El PSOE acusa a Arroyo de blanquear discursos tránsfobos en Cartagena

El PSOE acusa a Arroyo de blanquear discursos tránsfobos en Cartagena

Pencho Soto denuncia que el Ayuntamiento cede espacios públicos a un acto vinculado a Vox que cuestiona derechos de las personas trans

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El PSOE de Cartagena ha acusado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, de utilizar el Ayuntamiento para “blanquear discursos tránsfobos” y pagar peajes ideológicos a Vox con el objetivo de sostener su estabilidad política. El concejal socialista Pencho Soto ha denunciado que el Gobierno local colabora institucionalmente en una conferencia protagonizada por José Errasti y Quico Alsedo, autores que, según la denuncia socialista, han sido señalados en distintas ciudades por colectivos LGTBI y organizaciones de derechos humanos por sus posicionamientos contra los derechos de las personas trans.

El acto está previsto en el Archivo Municipal de Cartagena, un espacio público que, a juicio del PSOE, no debe convertirse en escenario para mensajes que puedan resultar ofensivos, dañinos o contrarios a la convivencia democrática. Soto ha cuestionado que el Ayuntamiento facilite sus instalaciones para una actividad de este tipo y ha situado la responsabilidad política directamente en Noelia Arroyo, al considerar que la cesión de espacios municipales implica un aval institucional.

“El problema no es que Vox organice este tipo de actos. El problema es que Noelia Arroyo les abre las puertas del Ayuntamiento y avala esos discursos”, ha señalado el edil socialista.

La denuncia del PSOE se enmarca en la creciente tensión política por la influencia de Vox en gobiernos municipales donde el Partido Popular depende de su apoyo o de equilibrios internos para mantener la estabilidad. En Cartagena, los socialistas sostienen que Arroyo está permitiendo que la ultraderecha marque la agenda ideológica del Ayuntamiento, incluso cuando esa agenda afecta a colectivos vulnerables y a derechos reconocidos.

Soto ha acusado a la alcaldesa de utilizar la institución como “moneda de cambio” para garantizar su supervivencia política. “Cada vez que necesita el apoyo de Vox, alguien paga el precio, y esta vez lo pagan las personas trans de Cartagena”, ha afirmado el concejal.

El PSOE denuncia un peaje político a Vox con los derechos trans como coste

Para el Grupo Municipal Socialista, la cuestión central no es únicamente la celebración de una conferencia, sino el respaldo institucional que supone acogerla en un espacio público municipal. Soto defiende que una administración democrática tiene la obligación de proteger derechos y garantizar la dignidad de todas las personas, no de ofrecer altavoces institucionales a discursos que cuestionan la realidad, la identidad o la igualdad de trato de colectivos históricamente discriminados.

El concejal socialista ha recordado que las personas trans, especialmente las más jóvenes, siguen enfrentando situaciones de discriminación, acoso, incomprensión y vulnerabilidad social. Desde esa perspectiva, considera irresponsable que el Ayuntamiento contribuya a legitimar actos o mensajes que, según el PSOE, pueden alimentar prejuicios o deteriorar la convivencia.

La crítica apunta directamente a la relación política entre PP y Vox en Cartagena. El PSOE sostiene que Arroyo estaría aceptando costes ideológicos para mantener apoyos y evitar nuevas fracturas en un Gobierno local que los socialistas vienen calificando de débil y en descomposición. En esa lectura, la cesión del Archivo Municipal no sería un hecho aislado, sino un nuevo síntoma de la dependencia política del PP respecto a la ultraderecha.

Soto ha defendido que las instituciones públicas no pueden actuar como si fueran neutrales ante discursos que afectan a derechos fundamentales. La libertad de expresión y el debate público tienen amparo en una sociedad democrática, pero el uso de recursos, espacios y legitimidad institucional exige responsabilidad política, especialmente cuando el contenido del acto afecta a personas que sufren discriminación.

“Las administraciones públicas están para proteger derechos, no para prestarlos al mejor postor político”, ha concluido el concejal socialista.

La frase resume el fondo de la denuncia: el PSOE no cuestiona únicamente la posición ideológica de Vox, sino la decisión de la alcaldesa de abrir la institución municipal a una actividad que, según los socialistas, puede servir para normalizar discursos hostiles hacia las personas trans.

El uso de espacios públicos abre un debate sobre convivencia y responsabilidad institucional

La polémica vuelve a situar en el centro del debate el uso de espacios públicos municipales para actos de contenido ideológico. El Archivo Municipal no es una sala privada ni un local partidista, sino una instalación del Ayuntamiento de Cartagena. Por eso, el PSOE considera que su utilización debe responder a criterios de interés general, respeto institucional y protección de la convivencia democrática.

La cuestión resulta especialmente sensible cuando el acto afecta a derechos de personas LGTBI. En los últimos años, el debate sobre las personas trans se ha convertido en uno de los campos de batalla preferidos de la extrema derecha, que ha tratado de cuestionar avances legales y sociales logrados tras años de reivindicación del movimiento LGTBI. En ese contexto, la colaboración institucional con actos de este tipo no puede interpretarse como una decisión administrativa menor.

El PSOE advierte de que el Ayuntamiento debe ser especialmente cuidadoso cuando su actuación pueda ser percibida como respaldo a mensajes que estigmatizan o cuestionan la dignidad de una parte de la ciudadanía. Las personas trans forman parte de Cartagena y tienen derecho a que su administración local actúe como garante de igualdad, no como plataforma para discursos que puedan contribuir a su señalamiento.

El debate también afecta a la posición política de Noelia Arroyo. Los socialistas la acusan de priorizar su supervivencia institucional frente a la defensa de derechos. Según esa interpretación, la alcaldesa estaría permitiendo que Vox obtenga influencia simbólica y cultural dentro del Ayuntamiento a cambio de sostener equilibrios de poder.

La denuncia de Pencho Soto no se limita, por tanto, a un acto concreto. Plantea una pregunta más amplia: hasta dónde está dispuesto a llegar el PP de Cartagena para conservar el Gobierno municipal y qué colectivos pueden verse afectados por esos acuerdos explícitos o implícitos con la ultraderecha.

Derechos, instituciones y límites políticos

El PSOE reclama que el Ayuntamiento de Cartagena no se convierta en un espacio de legitimación de discursos que, según la formación, atacan la dignidad de las personas trans. Para los socialistas, la institución municipal debe estar del lado de la igualdad, la convivencia y el respeto, especialmente cuando se trata de colectivos que siguen padeciendo discriminación.

La polémica llega además en un momento de fuerte confrontación política en Cartagena, donde el PSOE viene denunciando que el Gobierno de Arroyo está más centrado en mantenerse a flote que en gestionar los problemas de la ciudad. Esta nueva acusación añade una dimensión ideológica a esa crítica: no solo habría una dependencia política de Vox, sino también una cesión de espacios institucionales a su agenda cultural.

La respuesta que dé el Gobierno local determinará si considera esta denuncia como una cuestión menor de cesión de salas o como un asunto de responsabilidad democrática. Para el PSOE, el problema es claro: un Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado cuando un espacio público puede ser usado para difundir mensajes que afectan a la dignidad de una parte de sus vecinos.

Cartagena, como cualquier ciudad democrática, está obligada a proteger la pluralidad y el debate, pero también a cuidar el marco de respeto en el que ese debate se produce. La defensa de la libertad de expresión no exige que una administración pública avale con sus espacios cualquier contenido, especialmente si existen dudas razonables sobre su impacto en colectivos vulnerables.

La denuncia socialista deja una acusación política directa: Noelia Arroyo estaría pagando a Vox con legitimidad institucional y el coste lo asumirían las personas trans. El PSOE exige que el Ayuntamiento deje de actuar como altavoz de discursos que considera contrarios a la convivencia y recupere su papel como garante de derechos para toda la ciudadanía, sin excepciones ni peajes ideológicos.

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