El PSOE alerta de que la modificación del PGOU puede alterar la convivencia vecinal sin consenso ni participación real
El modelo urbanístico de Lorca vuelve al centro del debate político municipal. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Gobierno local de PP y Vox pretende aprobar en el pleno del próximo lunes el Avance de la Modificación número 84 del Plan General de Ordenación Urbana, una iniciativa que, según los socialistas, no supone una simple actualización técnica, sino un cambio de fondo en la regulación de los usos permitidos en edificios residenciales.
El concejal socialista José Luis Ruiz ha alertado de que la propuesta impulsada por el Gobierno de Fulgencio Gil abre la puerta a facilitar y legalizar actividades económicas dentro de inmuebles destinados a vivienda, una decisión que, a juicio del PSOE, puede afectar directamente a la convivencia, la seguridad, la tranquilidad y la privacidad de miles de vecinos y vecinas. La crítica socialista se centra tanto en el contenido de la modificación como en la forma en la que se está tramitando, al considerar que se ha hecho sin diálogo previo con comunidades de propietarios, asociaciones vecinales, administradores de fincas ni colectivos afectados.
“Una vez más, toman una decisión de enorme calado para Lorca sin diálogo, sin consenso y de espaldas a quienes van a sufrir directamente sus consecuencias: los vecinos”, ha lamentado Ruiz, que acusa al Ejecutivo de PP y Vox de intentar presentar la medida como una “simple actualización técnica” cuando, según sostiene, en realidad implica un “cambio profundo en el modelo urbanístico de la ciudad”.
El uso residencial y la convivencia vecinal, en el centro del conflicto
El principal punto de preocupación para el PSOE está en la posibilidad de regularizar actividades económicas en edificios residenciales. Según José Luis Ruiz, esta modificación puede alterar un equilibrio urbano que ha funcionado durante décadas en Lorca, al introducir en bloques de viviendas usos que generan un tránsito constante de clientes, usuarios, proveedores o personas ajenas a la comunidad.
El concejal socialista ha planteado el debate en términos de convivencia cotidiana. “¿Quién ha preguntado a los vecinos si quieren compartir su portal, su ascensor y las zonas comunes de su edificio con un trasiego continuo de clientes, usuarios y proveedores?”, se ha preguntado. “La respuesta es nadie. No se ha consultado a las comunidades de propietarios, ni a las asociaciones vecinales, ni a los administradores de fincas. Sin embargo, todo indica que sí se han atendido las demandas de determinados intereses económicos”.
La advertencia del PSOE conecta con una cuestión especialmente sensible en muchas ciudades: hasta dónde puede crecer la actividad económica dentro de inmuebles concebidos como espacios residenciales sin afectar al derecho al descanso, a la intimidad y a la seguridad de quienes viven en ellos. La compatibilidad de usos no es un asunto menor en la planificación urbana, porque determina cómo se ordena la ciudad, qué actividades pueden desarrollarse en cada zona y qué protección se ofrece a los residentes frente a impactos derivados de usos no estrictamente domésticos.
Ruiz ha puesto el foco en las personas más vulnerables, especialmente mayores que viven solas y que podrían ver modificada la dinámica habitual de su edificio. “Pensemos, por ejemplo, en una persona mayor que vive sola en su edificio. Con esta norma, verá alterada su tranquilidad, su privacidad y su seguridad, perdiendo el control de saber quién entra y quién sale de su propio bloque”, ha señalado.
El PSOE sostiene que Lorca necesita actividad económica, pero advierte de que esa necesidad no puede utilizarse como argumento para debilitar el uso residencial ni para imponer cambios urbanísticos sin un proceso de participación previo. La cuestión, según los socialistas, no es elegir entre economía y convivencia, sino garantizar que cualquier modificación del Plan General responda al interés general y no genere perjuicios a los vecinos.
Críticas por seguridad, vivienda y falta de transparencia
El Grupo Municipal Socialista considera especialmente contradictoria la posición de PP y Vox en materia de seguridad. Ruiz ha reprochado a ambas formaciones que presuman de defender la seguridad ciudadana mientras impulsan una modificación que, según su interpretación, puede convertir los portales y zonas comunes de edificios residenciales en espacios de paso para personas ajenas a la comunidad.
“Presumen continuamente de ser los grandes defensores de la seguridad, pero con esta modificación hacen justamente lo contrario: favorecen que los portales se conviertan en zonas de paso de desconocidos, dificultando la protección de los residentes”, ha censurado el edil socialista.
La crítica también alcanza al problema de la vivienda. El PSOE considera “incomprensible” que, en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda en Lorca, el Gobierno local impulse la regularización de negocios en zonas residenciales mientras, según denuncia, se mantienen trabas no técnicas a los bajos comerciales. Para los socialistas, esa orientación puede terminar desdibujando la función residencial de determinados inmuebles y agravando tensiones ya existentes en el mercado urbano.
Otro de los elementos más delicados señalados por Ruiz tiene que ver con la posible arbitrariedad de la medida. El concejal socialista ha indicado que el propio documento fija una fecha concreta para permitir la regularización de determinadas actividades, sin que, según el PSOE, se aporte una justificación técnica objetiva suficiente. Esa circunstancia lleva al grupo socialista a cuestionar si la modificación responde a una planificación general o si podría estar orientada a dar cobertura a situaciones ya existentes.
“¿Se está modificando el Plan General pensando en el interés general o para dar cobertura a situaciones concretas previamente existentes?”, ha preguntado Ruiz.
La acusación política se formula en términos prudentes, pero apunta a un asunto clave en cualquier modificación urbanística: la necesidad de que los cambios normativos se justifiquen con criterios técnicos, generales y transparentes, no como respuesta a casos concretos ni a presiones sectoriales. En el ámbito urbanístico, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana dependen de que las reglas sean claras, previsibles y aplicables con criterios de interés público.
El PSOE exige retirar el avance y abrir un proceso participativo
La forma de tramitar la modificación también ha sido duramente cuestionada por el PSOE. El grupo socialista considera que llevar el Avance al pleno y abrir el proceso en puertas del periodo estival dificulta la participación ciudadana, especialmente en un expediente técnico complejo que requiere tiempo para ser analizado por vecinos, comunidades, asociaciones y profesionales.
Para Ruiz, el calendario elegido no es inocente políticamente. “¿Si tan buena es la medida, por qué se esconde en verano y se evita la participación?”, ha planteado el concejal socialista, que interpreta la tramitación como una forma de reducir el control ciudadano sobre una decisión con impacto directo en el modelo urbano de Lorca.
El PSOE reclama al Gobierno de Fulgencio Gil la retirada inmediata del Avance de la Modificación número 84 del PGOU y la apertura de un proceso real de participación con los sectores afectados. Los socialistas defienden que cualquier cambio en el Plan General debe construirse desde el consenso, la transparencia y el interés general, y no mediante una aprobación que consideran impuesta por la mayoría de PP y Vox.
“Lorca necesita actividad económica, pero nunca a costa de debilitar el uso residencial, poner en riesgo la convivencia vecinal o generar dudas sobre la transparencia del procedimiento”, ha zanjado José Luis Ruiz.
La denuncia socialista sitúa el debate más allá de un expediente urbanístico concreto. Lo que está en discusión es qué ciudad quiere construir Lorca, cómo se protege el derecho a vivir en edificios residenciales sin usos que alteren su naturaleza y qué papel deben tener los vecinos en decisiones que afectan a sus portales, sus zonas comunes y su vida diaria. Para el PSOE, la modificación planteada por PP y Vox cruza una línea delicada: cambiar las reglas de convivencia urbana sin haber escuchado antes a quienes tendrán que convivir con sus consecuencias.
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