Marisol Sánchez defiende sanciones, pero advierte de que la falta de medios y las listas de espera tensionan la sanidad pública
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha reclamado al Gobierno regional de Fernando López Miras que contrate “ya” el personal y los medios necesarios para reducir la sobrecarga asistencial que sufre la sanidad pública en la Región de Murcia. La diputada socialista considera que la falta de profesionales, las listas de espera y la precariedad laboral son el “caldo de cultivo” que está tensionando el sistema sanitario y que, por tanto, deben abordarse si se quiere prevenir de forma eficaz las agresiones al personal sanitario.
Sánchez ha realizado estas declaraciones tras las audiencias legislativas sobre la Proposición de Ley de infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público de la Región de Murcia, en las que han comparecido representantes de UGT, CESM y CCOO. Según la viceportavoz socialista, los tres sindicatos han coincidido en señalar la falta de personal, las listas de espera y la precariedad como factores que agravan la tensión dentro del sistema.
El PSOE comparte la necesidad de contar con una norma que sancione las agresiones al personal sanitario, pero considera que las medidas punitivas, por sí solas, son insuficientes. Para Sánchez, una ley centrada únicamente en castigar las agresiones no resolverá el problema si no incorpora medidas preventivas que actúen sobre las causas que generan crispación, presión asistencial y deterioro de la relación entre usuarios y profesionales.
Falta de personal, listas de espera y precariedad
Marisol Sánchez ha recordado que las competencias sanitarias están transferidas a la Comunidad Autónoma y que, por tanto, la responsabilidad de la falta de personal y medios corresponde al Gobierno regional del PP. La diputada ha denunciado que el Ejecutivo de López Miras no ha cumplido todavía con las contrataciones previstas en la estrategia regional de mejora de la Atención Primaria ni en la Estrategia Regional de Salud Mental.
La viceportavoz socialista también ha señalado que la Región de Murcia presenta la ratio más baja de enfermeras por paciente de toda España, un dato que, según el PSOE, refleja la debilidad estructural del sistema sanitario regional y la falta de inversión suficiente.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, la presión que soportan centros de salud y hospitales no puede analizarse únicamente desde la conducta individual de quienes agreden. La saturación de consultas, las demoras, la falta de citas, la escasez de profesionales y la dificultad para recibir atención en tiempo adecuado generan un contexto de tensión creciente que, sin justificar nunca una agresión, sí obliga a actuar sobre las condiciones que favorecen el conflicto.
Sánchez ha insistido en que la precariedad del sistema sanitario público no es una fatalidad ni una consecuencia inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, falta de inversión y ausencia de planificación. A su juicio, proteger a los profesionales implica sancionar las agresiones, pero también garantizar plantillas suficientes, medios adecuados y una atención sanitaria menos colapsada.
Enmiendas para ampliar la protección a todo el personal
El PSOE ha anunciado que presentará varias enmiendas a la proposición de ley con el objetivo de mejorar su contenido a partir de las aportaciones realizadas por UGT, CESM y CCOO durante las comparecencias. Una de las principales propuestas socialistas será ampliar el ámbito de aplicación de la norma a todo el personal que trabaja en centros de salud y hospitales, incluyendo a trabajadores y trabajadoras de subcontratas.
Sánchez ha puesto como ejemplo el caso de un trabajador de seguridad agredido en un centro de salud al defender a una médica. La diputada ha criticado que el Servicio Murciano de Salud pueda desentenderse de este tipo de situaciones por tratarse de personal perteneciente a una empresa externa. Para el PSOE, cualquier persona que trabaje en un centro sanitario público y sufra una agresión en el ejercicio de sus funciones debe quedar protegida por la ley.
Otra de las enmiendas socialistas plantea que el Servicio Murciano de Salud actúe de oficio ante cualquier agresión que sufra su personal, sin necesidad de que sea la víctima quien interponga denuncia. Sánchez ha explicado que el texto actual considera imprescindible la denuncia del trabajador agredido para activar la respuesta, una condición que el PSOE quiere modificar para que sea la administración quien vele directamente por la seguridad y salud laboral de sus profesionales.
La diputada ha defendido que esta reforma es importante para evitar que las agresiones queden sin respuesta. Según ha indicado, UGT estima que solo se denuncian el 40% de las agresiones que sufre el personal sanitario, lo que evidencia la necesidad de reforzar la actuación institucional y no dejar toda la carga sobre la víctima.
Observatorio regional y protección sin perjuicio para la víctima
El Grupo Parlamentario Socialista también presentará enmiendas para garantizar que la reasignación asistencial no genere perjuicio al profesional agredido. Esta medida busca evitar que, tras una agresión, sea el trabajador quien soporte consecuencias laborales negativas derivadas de cambios de puesto, reorganización asistencial o medidas adoptadas para protegerlo.
Además, el PSOE propondrá la creación de un observatorio regional de agresiones a profesionales del ámbito sanitario público, una demanda planteada por CCOO. Este órgano permitiría recopilar datos, analizar tendencias, evaluar medidas de prevención y diseñar políticas públicas con información más precisa sobre la dimensión real del problema.
Sánchez ha expresado su satisfacción por haber podido escuchar a los representantes de los trabajadores de la sanidad pública, aunque ha lamentado que su criterio no se tuviera en cuenta desde el inicio en la elaboración del texto legislativo. Para la diputada, una norma de estas características debe construirse con la participación de quienes conocen de primera mano la realidad de centros de salud, hospitales, urgencias y servicios asistenciales.
El PSOE sostiene que la lucha contra las agresiones al personal sanitario exige una respuesta integral: sanciones, sí, pero también prevención, plantillas, medios, coordinación, apoyo institucional y reconocimiento de todos los trabajadores que sostienen el sistema, incluidos quienes pertenecen a servicios externalizados. Marisol Sánchez ha concluido que el PSRM, con Francisco Lucas al frente, seguirá defendiendo una sanidad pública de calidad y luchando contra la precariedad que, según denuncia, debilita el sistema sanitario regional.
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