Manolo Torres advierte de inseguridad jurídica para los adjudicatarios y critica que 37 de los más de 50 quioscos sigan cerrados
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Gobierno de Noelia Arroyo continúa sin resolver las alegaciones presentadas a la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de quioscos en bienes de dominio público y en lugares contiguos a la vía pública, seis meses después de su aprobación inicial en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. La formación critica que la tramitación se haya quedado bloqueada y advierte de que esta demora está generando inseguridad jurídica entre los adjudicatarios.
El portavoz socialista, Manolo Torres, ha señalado que la ordenanza se elaboró “de espaldas a los adjudicatarios”, sin contar previamente con quienes mantienen o han mantenido la actividad en estos espacios. Según el PSOE, esa falta de diálogo inicial ha desembocado ahora en una tramitación lenta, marcada por alegaciones pendientes de contestación y por la incertidumbre sobre el futuro de un sector que ya arrastra una situación muy delicada.
“Este documento se hizo de espaldas a los adjudicatarios, sin consultarlos y ahora su tramitación se está eternizando generando una gran inseguridad jurídica a quienes son los titulares de estos quioscos”, ha destacado Torres.
La denuncia socialista se centra en la falta de respuesta del Gobierno municipal a las propuestas planteadas durante el periodo de alegaciones. El PSOE sostiene que los adjudicatarios han trasladado una batería de medidas para adaptar la normativa a la realidad del sector, pero que el Ejecutivo local no ha resuelto todavía esas aportaciones ni ha desbloqueado el procedimiento.
El problema afecta a un modelo de quioscos que, según los datos difundidos por el Grupo Municipal Socialista, se encuentra en una situación crítica. De los más de 50 quioscos existentes en Cartagena, 37 permanecen cerrados y solo 18 continúan abiertos, además, con importantes dificultades para mantener la actividad.
Un modelo que el PSOE considera obsoleto
El PSOE considera que la elevada cifra de quioscos cerrados demuestra que el modelo actual necesita una revisión profunda. Para los socialistas, la nueva ordenanza debería servir para actualizar las condiciones, facilitar la continuidad de los negocios viables y abrir la puerta a nuevos proyectos que permitan recuperar estos espacios para la actividad comercial y vecinal.
Sin embargo, Manolo Torres advierte de que los concesionarios perciben la ordenanza en sentido contrario. Según ha explicado, quienes han presentado alegaciones consideran que el texto aprobado inicialmente no actúa como un revulsivo, sino como una norma que puede agravar la situación de quienes todavía resisten y dificultar la llegada de nuevos emprendedores.
“La nueva normativa debería dar respuesta a esta situación y ser un revulsivo, pero los concesionarios consideran que es todo lo contrario, que incluye cláusulas que van a hundir a quienes todavía mantienen la concesión e impedir que nuevos emprendedores se atrevan a instalar allí sus negocios”, ha señalado Torres.
La formación socialista sostiene que una ordenanza de estas características no puede aprobarse ni tramitarse sin escuchar al sector afectado. Los quioscos forman parte del paisaje urbano y comercial de Cartagena, pero su supervivencia depende de que las condiciones administrativas, económicas y de explotación sean realistas.
El cierre de 37 establecimientos refleja, según el PSOE, que existe un problema estructural que no se resolverá únicamente con una norma más exigente. La formación reclama que la regulación tenga en cuenta la viabilidad de los negocios, las cargas que asumen los adjudicatarios y las posibilidades reales de atraer nuevas actividades a espacios que llevan años sin uso.
La preocupación de los socialistas se dirige también al impacto que la falta de respuesta municipal tiene sobre quienes mantienen abiertos sus quioscos. La ausencia de una resolución sobre las alegaciones impide saber qué cambios se incorporarán finalmente al texto y qué obligaciones concretas deberán asumir los titulares.
Para el PSOE, esa incertidumbre puede condicionar decisiones empresariales básicas, desde inversiones de mejora hasta la continuidad de la actividad o la planificación de nuevos proyectos. La seguridad jurídica, sostiene la formación, resulta imprescindible para cualquier negocio que dependa de una concesión o autorización municipal.
Alegaciones sin resolver y críticas a la gestión del Gobierno municipal
El Grupo Municipal Socialista enmarca este retraso dentro de lo que considera una parálisis más amplia del Gobierno de Noelia Arroyo. Según Torres, la falta de respuesta a las alegaciones de la Ordenanza de Quioscos es un ejemplo más de una gestión municipal que no atiende con agilidad los problemas reales del municipio.
Desde el PSOE consideran que la demora afecta especialmente al sector comercial, que necesita respuestas claras, procedimientos ágiles y normas adaptadas a la situación económica actual. La formación critica que el Gobierno municipal no haya resuelto todavía las propuestas presentadas por los adjudicatarios y que mantenga bloqueada una tramitación que debería haber avanzado con mayor rapidez.
Los socialistas sostienen que las alegaciones presentadas por los concesionarios no pueden permanecer indefinidamente sin respuesta. Para la formación, el Ayuntamiento debe analizar las propuestas, aceptar aquellas que mejoren el texto y justificar de manera motivada las que decida rechazar.
La ordenanza regula la instalación de quioscos en bienes de dominio público y en espacios próximos a la vía pública, por lo que afecta directamente al uso del espacio urbano, a la actividad económica y a la relación entre el Ayuntamiento y los titulares de estos negocios. Precisamente por ello, el PSOE defiende que la tramitación debe realizarse con transparencia, participación y seguridad.
Torres ha acusado al Gobierno municipal de estar más centrado en sus propios problemas internos y en la imagen que en la gestión efectiva de Cartagena. “La paralización del Gobierno de Arroyo está afectando especialmente al sector comercial del municipio, demostrando una vez más que el Partido Popular está más preocupado por sus problemas internos y por la imagen que por la gestión real del municipio”, ha afirmado.
La crítica socialista apunta a una cuestión de fondo: la necesidad de que la normativa municipal no se limite a ordenar el uso de los quioscos, sino que sirva para recuperar una actividad que se ha ido debilitando con el paso del tiempo. Con más de la mitad de los espacios cerrados, el PSOE considera que Cartagena necesita una regulación útil, acordada y capaz de ofrecer soluciones.
El PSOE reclama respuestas y una ordenanza adaptada al sector
El Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno de Noelia Arroyo que conteste las alegaciones presentadas y desbloquee la tramitación de la Ordenanza de Quioscos. La formación reclama que el texto final incorpore las necesidades reales de los adjudicatarios y contribuya a recuperar un modelo comercial que atraviesa una situación muy deteriorada.
Para Manolo Torres, el Ayuntamiento debe dejar de actuar de espaldas al sector y abrir una vía de diálogo que permita corregir las cláusulas que, según los concesionarios, pueden perjudicar la continuidad de los negocios abiertos e impedir nuevas adjudicaciones.
El PSOE sostiene que la regulación de los quioscos debe equilibrar el uso adecuado del dominio público con la viabilidad económica de quienes explotan estos espacios. Una ordenanza excesivamente rígida, advierte la formación, puede terminar vaciando aún más una red de establecimientos que ya presenta un número muy elevado de cierres.
La formación socialista considera que el Gobierno local tiene la obligación de ofrecer certidumbre a los titulares actuales y a los posibles emprendedores interesados en estos espacios. Para ello, reclama resolver cuanto antes las alegaciones y aprobar una normativa que no se convierta en un obstáculo añadido para el sector.
La situación de los quioscos de Cartagena muestra, según el PSOE, la necesidad de una política municipal más cercana al comercio de proximidad y a quienes dependen de pequeñas actividades económicas. La ordenanza, en lugar de eternizarse, debería convertirse en una herramienta para reactivar espacios cerrados, proteger a quienes siguen abiertos y adaptar el modelo a la realidad actual del municipio.
El Grupo Municipal Socialista insiste en que la falta de respuesta durante meses no solo retrasa un expediente administrativo, sino que agrava la incertidumbre de los adjudicatarios y mantiene sin resolver un problema visible en las calles de Cartagena. La formación reclama al Gobierno de Arroyo que abandone la parálisis, escuche al sector y convierta la Ordenanza de Quioscos en una solución y no en una nueva carga para quienes todavía intentan mantener viva esta actividad.
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