El PSOE acusa a Gil de construir tres veces menos vivienda pública

El PSOE acusa a Gil de construir tres veces menos vivienda pública

Ruiz Guillén denuncia que Lorca proyecta solo cinco viviendas municipales con un presupuesto similar al de 16 inmuebles privados

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca ha denunciado la gestión del Gobierno de Fulgencio Gil en materia de vivienda pública tras el anuncio municipal sobre la concesión de licencia para una promoción privada en la avenida Juan Carlos I. El concejal socialista José Luis Ruiz Guillén ha cuestionado que el Ejecutivo local presente como un logro institucional una actuación financiada por la iniciativa privada, mientras la propia política municipal de vivienda resulta, a juicio del PSOE, “insuficiente y excesivamente costosa”.

La crítica socialista se centra en una comparación directa entre el coste previsto para una promoción privada y el presupuesto que el Ayuntamiento prevé destinar a vivienda pública. Según los datos aportados por Ruiz Guillén, una empresa privada levantará 16 viviendas con un presupuesto de ejecución de 965.000 euros, mientras que el Ayuntamiento proyecta invertir casi la misma cantidad, 900.000 euros, para construir únicamente cinco viviendas municipales.

Para el PSOE, la diferencia revela una gestión ineficaz de los recursos públicos en un ámbito especialmente sensible para jóvenes, familias trabajadoras y personas con dificultades para acceder a una vivienda. El concejal socialista considera que los datos dejan en evidencia la falta de planificación del Gobierno local y la distancia entre la propaganda municipal y los resultados reales.

“Los datos son demoledores. Con un coste equivalente, la iniciativa privada construye más del triple de viviendas que el Ayuntamiento”, ha subrayado Ruiz Guillén. El edil socialista ha destacado además que las viviendas municipales proyectadas no contarían con plazas de aparcamiento, una prestación que sí incorporan habitualmente las promociones privadas actuales.

La denuncia del PSOE llega en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales en muchos municipios. En Lorca, los socialistas sostienen que el Ayuntamiento no puede limitarse a celebrar la actividad urbanística privada mientras su propia capacidad para incrementar el parque público de vivienda sigue siendo reducida, cara y sin una estrategia clara de futuro.

Una licencia urbanística no es un mérito político

Ruiz Guillén ha reprochado al Gobierno local que intente apropiarse políticamente de una promoción privada presentada como señal de dinamismo urbano. Para el concejal socialista, la concesión de licencias urbanísticas forma parte de la actividad ordinaria de cualquier administración municipal y no puede utilizarse como si fuera una iniciativa directa del Ejecutivo local.

“El señor Gil pretende apuntarse como éxito propio una promoción financiada íntegramente por una empresa privada. El Ayuntamiento solo ha cumplido con su deber de tramitar una licencia que cumple la legalidad”, ha señalado el edil.

La crítica apunta a una práctica habitual en la comunicación institucional: convertir trámites administrativos ordinarios en anuncios políticos. El PSOE sostiene que el Ayuntamiento no ha construido esas viviendas, no las financia y no las pone al servicio de una política pública de acceso a la vivienda. Simplemente ha tramitado una licencia urbanística, algo que forma parte de sus obligaciones legales cuando el proyecto cumple los requisitos correspondientes.

Para los socialistas, esa diferencia es fundamental. La iniciativa privada puede contribuir a aumentar la oferta residencial en el municipio, pero no sustituye una política municipal de vivienda pública. El acceso a una vivienda asequible exige intervención pública, suelo disponible, planificación, ayudas eficaces y un parque municipal suficiente para atender situaciones de necesidad o facilitar la emancipación.

El PSOE considera que el Gobierno local intenta tapar su debilidad en vivienda pública destacando inversiones privadas ajenas. La pregunta que plantea Ruiz Guillén no es si una empresa puede o no construir viviendas, sino por qué el Ayuntamiento, con un presupuesto casi equivalente, proyecta solo cinco inmuebles y sin aparcamiento. A juicio del Grupo Socialista, esa diferencia obliga a revisar la eficiencia del gasto municipal y la capacidad real del Ejecutivo de Fulgencio Gil para ofrecer soluciones habitacionales.

La comparación resulta políticamente incómoda porque mide resultados con cifras concretas. Frente a 16 viviendas privadas con 965.000 euros de presupuesto de ejecución, el Ayuntamiento prevé cinco viviendas públicas con 900.000 euros. Esa desproporción es la base de la denuncia socialista y el argumento con el que Ruiz Guillén cuestiona la gestión local.

Falta de planificación y servicios en la vivienda pública

El Grupo Socialista sostiene que construir menos viviendas públicas y con menos prestaciones constituye la “prueba definitiva” de la falta de eficacia del equipo de Gobierno. La ausencia de garajes en las viviendas municipales proyectadas es uno de los elementos que Ruiz Guillén ha utilizado para reforzar su crítica, al entender que no solo se construye menos, sino que además se ofrece una solución menos completa.

“Estamos obteniendo resultados radicalmente distintos con el mismo esfuerzo económico de los lorquinos”, ha lamentado el concejal socialista.

La vivienda pública no puede analizarse únicamente por el número de unidades construidas, pero ese indicador resulta clave cuando existe una necesidad social creciente. Si el Ayuntamiento invierte una cantidad elevada para levantar solo cinco viviendas, el impacto real sobre el acceso a la vivienda será limitado. Para el PSOE, esa baja rentabilidad social del gasto público refleja una gestión deficiente y una falta de ambición política.

La denuncia conecta con un debate de fondo sobre qué papel debe desempeñar el Ayuntamiento en materia de vivienda. Aunque muchas competencias dependen de otras administraciones, los municipios disponen de herramientas relevantes: suelo público, planeamiento urbanístico, licencias, convenios, ayudas, colaboración con otras instituciones y capacidad para impulsar promociones municipales o fórmulas de vivienda asequible.

Ruiz Guillén considera que el Gobierno local debe abandonar la política de anuncios y centrarse en soluciones estructurales. Entre las medidas que plantea el PSOE se encuentran una mayor disponibilidad de suelo público, el incremento real del parque municipal de vivienda, ayudas eficaces para la emancipación y medidas orientadas a moderar los precios de oferta.

La disponibilidad de suelo público es uno de los elementos centrales. Sin suelo, cualquier política de vivienda pública queda limitada o encarecida. El PSOE sostiene que el Ayuntamiento debe planificar a medio y largo plazo, identificar parcelas, movilizar recursos y diseñar actuaciones que permitan multiplicar el número de viviendas disponibles para jóvenes y familias trabajadoras.

El incremento del parque municipal también resulta esencial. Cinco viviendas pueden ofrecer respuesta a casos concretos, pero difícilmente cambian la situación del mercado local ni permiten abordar una demanda amplia. Los socialistas reclaman una política sostenida, con objetivos medibles y capacidad para ampliar de forma real la oferta pública.

Las ayudas a la emancipación completan esa visión. Para muchos jóvenes, el problema no es solo encontrar vivienda, sino poder asumir alquileres o precios de compra compatibles con sus salarios. El PSOE defiende medidas eficaces, no anuncios puntuales, para facilitar el acceso de la juventud lorquina a una vivienda digna.

Menos propaganda y más soluciones para Lorca

Ruiz Guillén ha acusado a Fulgencio Gil de confundir gestión con propaganda y de utilizar inversiones privadas para ocultar la falta de proyecto propio en vivienda. Para el concejal socialista, los vecinos esperan resultados, no fotografías ni anuncios construidos sobre actuaciones que no dependen realmente del Ayuntamiento.

“Fulgencio Gil confunde gestión con propaganda”, ha señalado Ruiz Guillén. “Los vecinos esperan resultados, no que el Ayuntamiento se apropie de inversiones ajenas para ocultar su falta de proyecto en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía”.

La crítica del PSOE se dirige tanto al fondo como a la forma. En el fondo, denuncia una política municipal de vivienda pública que considera escasa, cara y mal planificada. En la forma, reprocha al Gobierno local que presente como éxito institucional una licencia concedida a una promoción privada, cuando la verdadera responsabilidad del Ayuntamiento debería ser ampliar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda.

La vivienda se ha convertido en un termómetro de la capacidad de gestión de las administraciones. En municipios como Lorca, donde jóvenes y familias trabajadoras necesitan soluciones asequibles, la política pública no puede limitarse a acompañar la actividad del mercado. La iniciativa privada puede generar oferta, pero no garantiza por sí sola precios accesibles ni respuestas para quienes quedan fuera del mercado.

El PSOE exige al Gobierno local que actúe con mayor ambición y eficacia. La comparación realizada por Ruiz Guillén entre la promoción privada y el proyecto municipal pretende poner números a una sensación política: con recursos similares, la iniciativa privada obtiene más viviendas, mientras el Ayuntamiento logra un resultado mucho menor y con menos prestaciones.

“Menos fotos, menos postureo permanente y trabajar más en la gestión de los problemas reales de los lorquinos y las lorquinas. A los ciudadanos les importan los hechos, no las fotos”, ha concluido Ruiz Guillén.

La denuncia socialista deja al Gobierno de Fulgencio Gil ante una cuestión difícil de esquivar: si la vivienda es una prioridad, la gestión municipal debe demostrarlo con resultados proporcionales al dinero público invertido. Cinco viviendas sin aparcamiento con un presupuesto de 900.000 euros no parecen, para el PSOE, una respuesta suficiente ante una demanda social creciente. Lorca necesita más vivienda pública, mejor planificación y menos apropiación política de inversiones privadas que, aunque puedan ser positivas para la ciudad, no sustituyen la obligación del Ayuntamiento de impulsar una política habitacional seria, eficaz y orientada a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar.

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