La sentencia anula resoluciones del alcalde y apunta a actuaciones “dilatorias” para impedir acceso a expedientes
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por vulnerar derechos fundamentales de concejalas de la oposición tras impedirles acceder en plazo a expedientes municipales solicitados para ejercer labores de control político.
La resolución judicial anula varias decisiones firmadas por el alcalde del municipio, Pedro José Noguera Asensio, y por la Secretaría General del Ayuntamiento, al considerar que retrasaban de forma indeterminada el acceso a documentación municipal “perfectamente identificada y digitalizada”.
Según recoge la sentencia, el consistorio convirtió el derecho de acceso a la información pública “en una mera expectativa condicionada”, dificultando de forma efectiva las funciones de fiscalización y control de la oposición municipal.
Las solicitudes habían sido registradas por el Grupo Municipal Socialista y contenían incluso el número concreto de los expedientes requeridos, además de pedir acceso telemático a través del gestor documental municipal Gestiona.
Sin embargo, las respuestas del Ayuntamiento señalaban de forma reiterada que la documentación sería facilitada “cuando estuviera a disposición” de Secretaría General, pese a que este órgano es precisamente el encargado legal de custodiar y tramitar dichos expedientes administrativos.
El Ministerio Fiscal apreció una conducta “dilatoria o denegatoria”
Durante el procedimiento judicial, tanto las concejalas recurrentes como el Ministerio Fiscal defendieron la existencia de un patrón de actuación reiterado orientado a retrasar el acceso a la información solicitada.
De hecho, el propio Ministerio Fiscal llegó a advertir expresamente de una conducta municipal “de carácter dilatorio o incluso denegatorio”.
Desde el Grupo Municipal Socialista sostienen que no se trata de un problema administrativo puntual, sino de una actuación sistemática destinada a dificultar el control democrático de la oposición sobre la gestión municipal.
La nota difundida por los socialistas vincula además esta situación con el contexto judicial que afecta actualmente al Gobierno local, después de que otro juzgado de Molina de Segura haya abierto diligencias previas contra dos concejalas del Ejecutivo municipal por una presunta prevaricación administrativa relacionada con más de 270.000 euros en gastos de las fiestas patronales de 2023.
Según expone el comunicado, dichas contrataciones se habrían realizado de forma verbal, sin procedimiento administrativo y bajo supuestas exclusividades cuestionadas en la investigación judicial.
El PSOE vincula el bloqueo con posibles irregularidades
Fuentes socialistas consideran que la sentencia refuerza la sospecha de que existía una voluntad deliberada de dificultar el acceso a información sensible que pudiera revelar irregularidades administrativas o hechos susceptibles de reproche penal.
El comunicado recuerda además que la propia sentencia recoge que el Ayuntamiento solo reaccionó y fijó fechas concretas para permitir el acceso a la documentación después de la interposición del recurso judicial y del requerimiento efectuado por el juzgado.
Para el PSOE, este comportamiento refuerza la impresión de una actuación “defensiva y obstruccionista” por parte del equipo de gobierno municipal.
Los socialistas también destacan la “contradicción institucional” que, a su juicio, supone que el alcalde Pedro José Noguera forme parte de la Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local de la FEMP mientras un juzgado condena al Ayuntamiento por vulnerar derechos fundamentales relacionados precisamente con el acceso a información pública.
“Es difícil encontrar una contradicción institucional mayor”, sostienen desde el Grupo Municipal Socialista en el comunicado remitido a los medios.
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