basada en bulos y una cesión política a Vox

Los socialistas sostienen que la iniciativa de PP y Vox parte de una premisa falsa y mezcla deliberadamente conceptos jurídicos. En concreto, rechazan que las comunicaciones del Ministerio del Interior a centros penitenciarios puedan interpretarse como una concesión automática de autorizaciones de residencia. A juicio del PSOE, informar sobre un procedimiento administrativo no equivale a regularizar ni a eliminar responsabilidades penales.

La formación también critica que se equipare prisión preventiva con condena firme, recordando que en un Estado de derecho rige la presunción de inocencia. Además, cuestiona el supuesto dato de que el 85% de los presos preventivos acaba condenado, al afirmar que no se aporta ninguna fuente oficial que lo respalde. Para el PSOE, esa falta de rigor confirma que la moción está construida sobre prejuicios y no sobre datos verificables.

La crítica se extiende al modo en que el texto relaciona inmigración con presión sobre la sanidad, vivienda o seguridad. Según los socialistas, la moción no incluye ni un solo dato concreto de Lorca o de la Región de Murcia que justifique esas afirmaciones. Por ello, consideran que el Ayuntamiento no puede convertir percepciones interesadas en base de una posición institucional.

El PSOE denuncia además que la moción no plantea ninguna medida útil para el municipio. No propone refuerzo de servicios públicos, coordinación institucional ni soluciones reales para los ayuntamientos. Se limita, según la formación, a generar confrontación y alarma social.

En este contexto, los socialistas acusan al Partido Popular de “arrodillarse” ante Vox. Sostienen que Fulgencio Gil ha renunciado a la moderación y ha sustituido la gestión por el seguidismo político, alimentando un clima de convivencia cada vez más tenso. Por ello, exigen al alcalde que rectifique, vuelva al respeto al orden constitucional y deje de usar el Ayuntamiento como altavoz de falsedades que deterioran la cohesión social.

El Área III, al límite: colapso en el Rafael Méndez y exigencia de otro hospital

El segundo frente abierto por el PSOE se sitúa en la sanidad pública del Área III. Representantes socialistas de Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas, junto a cargos regionales, han comparecido ante el Hospital Universitario Rafael Méndez para denunciar lo que califican como “abandono” sanitario por parte del Gobierno regional de López Miras.

La portavoz del PSOE de Lorca, Isabel Casalduero, ha descrito una situación de “extrema precariedad” en el hospital y ha acusado al Ejecutivo autonómico de someter al Área III a un “maltrato sistemático”. Según ha denunciado, la saturación de las Urgencias se ha convertido en algo habitual, con picos diarios de entre 30 y 40 personas esperando en los pasillos durante tres o cuatro días hasta conseguir una cama de ingreso.

Casalduero ha hablado de “vidas humanas abandonadas” y ha responsabilizado al Gobierno regional de no dar respuesta a una situación que, según el PSOE, ya no admite más parches. La dirigente socialista también ha señalado el silencio del alcalde de Lorca ante el deterioro del hospital de referencia del municipio y de toda la comarca.

Desde Puerto Lumbreras, la portavoz socialista María Rosa García ha recordado que el Rafael Méndez fue construido en 1990 y se ha quedado pequeño para la población actual. Ha denunciado que el Gobierno regional se ha limitado durante años a hacer “remiendos”, mientras la falta de espacio provoca cancelaciones de cirugías por ausencia de camas y un caos diario en los aparcamientos.

El diputado regional Juan Andrés Torres ha puesto el foco en el perjuicio que esta situación causa a los municipios periféricos, especialmente a Águilas. Ha advertido de que los vecinos se ven obligados a realizar largos desplazamientos para encontrarse después con unas Urgencias desbordadas. “No podemos permitir que el código postal determine la calidad de la salud”, ha señalado, reclamando además la apertura inmediata del CIAR de Águilas, cerrado desde hace meses.

Aparcamiento en altura, lanzadera y movilización ciudadana

Junto al colapso asistencial, el PSOE denuncia el problema del aparcamiento en el entorno del Rafael Méndez. Isabel Casalduero ha advertido de que no se trata de una simple molestia logística, sino de una situación que provoca que usuarios pierdan citas, pruebas médicas o lleguen tarde a consultas, generando más ansiedad en pacientes, familiares y profesionales.

Los socialistas reclaman la construcción de un aparcamiento en altura dimensionado a las necesidades actuales y futuras del hospital, la habilitación de nuevas zonas de estacionamiento y la mejora de los accesos. Mientras llegan soluciones definitivas, piden recuperar de forma provisional un servicio de autobús lanzadera desde el aparcamiento disuasorio del estadio Artés Carrasco, además de reforzar el transporte público al centro hospitalario.

La diputada regional Marisol Sánchez ha exigido transparencia al Gobierno regional sobre el uso de los fondos enviados por el Estado y ha advertido de que existe una “hoja de ruta deliberada” para deteriorar la sanidad pública. También ha descrito un entorno de “estrés insoportable” para el personal sanitario, que trabaja con falta de medios y en una infraestructura que, según sus palabras, “se cae a pedazos”.

Sánchez ha anunciado que el PSOE presentará mociones tanto en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca como en la Asamblea Regional con dos exigencias centrales: la construcción de un segundo hospital en Lorca para dar cobertura real al Área III y la adopción urgente de medidas estructurales para resolver el problema del aparcamiento.

El PSOE se sumará además a la movilización convocada por el personal sanitario el próximo día 13 y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, al tejido social y económico de Lorca y a los municipios del área sanitaria. Casalduero ha insistido en que por el Rafael Méndez “vamos a pasar absolutamente todos” y ha pedido una respuesta colectiva en defensa de la salud pública y de una atención sanitaria digna.

Con estas dos ofensivas, el PSOE intenta situar al Gobierno local y regional ante una misma acusación de fondo: mientras PP y Vox dedican energías a alimentar discursos de miedo, Lorca sigue esperando respuestas reales en materias esenciales como la convivencia, los servicios públicos y la sanidad.

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