El Consejo Jurídico avala resolver el contrato de una obra adjudicada por casi 2,9 millones y ejecutada solo al 70%
El nuevo centro de salud de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, se ha convertido en otro ejemplo de infraestructura sanitaria atrapada entre retrasos, penalizaciones, deficiencias constructivas y pérdida de financiación europea. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha avalado la resolución del contrato de obras adjudicado a la empresa Servimar 2008 S.L.U. para la demolición del edificio existente, el acondicionamiento del solar como aparcamiento y la construcción del nuevo centro sanitario, al considerar acreditado el incumplimiento del plazo de ejecución por causas imputables a la contratista.
El dictamen, aprobado el pasado 4 de junio, respalda la propuesta de la Consejería de Salud para resolver el contrato, incautar la garantía definitiva y reclamar, en su caso, los daños y perjuicios que excedan del importe de esa garantía. La decisión llega después de un expediente especialmente revelador sobre el estado de una obra sanitaria que fue adjudicada en marzo de 2023 por 2.900.986,48 euros y que debía estar terminada, inicialmente, el 5 de noviembre de 2024.
El contrato se había planteado en dos fases para garantizar la continuidad asistencial. La primera consistía en construir el nuevo edificio del centro de salud y la segunda en demoler el inmueble existente y acondicionar el solar resultante. Pero esa segunda fase ni siquiera llegó a iniciarse, porque la primera no fue culminada en plazo. Según los informes incorporados al expediente, pese a las sucesivas ampliaciones concedidas, la obra se encontraba en torno al 70,48% de ejecución y acumulaba numerosas unidades pendientes o deficientemente ejecutadas.
Una obra sanitaria prevista con fondos FEDER que no llegó a tiempo
La contratación de las obras fue iniciada por la Consejería de Salud en noviembre de 2022, con un presupuesto base de licitación de 3.223.318,31 euros, IVA incluido, y con posibilidad de cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER 2021-2027 de la Región de Murcia.
La propia Comunidad Autónoma presentó en diciembre de 2022 la inversión como una actuación de más de 3,2 millones para el nuevo centro de salud de Lo Pagán, susceptible de cofinanciación europea. (La 7) También el Servicio Murciano de Salud anunció en abril de 2023 que el nuevo consultorio ampliaría el número de consultas y el espacio de atención sanitaria, con seis consultas de Medicina General, cinco de Enfermería y dos de Pediatría, además de mejores condiciones de confort para usuarios y profesionales. (murciasalud)
Sin embargo, el expediente analizado por el Consejo Jurídico recoge un dato especialmente grave: la demora en la ejecución de la obra obligó a la Consejería a renunciar a la financiación mediante fondos europeos, dada la imposibilidad de finalizarla dentro del plazo de ejecución de las operaciones financiadas por el FEDER 2021-2027.
Ese elemento eleva el alcance político y administrativo del caso. No se trata solo de una obra que se retrasa, sino de una infraestructura sanitaria que pierde el respaldo económico europeo previsto por no haber llegado a tiempo. El dictamen no cuantifica la cantidad exacta de fondos FEDER que se dejan de percibir, pero sí deja constancia de que la Consejería vincula esa renuncia directamente con la demora acumulada en la ejecución del contrato.
Retrasos, penalidades y deficiencias en la ejecución
El contrato fue formalizado el 3 de abril de 2023 y el acta de comprobación de replanteo se firmó el 5 de mayo de ese mismo año. Desde ese momento empezó a correr el plazo de ejecución. La Fase 1 debía durar 16 meses y la Fase 2 otros dos meses, con un periodo máximo de seis meses entre ambas para la puesta en marcha de la unidad de obra finalizada.
La empresa solicitó varias ampliaciones del plazo. En julio de 2024 pidió extender la ejecución alegando circunstancias como cálculos sobre la estructura y cimentación, la celebración de un concierto musical en la zona y episodios meteorológicos adversos. La Consejería reconoció solo un mes de demora no imputable a la contratista y amplió el plazo hasta el 5 de diciembre de 2024. Posteriormente se concedieron nuevas ampliaciones, primero hasta el 14 de febrero de 2025 y después hasta el 27 de junio de 2025, pero la obra siguió sin concluir.
La Dirección Facultativa fue especialmente dura en sus informes. Atribuyó los retrasos a una “deficiente gestión de las obras” y a la “constante necesidad de replantearse actuaciones mal ejecutadas”. También advirtió de que las penalidades impuestas no habían producido el efecto coercitivo perseguido, porque la obra continuaba acumulando retrasos y no se apreciaba un ritmo suficiente para terminar los trabajos pendientes.
A fecha de mayo de 2025, las penalidades acumuladas ascendían a 254.616,27 euros, equivalentes al 10,62% del importe del contrato sin IVA. Pese a ello, según el director de obra, quedaba más de una cuarta parte de la obra por ejecutar en términos económicos.
El expediente recoge además una relación extensa de partidas pendientes o ejecutadas con deficiencias: instalación de climatización, panelado interior, carpinterías exteriores, urbanización del entorno, acabados interiores, mobiliario, accesos al centro, revestimientos, puertas automáticas, celosías, dinteles con problemas de corrosión, ventanas exteriores que no se ajustaban al proyecto y deficiencias de estanqueidad, entre otras.
El Consejo Jurídico rechaza los argumentos de la empresa
La contratista se opuso a la resolución del contrato y defendió que los retrasos no le eran imputables. Alegó indefiniciones del proyecto, supuestas demoras en las respuestas de la Dirección Facultativa, órdenes contradictorias, necesidad de redactar un proyecto modificado y existencia de partidas nuevas o no suficientemente definidas.
El Consejo Jurídico, sin embargo, rechaza esos argumentos. El dictamen considera que la empresa no acreditó suficientemente que las supuestas imprecisiones del proyecto impidieran ejecutar la obra en plazo. También recuerda que la carga de probar la existencia de causas exoneradoras correspondía a la contratista, que no aportó un informe pericial capaz de demostrar que las deficiencias del proyecto fueran la causa real de la demora.
El órgano consultivo también descarta que la falta de firmeza judicial de las penalidades impidiera resolver el contrato. La empresa y su aseguradora habían alegado que las penalidades estaban recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y, por tanto, no podían servir como base para la resolución. El Consejo Jurídico responde que las penalidades en contratación pública no tienen naturaleza sancionadora, sino coercitiva, y son ejecutivas desde que se imponen y notifican. Esperar a su firmeza judicial, razona el dictamen, podría dejar inoperante la capacidad de la Administración para reaccionar ante un incumplimiento prolongado del plazo.
Con ese razonamiento, el Consejo Jurídico avala la resolución contractual por concurrir la causa prevista en los artículos 193.4 y 212.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, al haberse alcanzado penalidades por demora equivalentes a múltiplos del 5% del precio del contrato y persistir el incumplimiento del plazo.
La consecuencia inmediata será la ruptura del contrato, la incautación de la garantía y la posterior liquidación de las obras realizadas. Además, la Administración podrá reclamar a la contratista los daños y perjuicios que superen el importe de la garantía incautada, en un nuevo procedimiento contradictorio.
El caso deja en el aire la pregunta más importante para los usuarios de Lo Pagán: cuándo estará realmente terminado y en funcionamiento el nuevo centro sanitario. El dictamen despeja la vía jurídica para resolver el contrato, pero también confirma que una obra sanitaria adjudicada hace más de tres años, anunciada con financiación europea y concebida para mejorar la atención primaria en San Pedro del Pinatar, ha quedado atrapada en un expediente de retrasos, defectos de ejecución y pérdida de fondos que vuelve a situar la planificación sanitaria regional bajo el foco.
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