José Luis Ruiz acusa al Gobierno de PP y Vox de promocionar viviendas privadas mientras descuida inmuebles públicos con riesgo para peatones
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca ha denunciado el estado de abandono y grave deterioro del edificio número 23 de la calle Cava, un inmueble de titularidad municipal donde, según el PSOE, ya se han producido derrumbes internos y desprendimientos de cascotes hacia la vía pública. El concejal socialista José Luis Ruiz ha exigido al equipo de gobierno de PP y Vox que actúe de forma inmediata en las propiedades municipales en mal estado antes de seguir centrando su discurso urbanístico en exigir a propietarios particulares que edifiquen en solares vacíos.
La denuncia se produce después de que la concejala de Urbanismo, María Hernández, anunciara la construcción de 17 viviendas de promoción privada en el número 17 de la misma calle. Para el PSOE, ese anuncio contrasta con la situación del edificio municipal situado apenas unos metros más allá, en el número 23, donde el deterioro del inmueble ha obligado a la Policía Local a colocar un precinto de seguridad ante el riesgo de desprendimientos.
“No les duele la boca de anunciar todo lo que son promociones privadas”, ha señalado José Luis Ruiz, que ha criticado que el Gobierno local “venda” actuaciones privadas mientras mantiene sin resolver el mal estado de edificios de titularidad pública. El edil socialista sostiene que el Ayuntamiento debe dar ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que exige a la ciudadanía y no mirar hacia otro lado cuando el deterioro afecta a sus propias propiedades.
La situación del inmueble preocupa especialmente al PSOE por su ubicación. La calle Cava es una vía transitada y se encuentra en el entorno de un centro educativo, por lo que diariamente pasan por la zona padres, madres, alumnos y vecinos. Ruiz advierte de que el mal estado del edificio supone un “peligro real” para los viandantes y reclama una intervención urgente que elimine riesgos y frene la degradación del entorno.
Un edificio municipal con desprendimientos y precinto policial
El inmueble señalado por el PSOE se encuentra en el número 23 de la calle Cava y, según ha explicado José Luis Ruiz, presenta un estado “lamentable”. El concejal afirma que ya se han registrado derrumbes internos y caída de cascotes a la vía pública, lo que ha motivado la instalación de un precinto de seguridad por parte de la Policía Local.
Para los socialistas, la existencia de ese precinto demuestra que no se trata de una denuncia genérica ni de una crítica política sin base, sino de una situación de riesgo reconocible en el propio espacio público. La actuación policial no resuelve el problema de fondo, sino que evidencia que el Ayuntamiento tiene conocimiento del deterioro y debe adoptar medidas efectivas.
La falta de intervención municipal genera, según el PSOE, una doble preocupación. Por un lado, la seguridad de las personas que transitan por la zona. Por otro, la imagen de abandono que proyecta una calle donde el propio Ayuntamiento posee edificios que se deterioran sin que se acometa una solución. Ruiz ha insistido en que no basta con acordonar o señalizar el peligro: es necesario actuar sobre el inmueble, asegurar su estabilidad y decidir qué destino debe tener una propiedad municipal en esa situación.
“Nos encontramos con un edificio de propiedad municipal en un estado lamentable, donde ya se han producido derrumbes internos y desprendimientos de cascotes a la vía pública, lo que ha obligado a la Policía Local a colocar un precinto de seguridad”, ha explicado el concejal socialista.
La denuncia enlaza con una cuestión de fondo sobre la gestión del patrimonio municipal. Los edificios públicos abandonados no son solo un problema estético o urbanístico. Cuando se deterioran, generan inseguridad, degradan el entorno, reducen la calidad del espacio urbano y trasladan a los vecinos la sensación de que la Administración exige a otros lo que no se aplica a sí misma.
El PSOE acusa a Urbanismo de mirar solo a los particulares
José Luis Ruiz ha dirigido sus críticas a la concejala de Urbanismo, María Hernández, a la que reprocha que centre su discurso en “levantar y forzar” a propietarios particulares a edificar en solares vacíos mientras el Ayuntamiento mantiene inmuebles públicos en mal estado. El PSOE no cuestiona que se impulsen promociones privadas en la ciudad, pero exige que esa política vaya acompañada de una actuación coherente sobre el patrimonio municipal.
El concejal socialista ha planteado una pregunta directa al equipo de gobierno: “¿Qué hacemos con las viviendas o los edificios que ya están levantados y que presentan un alto riesgo de derrumbe?”. Para Ruiz, esa es la contradicción principal. El Ayuntamiento reclama actividad urbanística a los particulares, pero no resuelve los riesgos derivados de sus propios edificios deteriorados.
La crítica socialista apunta al doble rasero. Si el Gobierno local exige a los propietarios que mantengan sus solares, edifiquen o asuman obligaciones urbanísticas, debe aplicar el mismo nivel de exigencia cuando el titular del inmueble es el propio Ayuntamiento. De lo contrario, sostiene el PSOE, se transmite una imagen de arbitrariedad y falta de ejemplaridad institucional.
El caso de la calle Cava permite al PSOE confrontar dos modelos de gestión urbana. De un lado, el anuncio de nuevas viviendas privadas, presentado por el Gobierno local como señal de dinamismo. De otro, la existencia de edificios municipales abandonados que pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana. Para los socialistas, la regeneración urbana no puede basarse únicamente en celebrar promociones privadas, sino también en recuperar inmuebles públicos, garantizar la seguridad y dignificar calles que arrastran problemas de deterioro.
Ruiz ha pedido al Gobierno de PP y Vox que “venda menos la promoción privada” y se centre en solventar los problemas de edificios y solares públicos actualmente abandonados. Según el edil, la promoción privada puede ser positiva, pero no puede utilizarse para tapar la inacción municipal sobre aquello que depende directamente del Ayuntamiento.
Seguridad, escolares y responsabilidad pública
Uno de los elementos más sensibles de la denuncia es la cercanía de un colegio. José Luis Ruiz ha advertido de que la zona registra tránsito diario de familias y escolares, lo que incrementa la gravedad de cualquier riesgo de desprendimiento. La existencia de cascotes en vía pública y de un edificio con deterioro visible no puede tratarse como una incidencia menor cuando afecta a un itinerario utilizado por niños y niñas.
“Por aquí tenemos un colegio muy cerca y diariamente pasan padres, madres y alumnos. La falta de actuación en este inmueble es un peligro real para la seguridad de los viandantes”, ha afirmado el concejal socialista.
El PSOE sostiene que la seguridad debe estar por encima de cualquier estrategia de comunicación urbana. Antes de anunciar nuevas promociones o presionar a propietarios privados, el Ayuntamiento debería revisar el estado de sus inmuebles, actuar en aquellos que presentan riesgo y ofrecer una respuesta clara a los vecinos de la zona. La obligación de conservar los edificios no desaparece cuando el propietario es una administración pública; al contrario, exige mayor ejemplaridad.
El debate también tiene una dimensión de confianza institucional. Cuando los vecinos ven edificios municipales abandonados, precintos policiales y falta de soluciones, se debilita la credibilidad de los mensajes públicos sobre regeneración urbana. El Ayuntamiento no puede reclamar responsabilidad a particulares mientras permite que sus propias propiedades “se caigan a pedazos”, según la expresión utilizada por los socialistas.
La denuncia de la calle Cava vuelve a situar en el centro de la agenda local el estado del patrimonio municipal y la necesidad de una política urbana que no se limite a anuncios. Lorca arrastra heridas urbanísticas, solares pendientes, edificios deteriorados y zonas que necesitan inversión, planificación y mantenimiento. En ese contexto, la actuación sobre inmuebles públicos en mal estado debería ser una prioridad básica.
José Luis Ruiz ha concluido que el Gobierno local está “obligando a los particulares a gastarse el dinero y a edificar”, mientras el Ayuntamiento “es incapaz de cumplir con las mismas obligaciones que le exige de forma estricta a los ciudadanos”. La crítica resume el fondo de la denuncia socialista: no se trata de frenar la iniciativa privada, sino de exigir coherencia a una administración que no puede mirar hacia otro lado cuando el riesgo está en sus propias propiedades.
La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno de PP y Vox. El edificio municipal del número 23 de la calle Cava no necesita más anuncios, sino una actuación que garantice la seguridad, frene el deterioro y demuestre que el Ayuntamiento cumple primero aquello que reclama a los demás.
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