«Isabel Ayala esquivó el primer asalto parlamentario y volvió al día siguiente con un relato escrito que no solo no despeja las sombras del caso sino que las agranda«
Hay huidas que se notan por el portazo y huidas que se esconden detrás de un trámite. La de Isabel Ayala en la Asamblea Regional no tuvo épica, ni persecución, ni escena de pasillo con micrófonos corriendo detrás. Fue más fría, más burocrática y, quizá por eso, más elocuente: la consejera de Salud no compareció el jueves cuando la Cámara quiso escucharla por la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud y la sesión tuvo que quedar suspendida hasta el viernes.
No hablamos de un asunto menor, ni de una polémica pasajera, ni de una discusión política de consumo rápido. Hablamos de una investigación que afecta al corazón del sistema sanitario público, a contratos, facturas, implantes, material presuntamente no homologado en el circuito del SMS, trazabilidad, posibles productos caducados y pacientes que tienen derecho a saber qué ocurrió, quién lo permitió y durante cuánto tiempo. Ante algo así, lo normal en una democracia sana no es buscar la salida reglamentaria más cómoda, sino quedarse, sentarse y responder.
Ayala no lo hizo el jueves. Compareció al día siguiente. Y ese aplazamiento, lejos de ser un detalle formal, abrió una pregunta que ya forma parte del caso: ¿por qué necesitó la consejera ganar tiempo? ¿Porque no tenía papeles suficientes? ¿Porque no sabía qué decir? ¿Porque todavía no estaba construido el marco verbal con el que intentar reducir un posible escándalo sanitario a un simple fraude económico? ¿Porque hacía falta ordenar la versión, elegir las palabras, medir los silencios y envolverlo todo en esa música administrativa que suena a transparencia aunque no siempre la practique?
El viernes, la consejera apareció con el relato ya encuadernado. No fue una comparecencia para despejar todas las dudas. Fue, más bien, una lectura defensiva. Una intervención calculada para fijar tres ideas: la Consejería actuó con diligencia, los controles internos funcionaron y no hay constancia de daño a pacientes. El problema no está en que esas frases sean políticamente útiles. El problema está en que, puestas frente a lo que ya se conoce, empiezan a sonar demasiado pequeñas para un agujero demasiado grande.
La coartada del fraude económico
El Gobierno regional parece empeñado en encerrar el caso en una caja manejable: la del fraude económico. Es una fórmula cómoda. Suena a facturas, a irregularidades administrativas, a funcionarios que habrían manipulado expedientes o partes quirúrgicos para cobrar más de lo debido. Suena grave, sí, pero lejos del miedo que produce una palabra mucho más delicada: paciente.
Y ahí está el primer intento de maquillaje. Porque reducirlo todo a dinero permite alejar el foco de lo realmente inquietante. Si se facturó un producto distinto al utilizado, si se empleó material que no constaba adecuadamente en el circuito del SMS, si determinados implantes no podían rastrearse con normalidad o si hubo dificultades para saber con precisión qué llevaba cada paciente, entonces ya no estamos solo ante un problema contable. Estamos ante un problema de confianza sanitaria.
La trazabilidad no es una obsesión de burócratas. No es una columna en un programa informático ni un código que se rellena para que cuadren los papeles. La trazabilidad es lo que permite saber qué producto se implantó, a qué paciente, en qué fecha, con qué lote, bajo qué referencia y con qué garantías. Es lo que permite actuar si mañana se detecta un defecto en un dispositivo, una alerta sanitaria o una partida defectuosa. Sin trazabilidad real, la Administración no controla: reconstruye. Y en sanidad, reconstruir tarde puede ser una forma elegante de reconocer que antes se miró mal.
Por eso chirría tanto escuchar que todo se reduce a un perjuicio económico. Si fuera solo dinero, el caso ya sería muy grave. Pero lo que se está conociendo apunta a algo más profundo: un circuito que habría permitido durante años prácticas irregulares dentro de un hospital público de referencia, con productos utilizados, facturados o codificados de manera cuestionable y con advertencias internas sobre los efectos que esa forma de operar podía tener sobre la seguridad del paciente.
La consejera intenta levantar una pared entre lo económico y lo sanitario. Pero esa pared es de cartón. En un hospital público, lo económico y lo sanitario no viven en habitaciones separadas. Una compra irregular puede afectar a la calidad del producto. Un código incorrecto puede afectar a la trazabilidad. Una factura falsa puede ocultar un material distinto. Una homologación saltada puede impedir controles técnicos. Y una Administración que no sabe explicar todo eso con claridad no transmite calma: transmite miedo.
Ayala repite que no hay pacientes afectados. Pero conviene detenerse en esa frase. No es lo mismo decir que no se ha acreditado daño clínico que afirmar, como si fuera una certeza cerrada, que no hay pacientes afectados. La primera fórmula es prudente. La segunda puede ser una forma de precipitación política. Porque si la investigación sigue abierta, si no se ha revisado todo, si existen indicios sobre al menos un producto caducado implantado y si la propia trazabilidad aparece bajo sospecha, la obligación de una consejera no es tranquilizar a cualquier precio. Es decir exactamente qué se sabe, qué no se sabe todavía y qué se está haciendo para saberlo.
La serenidad no se fabrica con frases redondas. Se construye con datos.
Cuando los controles “funcionan” después de años de sombra
Otra de las ideas centrales de Ayala fue que los controles internos funcionaron. Es una frase de manual. Se dice mucho en las crisis porque convierte un fallo en una virtud. El sistema no falló, viene a decir el Gobierno, porque el sistema acabó descubriendo el fallo. El problema es que esa lógica tiene un límite evidente: si una trama o presunta trama se prolonga durante años, presumir de controles exige antes explicar por qué esos controles llegaron tan tarde.
Sería como felicitarse por haber encontrado una gotera cuando el techo ya está empapado. Sí, alguien la vio. Pero la pregunta importante es cuánto tiempo llevaba cayendo agua, quién ignoró las manchas, quién firmó las reparaciones inútiles y por qué nadie abrió antes la cubierta.
Aquí ocurre algo parecido. Si el uso de determinados productos no homologados en el circuito interno venía de años atrás, si existían advertencias, si había diferencias entre lo que se usaba y lo que se registraba, si se generaron sobrecostes y si la investigación tuvo que avanzar hasta destapar un funcionamiento anómalo, entonces la frase “los controles funcionaron” necesita muchas notas al pie. Demasiadas.
Funcionaron tarde. Funcionaron después de que el sistema ya hubiera permitido prácticas que ahora se investigan. Funcionaron cuando el daño económico podía ser muy elevado. Funcionaron cuando la confianza pública ya estaba comprometida. Y funcionaron, además, en una estructura que durante parte del periodo investigado tuvo a la actual consejera en puestos de máxima responsabilidad sanitaria.
Ese es el punto que Ayala no puede borrar con una lectura parlamentaria. Su defensa se apoya en que no hay cargos políticos investigados judicialmente. Y eso, si es así, debe decirse con precisión. Pero la responsabilidad política no necesita esperar a que un juzgado llame a la puerta. No todo lo que compromete a un Gobierno cabe en un auto judicial. Hay responsabilidades que nacen antes: en la vigilancia, en la organización, en los protocolos, en la capacidad de detectar desviaciones, en la obligación de impedir que un servicio público se convierta en territorio de nadie.
Ayala no era una espectadora. No pasaba por allí. Dirigió áreas clave del SMS antes de llegar a la Consejería. Por eso no basta con que diga que colaborará con la Justicia o que el SMS se persona como perjudicado. La pregunta política es más incómoda: ¿cómo puede presentarse únicamente como parte perjudicada quien ha formado parte de la dirección del sistema en el periodo en el que se habrían producido o mantenido algunas de las irregularidades investigadas?
No se trata de imputarle hechos que no constan. Se trata de exigirle una explicación proporcional a su cargo. Y hasta ahora la explicación parece más preocupada por proteger el relato del Gobierno que por abrir de verdad las ventanas.
La comparecencia que llegó tarde y leyó poco
La imagen del viernes fue la de una consejera parapetada tras los folios. Eso, por sí solo, no es un pecado político. En una comparecencia de este tipo es normal llevar documentación, fechas, datos y notas. Lo extraño es que todo sonara tan blindado y, al mismo tiempo, tan incompleto. Como si la prioridad no fuera responder a la inquietud pública, sino no salirse ni un milímetro del carril preparado.
Hay comparecencias que explican y comparecencias que administran daños. La de Ayala pareció más cerca de lo segundo. No disipó la sensación de fuga del día anterior. La prolongó. Porque comparecer no es únicamente ocupar un asiento. Comparecer es asumir el coste de las preguntas, entrar en el barro de las contradicciones y aceptar que, cuando el asunto afecta a pacientes y dinero público, el Gobierno no puede elegir solo las respuestas que le resultan cómodas.
La consejera insistió en que no quiere generar alarma. Nadie sensato quiere generarla. Pero hay una diferencia enorme entre no alarmar y no informar. La alarma se combate con transparencia, no con paternalismo. Se combate diciendo cuántas intervenciones se están revisando, qué productos están bajo sospecha, qué hospitales o unidades se han visto afectados, qué pacientes han sido llamados, qué criterios se están aplicando, qué controles fallaron y qué responsables administrativos han dado explicaciones internas. Se combate con luz, no con una manta encima del problema.
La política murciana está demasiado acostumbrada a confundir tranquilidad con silencio. A pedir paciencia cuando lo que falta es información. A acusar a la oposición de hacer ruido cuando el ruido lo produce la puerta que el Gobierno se niega a abrir. Pero en este caso el ruido no nace de una exageración partidista. Nace de documentos, avisos, investigaciones, contradicciones y una pregunta muy simple: ¿puede el Servicio Murciano de Salud garantizar hoy, sin fisuras, que sabe exactamente qué se implantó, a quién y bajo qué condiciones?
Si la respuesta es sí, debe demostrarlo. Si la respuesta es no, debe reconocerlo. Lo que no sirve es ese terreno intermedio en el que el Gobierno pide confianza mientras evita entregar certezas.
La fuga del jueves, vista con perspectiva, fue algo más que una ausencia. Fue una metáfora. Una consejera que se escapa del primer golpe político y vuelve al día siguiente con un texto preparado. Un Gobierno que necesita tiempo para ordenar la versión antes que urgencia para rendir cuentas. Una Administración que se presenta como víctima del fraude, pero que todavía no ha explicado por qué sus mecanismos no lo impidieron antes. Un relato oficial que quiere hablar de dinero cuando el caso ya habla también de seguridad, trazabilidad y confianza.
Isabel Ayala puede seguir leyendo. Puede insistir en que no hay cargos políticos investigados. Puede repetir que los controles funcionaron. Puede envolver la crisis en palabras como diligencia, rigor y transparencia. Pero las palabras, cuando se usan demasiadas veces para tapar agujeros, acaban sonando huecas.
Lo que necesita la Región de Murcia no es una consejera que comparezca cuando ya no le queda más remedio. Necesita una consejera que responda sin esconderse detrás del reglamento, sin reducir el caso a una factura inflada y sin convertir la prudencia judicial en coartada política. Porque aquí no solo está en juego la continuidad de una responsable pública. Está en juego algo mucho más serio: la confianza de miles de ciudadanos en que, cuando entran a un quirófano del SMS, la Administración sabe exactamente qué se les implanta y puede responder por ello.
Y esa confianza no se recupera leyendo un argumentario. Se recupera diciendo la verdad completa, incluso cuando duele. Sobre todo cuando duele.
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