El sindicato alerta de más de 15.000 personas pendientes y exige transparencia sobre financiación, copagos y recursos públicos

CCOO Pensionistas ha exigido la plena implantación de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia ante una situación que califica de “desoladora” y que sitúa a la comunidad autónoma entre las peores de España en la gestión del sistema. Según los datos difundidos por el sindicato, correspondientes a marzo de 2026, más de 15.000 personas permanecen en lista de espera y la demora media para resolver un expediente alcanza los 553 días, más de año y medio.
La organización sindical advierte de que la Región registra una tasa de espera del 20,29%, la segunda más alta del país, y que alrededor del 13,5% de las personas con derecho reconocido siguen sin recibir la prestación correspondiente. Para CCOO, estos datos reflejan un incumplimiento estructural de un derecho reconocido por ley y una falta de respuesta institucional que afecta de forma directa a personas mayores, personas con discapacidad, familias cuidadoras y hogares en situación de vulnerabilidad.
La Federación de Pensionistas de CCOO en la Región de Murcia ha enmarcado esta denuncia dentro de una campaña de movilizaciones sostenida en el tiempo para reclamar más recursos al Estado y a las comunidades autónomas, así como una inversión pública que pase del 0,7% al 2% del PIB en la próxima década. El objetivo, según el sindicato, es garantizar la implantación plena de la Ley de Dependencia, frenar retrocesos en la financiación y mejorar la calidad de las prestaciones.
CCOO subraya que la dependencia no es solo una cuestión de personas mayores, aunque estas representen una parte muy importante del sistema. También afecta a personas jóvenes, niños y niñas, y familias que necesitan apoyos para garantizar cuidados, autonomía personal y condiciones de vida dignas. El sindicato insiste en que la demora administrativa no es un dato abstracto: detrás de cada expediente hay una persona que espera una valoración, una prestación económica, un servicio o una ayuda imprescindible para organizar su vida diaria.
Una de las peores situaciones de España
La Región de Murcia aparece, según CCOO, en la segunda posición “a la cola” en gestión de dependencia a nivel nacional por su elevada tasa de espera. La demora media de 553 días la convierte, además, en la comunidad que más tarda en resolver un expediente, una cifra especialmente grave si se tiene en cuenta que la Ley de Dependencia reconoce derechos vinculados a situaciones de necesidad, fragilidad y pérdida de autonomía personal.
El sindicato denuncia también el llamado “limbo de la dependencia”: personas que ya tienen reconocido el derecho, pero que todavía no reciben la prestación o el servicio correspondiente. En la Región, ese porcentaje se sitúa en torno al 13,5%, según los datos aportados por CCOO. Este retraso entre el reconocimiento del derecho y la prestación efectiva implica que miles de personas siguen esperando pese a contar ya con una resolución favorable.
La organización alerta además de las consecuencias más graves de las demoras. Según CCOO, más de 1.600 personas fallecieron en 2025 esperando a ser valoradas. El dato resume la dimensión humana de un sistema que, según el sindicato, llega tarde para demasiadas personas. La dependencia es un derecho que pierde sentido si la respuesta administrativa se prolonga durante meses o años, especialmente cuando afecta a personas de edad avanzada o con necesidades intensas de apoyo.
Para CCOO, estos datos deberían obligar al Gobierno regional a reforzar de manera urgente los equipos de valoración, agilizar la tramitación de expedientes, reducir las listas de espera y garantizar que las prestaciones reconocidas lleguen efectivamente a quienes las necesitan. La lentitud del sistema no solo sobrecarga a las personas dependientes, sino también a sus familias, que acaban asumiendo durante largos periodos cuidados que deberían contar con respaldo público.
Cuidados familiares con rostro de mujer
CCOO pone el acento en el componente de género de las prestaciones de cuidados familiares y vinculadas a servicios. El sindicato recuerda que tres de cada cuatro personas cuidadoras familiares tienen más de 50 años y que una de cada cuatro supera los 67 años. La consecuencia es clara: una parte muy importante del peso de los cuidados recae sobre mujeres, muchas de ellas también mayores, que sostienen el sistema desde el ámbito doméstico mientras esperan la llegada de prestaciones o servicios.
Este elemento resulta especialmente relevante en una comunidad con importantes retrasos en la gestión de la dependencia. Cuando el sistema público no responde a tiempo, la carga se traslada a los hogares. Y dentro de los hogares, mayoritariamente a las mujeres. El retraso en una valoración, en una prestación económica o en un servicio de ayuda a domicilio puede traducirse en jornadas invisibles de cuidados, pérdida de oportunidades laborales, deterioro emocional y sobrecarga física para quienes asumen esa responsabilidad.
La Federación de Pensionistas de CCOO insiste en que mejorar la dependencia es también una cuestión de igualdad. No basta con reconocer derechos si estos no se materializan en tiempos razonables. Las familias necesitan apoyos reales, servicios accesibles y prestaciones que lleguen cuando todavía son útiles, no cuando la situación ya se ha deteriorado o cuando la persona dependiente ha fallecido.
El sindicato reclama una mirada amplia sobre la dependencia, que incorpore tanto a quienes necesitan cuidados como a quienes los prestan. Las demoras administrativas tienen impacto social, económico y de género, y por eso CCOO considera imprescindible incrementar la inversión pública y reforzar la calidad de la atención.
Transparencia sobre financiación y copagos
CCOO denuncia también lo que considera una falta de transparencia en la financiación del sistema de dependencia. El sindicato señala que la estadística oficial permite conocer mensualmente las transferencias que realiza el Estado a las comunidades autónomas, pero critica que la Región de Murcia se limite a publicar anualmente un certificado de gasto sin desagregar qué parte financia la Administración autonómica y qué parte procede de las personas beneficiarias a través del copago.
La organización recuerda que desde 2021 el Estado ha transferido a las comunidades autónomas más de 8.000 millones de euros adicionales respecto a la financiación de 2020, en cumplimiento del compromiso adquirido en el Plan de Choque. También señala que el Estado ha pasado de financiar el 15% del gasto del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia al 26% en 2024. Sin embargo, CCOO advierte de que se desconoce qué parte del gasto certificado por las comunidades autónomas en 2024, cifrado en 12.901 millones de euros, ha sido asumida por las personas beneficiarias mediante copago.
Para el sindicato, esa falta de desagregación dificulta conocer con precisión el esfuerzo económico real de cada administración y el peso que soportan las personas dependientes y sus familias. La transparencia en la financiación se convierte así en una exigencia democrática y social: saber cuánto aporta cada nivel administrativo, cuánto pagan los beneficiarios y cómo se traduce el gasto en prestaciones efectivas.
CCOO anuncia que sus federaciones de pensionistas iniciarán una campaña sostenida de movilizaciones con el objetivo de conseguir mejoras visibles en las comunidades autónomas, aumentar la transparencia y elevar la calidad de la prestación en un servicio esencial. En la Región de Murcia, esa campaña parte de una realidad especialmente dura: más de 15.000 personas en espera, 553 días de demora media, una de las peores tasas del país y miles de familias sosteniendo cuidados mientras la Administración tarda en responder.
La dependencia es una prueba directa de la calidad de los servicios públicos. Cuando funciona, permite vivir con más autonomía, dignidad y seguridad. Cuando se atasca, condena a las personas dependientes y a sus familias a una espera que puede durar más de año y medio. CCOO reclama que la Región de Murcia deje de estar a la cola y que el derecho a la dependencia se convierta en una prestación real, transparente y suficiente, no en una promesa que demasiadas personas nunca llegan a recibir.
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