José Luis Ruiz denuncia opacidad ante el TSJ y exige acceso al caso de una tubería de más de 10 kilómetros en Zarzalico y Béjar

El PSOE de Lorca solicitará la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Gobierno local de Fulgencio Gil a facilitar el acceso a expedientes municipales que, según denuncian los socialistas, siguen sin entregarse pese a la resolución judicial favorable. El concejal José Luis Ruiz Guillén ha acusado al Ejecutivo de PP y Vox de mantener una actitud de “opacidad” y “falta de respeto” hacia la justicia, hacia la labor de fiscalización de la oposición y hacia el derecho de información de la ciudadanía.
Ruiz Guillén ha recordado que el pasado 18 de marzo de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ratificó la sentencia del Juzgado número 5 de Murcia que daba la razón al PSOE frente a la negativa del Gobierno municipal a permitir el acceso a determinada documentación. Según el edil, casi dos meses después de aquella ratificación, el alcalde continúa sin cumplir la resolución judicial.
“Han pasado casi dos meses desde la ratificación y el señor Gil sigue sin cumplir la ley. Se jactan de hablar de justicia, pero parece que solo es para que la cumplan los demás”, ha señalado el concejal socialista, que ha anunciado que su grupo no esperará más y acudirá de nuevo a la vía judicial para pedir la ejecución forzosa de la sentencia.
El conflicto afecta al derecho de acceso a información municipal por parte de los concejales, una herramienta básica para el control democrático de cualquier gobierno local. El PSOE sostiene que la negativa o el retraso en facilitar expedientes impide a la oposición comprobar cómo se han tramitado determinados asuntos, qué informes existen, qué decisiones se adoptaron y si las actuaciones municipales se ajustaron a la normativa.
Entre la documentación reclamada destaca el expediente 2024/7976, relativo a las obras de una tubería en las pedanías de Zarzalico y Béjar. Según el PSOE, se trata de una conducción de más de 10 kilómetros cuya ejecución plantea dudas relevantes sobre licencias, permisos, inspecciones y actuación municipal. El caso, según ha indicado Ruiz Guillén, ya habría llegado a la Fiscalía de Medio Ambiente.
La tubería de Zarzalico y Béjar, en el centro de la denuncia
José Luis Ruiz ha situado el foco en unas obras que, según el relato del PSOE, se realizaron durante el verano de 2024 en las pedanías de Zarzalico y Béjar. El concejal ha descrito estos trabajos como una actuación ejecutada “con nocturnidad y alevosía”, después de que vecinos de la zona denunciaran movimientos nocturnos relacionados con la instalación de la tubería.
El edil socialista ha explicado que el SEPRONA se personó el 6 de agosto de 2024 tras las denuncias vecinales. Según la información trasladada por el PSOE, el promotor habría presentado únicamente una declaración responsable un día después de la inspección. Para el Grupo Municipal Socialista, esa figura jurídica sería insuficiente para una obra de esta magnitud, al tratarse de una conducción superior a los 10 kilómetros.
Ruiz Guillén sostiene que una actuación de estas características requería licencia municipal preceptiva y autorizaciones de distintos organismos competentes, entre ellos la Confederación Hidrográfica, Carreteras y la Comunidad Autónoma. Según la denuncia socialista, la obra carecía de esos permisos, un extremo que el PSOE quiere verificar mediante el acceso completo al expediente municipal.
El concejal también ha cuestionado los tiempos de reacción del Ayuntamiento. Según ha afirmado, la inspección municipal no se realizó hasta finales de agosto de 2024, cuando la tubería ya estaba prácticamente enterrada en su totalidad. En ese momento, siempre según el relato del PSOE, solo quedaban visibles unos 2,5 kilómetros de la conducción, lo que habría dificultado comprobar el alcance real de los trabajos ejecutados.
La información que reclama el Grupo Municipal Socialista resulta especialmente sensible porque afecta a pedanías donde el agua, las infraestructuras hidráulicas y el uso de recursos son cuestiones de enorme importancia social, económica y ambiental. En zonas rurales como Zarzalico y Béjar, cualquier conducción de gran longitud puede tener implicaciones sobre caminos, terrenos, permisos, afecciones ambientales, disponibilidad hídrica y posibles responsabilidades administrativas.
Por eso, el PSOE insiste en que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, quién autorizó las obras, qué documentación se presentó, qué informes emitió el Ayuntamiento, qué actuación realizaron los servicios técnicos y si se adoptaron medidas una vez conocida la existencia de los trabajos.
El PSOE pregunta qué intenta ocultar el Gobierno local
Ruiz Guillén ha elevado el tono político al preguntarse qué pretende ocultar el Gobierno de Fulgencio Gil con su negativa a entregar la documentación. El concejal ha apuntado a una posible “mala praxis” en la gestión municipal del procedimiento, aunque ha situado esa valoración en el terreno de las dudas que, según el PSOE, solo podrán aclararse con el acceso completo al expediente y con la investigación de los hechos por los órganos competentes.
“¿Qué intenta ocultar el alcalde Fulgencio Gil? ¿Tiene miedo a que se descubra que el Ayuntamiento actuó con mala praxis en este procedimiento?”, ha cuestionado el edil socialista.
El PSOE considera que el comportamiento del Gobierno local agrava las sospechas. Para los socialistas, si todo se hizo correctamente, no debería existir ningún obstáculo para entregar el expediente y permitir la fiscalización ordinaria por parte de los concejales. La falta de transparencia, según Ruiz Guillén, alimenta la preocupación sobre una actuación que ya presentaba dudas por la forma en que se ejecutó y por la ausencia de información pública clara.
El derecho de acceso de los concejales a expedientes municipales no es una concesión graciosa del alcalde ni una herramienta partidista. Forma parte de las garantías democráticas que permiten a la oposición controlar al Gobierno, detectar posibles irregularidades, formular preguntas, presentar iniciativas y trasladar información a la ciudadanía. Cuando un Ejecutivo bloquea o retrasa ese acceso, dificulta la labor de control y debilita la transparencia institucional.
En este caso, además, existe una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Para el PSOE, el incumplimiento de esa resolución ya no puede justificarse como una discrepancia administrativa, sino como una actitud de resistencia frente a una obligación judicial. De ahí que el grupo municipal haya anunciado que pedirá la ejecución forzosa.
La ejecución forzosa permitiría instar judicialmente al Ayuntamiento a cumplir lo ordenado y facilitar la documentación reclamada. El PSOE pretende así evitar que el paso del tiempo vacíe de contenido una sentencia que reconoció su derecho de acceso. Para Ruiz Guillén, el Gobierno local no puede utilizar la demora como estrategia para impedir que se conozca la información.
Transparencia para las pedanías y respeto a la justicia
El concejal socialista ha concluido su denuncia con una advertencia clara: el PSOE no renunciará a fiscalizar la actuación del Gobierno municipal. Ruiz Guillén ha defendido que los lorquinos, y especialmente los vecinos de las pedanías afectadas por problemas de agua y recursos hídricos, merecen explicaciones, documentos y transparencia, no silencio administrativo ni obstáculos políticos.
“No vamos a cesar en nuestro empeño de fiscalizar al Gobierno. Los lorquinos, especialmente los vecinos de nuestras pedanías que sufren la escasez de recursos hídricos, merecen transparencia y no el desprecio de su alcalde”, ha afirmado.
El caso de la tubería de Zarzalico y Béjar reúne varios elementos de interés público: una obra de gran longitud, dudas sobre licencias y autorizaciones, denuncias vecinales por trabajos nocturnos, intervención del SEPRONA, una inspección municipal que el PSOE considera tardía, un expediente que no se entrega y una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a facilitar información.
La respuesta del Gobierno local será determinante para aclarar el alcance real del caso. Si la actuación fue correcta, la entrega del expediente debería permitir comprobarlo. Si existieron fallos, omisiones o decisiones discutibles, la documentación permitirá conocer responsabilidades y corregir prácticas. En ambos escenarios, la transparencia es la única salida razonable.
El PSOE sitúa este episodio dentro de una crítica más amplia a la forma de gobernar de Fulgencio Gil y sus socios de Vox. Los socialistas acusan al Ejecutivo local de hablar de legalidad mientras incumple resoluciones judiciales cuando afectan a su propia gestión. Esa contradicción, según Ruiz Guillén, erosiona la confianza institucional y deja a los vecinos sin respuestas sobre asuntos que afectan directamente a sus pedanías.
Lorca no puede permitirse que expedientes sensibles queden atrapados en la opacidad. Menos aún cuando existe una sentencia que reconoce el derecho de acceso a la información. La tubería de Zarzalico y Béjar debe aclararse con documentos, informes y responsabilidades si las hubiera. Y el Ayuntamiento, antes que resistirse, debería cumplir la resolución judicial y demostrar que no tiene nada que ocultar.
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