Carmina Fernández exige en Alhama una comisión de investigación y reclama responsabilidades políticas al Gobierno regional
El PSOE ha elevado de nuevo la presión política sobre Fernando López Miras por el denominado caso de las prótesis, investigado por la UDEF, y ha exigido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades políticas. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, y la secretaria general del PSOE de Alhama de Murcia y alcaldesa del municipio, Rosa Sánchez, han acusado al Gobierno regional de intentar ocultar el alcance de un escándalo que, según los socialistas, afecta directamente a la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública de la Región de Murcia.
La denuncia se realizó en Alhama de Murcia, ante el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad, donde Fernández calificó el caso como “el mayor escándalo sanitario que se ha producido en la Región de Murcia”. Según la portavoz socialista, las investigaciones policiales apuntan a la presunta implantación de prótesis caducadas y no homologadas en intervenciones de cirugía vascular realizadas en hospitales de la Comunidad Autónoma, unos hechos que, de confirmarse, tendrían una enorme gravedad sanitaria, política y social.
Fernández advirtió de que el caso no puede abordarse únicamente desde la perspectiva económica, aunque habló de un posible fraude millonario. A su juicio, lo más relevante es que se habría puesto en riesgo la salud de personas que acudieron a un hospital público confiando en recibir la mejor atención posible. “La confianza de los pacientes en la sanidad pública se ha quebrado. Estamos hablando de un presunto fraude millonario, pero sobre todo de una situación en la que se ha puesto en riesgo la salud de personas que acudieron a un hospital confiando en recibir la mejor atención posible”, afirmó.
La portavoz socialista dirigió sus críticas directamente contra el Ejecutivo autonómico y contra el presidente regional. Según Fernández, lejos de ofrecer explicaciones claras tras conocerse los hechos investigados, el Gobierno regional habría intentado minimizar el alcance del caso. “Lo que ha hecho el Gobierno regional es tapar con tierra este escándalo. López Miras lleva semanas escondido sin dar explicaciones y los ciudadanos merecen saber qué ha ocurrido y quiénes son los responsables”, señaló.
El PSOE sostiene que la dimensión del caso exige una respuesta institucional inmediata, transparente y documentada. Por eso, además de reclamar explicaciones públicas, ha recordado que ya se ha personado en la causa judicial abierta, ha registrado solicitudes de información en la Asamblea Regional, ha pedido la comparecencia del presidente autonómico y ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación parlamentaria.
Una investigación que golpea al corazón del sistema sanitario
El caso de las prótesis se ha convertido en uno de los asuntos más delicados para el Gobierno regional por su conexión directa con la seguridad de los pacientes y con los mecanismos de control del Servicio Murciano de Salud. La presunta utilización de material caducado y no homologado en intervenciones quirúrgicas, según la información trasladada por el PSOE a partir de las investigaciones policiales, abre preguntas de enorme calado sobre la trazabilidad de los productos sanitarios, la supervisión administrativa y las responsabilidades de quienes debían garantizar que esos materiales cumplían todos los requisitos.
Carmina Fernández insistió en que la obligación de proteger a los pacientes correspondía a la Consejería de Salud, al Servicio Murciano de Salud y al Gobierno regional. Esa cadena de responsabilidad política es la que el PSOE quiere llevar al Parlamento autonómico para conocer qué controles existían, cuándo se tuvo conocimiento de las posibles irregularidades, qué medidas se adoptaron y por qué no se ofrecieron explicaciones públicas desde el primer momento.
“Quien tenía la obligación de proteger a los pacientes era la Consejería de Salud, el Servicio Murciano de Salud y el Gobierno regional. Si se confirman los hechos, estamos ante una situación de enorme gravedad que exige transparencia y responsabilidades”, añadió la portavoz socialista.
La formación socialista plantea la comisión de investigación como una herramienta para reconstruir lo ocurrido, acceder a documentación y permitir comparecencias que ayuden a determinar si hubo fallos de control, negligencias administrativas o decisiones políticas que contribuyeron a que la trama pudiera operar. El PSOE evita situar sus conclusiones en el terreno judicial, que corresponde a los tribunales, pero sí reclama una depuración de responsabilidades políticas en el ámbito institucional.
El fondo de la denuncia es claro: cuando la posible irregularidad afecta a material utilizado en intervenciones médicas, la respuesta no puede limitarse al silencio, a la minimización del problema o a esperar el avance de la causa judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber si los controles funcionaron, si hubo alertas, si se ignoraron advertencias y qué garantías existen ahora para evitar que algo similar pueda repetirse.
Alhama vincula el escándalo con los retrasos en su centro de salud
Rosa Sánchez situó el caso de las prótesis dentro de una preocupación más amplia por el estado de los servicios públicos sanitarios en la Región de Murcia y, en particular, por la situación que atraviesa Alhama de Murcia. La alcaldesa recordó que hace apenas unas semanas el Ayuntamiento tuvo que denunciar públicamente los retrasos en la ampliación del Centro de Salud y del Servicio de Urgencias para obtener respuesta del Servicio Murciano de Salud.
Según explicó Sánchez, la contestación a los requerimientos municipales permaneció durante meses sin tramitar pese a estar firmada desde noviembre, lo que habría retrasado el inicio de unas obras consideradas esenciales para el municipio. “Queremos saber por qué se guardó durante seis meses una respuesta imprescindible para poner en marcha la ampliación del centro de salud. Los vecinos de Alhama merecen explicaciones”, afirmó.
La alcaldesa denunció también las carencias asistenciales que soportan usuarios y profesionales sanitarios en el municipio. Según señaló, las instalaciones actuales resultan insuficientes para atender a una población cercana a los 25.000 habitantes. Sánchez describió un servicio de urgencias saturado, con problemas de espacio, falta de intimidad para los pacientes y dependencias que no responden a las necesidades reales de Alhama.
“Se han normalizado situaciones que no son normales. Tenemos un servicio de urgencias saturado, con problemas de espacio, falta de intimidad para los pacientes y unas instalaciones que no responden a las necesidades reales del municipio”, denunció la alcaldesa.
La intervención de Sánchez añadió una dimensión local al caso. No se trata solo de una investigación autonómica sobre el funcionamiento del Servicio Murciano de Salud, sino de un debate que conecta con las carencias que muchos municipios denuncian en materia sanitaria: centros insuficientes, demoras administrativas, falta de medios y sensación de abandono institucional. En Alhama, el PSOE sostiene que la situación del centro de salud es un ejemplo de cómo las decisiones del Gobierno regional repercuten directamente en la vida cotidiana de los vecinos.
Transparencia y posibles afectados en el municipio
La alcaldesa de Alhama expresó además su preocupación por la posible existencia de vecinos del municipio afectados por la trama investigada. Por ello, anunció que solicitarán información para conocer si hay residentes perjudicados por estos hechos. La petición introduce una preocupación especialmente sensible: la necesidad de identificar con claridad a los posibles pacientes afectados, garantizarles información y ofrecerles todas las garantías sanitarias y jurídicas que correspondan.
El PSOE reclama que el Gobierno regional actúe con transparencia, ofrezca explicaciones públicas y garantice que se esclarezcan todas las circunstancias relacionadas con el caso. Para los socialistas, la gravedad de las investigaciones exige que el Ejecutivo de López Miras deje de refugiarse en el silencio y comparezca ante la ciudadanía y ante la Asamblea Regional.
La exigencia de una comisión de investigación busca precisamente evitar que el caso quede encerrado en una respuesta administrativa limitada. La formación socialista quiere que el Parlamento autonómico analice lo ocurrido, que se conozcan los documentos, que comparezcan los responsables y que se determinen las responsabilidades políticas que puedan derivarse de los hechos investigados.
El caso de las prótesis vuelve así a situar al Servicio Murciano de Salud en el centro de la agenda política regional. Desde Alhama de Murcia, Carmina Fernández y Rosa Sánchez han reclamado respuestas, transparencia y garantías para los pacientes. “Vamos a llegar hasta el final para que se conozca toda la verdad y para que quienes tengan responsabilidades las asuman”, concluyeron ambas dirigentes socialistas.
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