Isabel Gadea reclama responsabilidades tras los correos que, según el PSRM, probarían avisos previos del Tribunal de Cuentas
El PSRM-PSOE ha elevado la presión política sobre Fernando López Miras por la presunta trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud tras conocerse correos que, según los socialistas, demostrarían que el Gobierno regional conocía irregularidades detectadas en el SMS y no actuó para corregirlas ni para apartar a los responsables políticos vinculados a esa etapa. La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha exigido responsabilidades al presidente regional y ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber sido advertido por el Tribunal de Cuentas sin adoptar medidas suficientes.
Gadea ha sostenido que “el Tribunal de Cuentas advirtió al Gobierno de López Miras de irregularidades en el Servicio Murciano de Salud” y que los correos conocidos ahora demostrarían que el Ejecutivo “lo sabía y lo ocultó”. La dirigente socialista sitúa así el foco no solo en la investigación judicial o policial sobre el presunto fraude, sino en la respuesta política del Gobierno regional ante unas advertencias que, según el PSRM, habrían debido activar controles internos, depuración de responsabilidades y transparencia pública.
La acusación política llega en un momento de máxima tensión por un caso que ha golpeado de lleno al sistema sanitario público de la Región de Murcia. La investigación sobre la presunta trama de las prótesis ha incluido la detención de once personas por un fraude estimado en casi siete millones de euros al Servicio Murciano de Salud, con sospechas sobre el uso de material sanitario no homologado o caducado y sobre la manipulación de procesos de facturación y compra de productos sanitarios. (El País)
El Gobierno regional ha defendido en los últimos días que actuó cuando detectó las irregularidades. La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha afirmado que su departamento ya ha ofrecido explicaciones, que se ordenó una auditoría y que se informó a la Fiscalía, mientras que López Miras ha insistido en que no hay cargos públicos implicados y que fue el propio SMS el que denunció los hechos. (Cadena SER)
El PSOE cuestiona los ascensos tras las alertas sobre el SMS
La portavoz socialista ha denunciado que, pese a las advertencias que atribuye al Tribunal de Cuentas, el Gobierno regional no corrigió los problemas ni apartó a quienes tenían responsabilidades políticas durante el periodo investigado. “Al contrario, premió a algunos de ellos con nuevos cargos, como el actual consejero de Fomento o la nueva consejera de Salud”, ha afirmado Gadea.
La crítica apunta directamente al núcleo político del Ejecutivo autonómico y a la gestión del Servicio Murciano de Salud durante los años en los que se habrían producido las irregularidades. Para el PSRM-PSOE, el debate no puede limitarse a los autores materiales o a los posibles responsables administrativos del presunto fraude, sino que debe extenderse a quienes tenían la obligación política de supervisar, controlar y corregir las deficiencias del sistema.
Gadea ha insistido en que no se trata de un hecho aislado. “Estamos hablando de un presunto entramado criminal que, según las informaciones conocidas, llegó incluso a poner en riesgo la salud de los pacientes usando prótesis caducadas y material no homologado”, ha señalado. La dirigente socialista ha utilizado en todo momento el marco de presunción, pero ha subrayado la gravedad de las informaciones publicadas y la necesidad de que el Gobierno regional ofrezca una explicación clara sobre qué sabía, desde cuándo lo sabía y qué hizo con esa información.
La investigación conocida hasta ahora ha situado bajo sospecha operaciones relacionadas con material cardiovascular y prótesis, con posibles sobrecostes, facturación irregular y uso de productos que no habrían cumplido las condiciones exigibles. Algunas informaciones apuntan a cientos de intervenciones revisadas entre 2018 y 2025, aunque la Consejería de Salud ha defendido que, hasta el momento, no se habrían detectado consecuencias clínicas en los pacientes. (Cadena SER)
Ese contraste entre las acusaciones de la oposición y la defensa del Gobierno regional marca el eje político del caso. Mientras el PSOE sostiene que los correos conocidos demostrarían una cadena de conocimiento previo y falta de actuación, el Ejecutivo de López Miras mantiene que colaboró con la Justicia, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y que se ha personado como parte perjudicada.
Una crisis sanitaria con derivada política y judicial
El caso de las prótesis se ha convertido en una de las principales crisis políticas del Gobierno de López Miras en materia sanitaria. A las sospechas de fraude económico se suma una cuestión especialmente sensible: la posible afectación a pacientes del Servicio Murciano de Salud, con investigaciones sobre material caducado o no homologado que habrían obligado a revisar intervenciones y expedientes clínicos.
El presidente regional defendió la pasada semana a Isabel Ayala, actual consejera de Salud y anterior gerente del SMS, asegurando que es una persona capacitada para dirigir el departamento y que desde el Servicio Murciano de Salud se alertó sobre la trama. También afirmó que se puso todo en manos de la Fiscalía, que la Consejería se personó como parte perjudicada y que se aprobó el Registro de Implantes Quirúrgicos. (Europa Press)
Sin embargo, el PSRM-PSOE sostiene que esas explicaciones no son suficientes. La formación socialista reclama responsabilidades políticas porque considera que la cuestión central ya no es únicamente si se actuó cuando el caso estalló públicamente, sino por qué no se adoptaron antes medidas correctoras si, como afirma Gadea, existían advertencias previas del Tribunal de Cuentas y comunicaciones internas que ponían sobre la mesa irregularidades en el Servicio Murciano de Salud.
“Los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia merecen explicaciones claras y que los culpables asuman responsabilidades”, ha indicado Gadea, que ha vinculado este caso con la obligación del Gobierno regional de proteger tanto los recursos públicos como la seguridad de los pacientes. Para la portavoz socialista, la respuesta institucional debe ir más allá de la colaboración judicial y alcanzar también el terreno de la rendición de cuentas política.
“Desde el PSOE, vamos a llegar hasta el final, porque la familia de los afectados se merece una respuesta. López Miras tiene que dar la cara y, por una vez, hacer lo correcto y no lo que le conviene a su partido”, ha concluido Isabel Gadea.
La presunta trama de las prótesis abre así un doble frente para el Ejecutivo regional: el judicial, que deberá determinar los hechos, los perjuicios económicos y las posibles responsabilidades penales; y el político, centrado en aclarar si el Gobierno de la Región de Murcia recibió advertencias previas, qué alcance tenían, quién las conoció y por qué no se tradujeron antes en medidas efectivas de control dentro del Servicio Murciano de Salud.
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