El nuevo decreto moviliza 1.825 millones este año y mantiene medidas para hogares, transporte, agricultura, pesca y empresas
El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo real decreto-ley dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con el objetivo de mantener durante los próximos tres meses una parte de las medidas de protección económica desplegadas para amortiguar el impacto de la inestabilidad internacional sobre hogares, empresas y sectores productivos. El nuevo paquete asciende a 1.825 millones de euros en 2026, a los que el Gobierno suma otros 2.700 millones de ahorro fiscal en 2027 y 2028 por la reducción progresiva hasta la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica.
La norma da continuidad al plan aprobado el pasado 20 de marzo, aunque adapta algunas medidas al actual proceso de desescalada del conflicto y a una menor incertidumbre en los mercados energéticos. El Ejecutivo plantea así una respuesta temporal y proporcional, con medidas coyunturales de tres meses de vigencia, pero mantiene al mismo tiempo actuaciones estructurales orientadas a reforzar la soberanía energética, acelerar el despliegue de renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
El decreto conserva la arquitectura del primer paquete aprobado en marzo. Por un lado, prorroga medidas de alivio fiscal y ayudas directas que vencían el 30 de junio. Por otro, incorpora ajustes técnicos recomendados por Bruselas y nuevas herramientas para mejorar la resiliencia de la economía española ante futuras crisis externas. El Gobierno defiende que el objetivo es proteger a consumidores y sectores vulnerables sin renunciar a la transición energética ni a la reducción de la dependencia exterior.
El nuevo paquete llega en un momento en el que la energía sigue siendo uno de los principales factores de presión sobre la economía familiar, los costes empresariales y la actividad de sectores como el transporte, la agricultura o la pesca. Aunque la tensión internacional se haya moderado respecto a los momentos más críticos del conflicto, el Ejecutivo mantiene un enfoque de prudencia y establece mecanismos automáticos para reactivar medidas si los precios vuelven a tensionarse.
Carburantes, electricidad y una rebaja fiscal escalonada
Una de las principales medidas del decreto afecta al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. La reducción fiscal sobre los carburantes se modulará durante el trimestre: pasará de los 20 céntimos por litro actuales a 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. El Gobierno justifica esta reducción gradual por la evolución de los mercados internacionales y por la necesidad de ajustar el apoyo público a la situación real de los precios.
La medida incorpora una cláusula automática de reactivación. Si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%, volvería a aplicarse la reducción de 20 céntimos por litro. Con esta fórmula, el Ejecutivo pretende evitar tanto una retirada brusca de las ayudas como una prolongación innecesaria de rebajas fiscales si el mercado se estabiliza. El impacto estimado de esta medida es de 939 millones de euros.
Para los profesionales del transporte, la agricultura y la pesca, el decreto mantiene hasta el 30 de septiembre el descuento equivalente a los 20 céntimos por litro. El Gobierno diferencia así entre el consumo general de carburantes y el uso profesional en sectores especialmente expuestos al precio del combustible, donde el gasóleo representa un coste directo de producción o de prestación del servicio.
El real decreto-ley también introduce cambios en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. El primer paquete aprobado en marzo ya había previsto minoraciones en la base imponible para el primer y segundo trimestre de 2026. Ahora se añaden nuevas reducciones: un 30% en el tercer trimestre y un 40% en el cuarto trimestre.
Además, el Ejecutivo establece una reducción progresiva del impuesto hasta su eliminación definitiva. El tipo pasará del 7% al 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y al 0% en 2028. Según el Gobierno, esta medida supondrá este año un ahorro de 315 millones de euros para los contribuyentes y tendrá un impacto fiscal adicional de 2.700 millones en 2027 y 2028.
El decreto incluye también un mecanismo de salvaguarda para electricidad y gas. Si se produce un encarecimiento superior al 15%, se reactivarían medidas aprobadas en marzo. En ese caso, el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña volvería a bajar del 21% al 10%, mientras que el Impuesto Especial sobre la Electricidad descendería de nuevo del 5,1% al 0,5%.
Ayudas al campo, la pesca y el transporte por carretera
El segundo paquete incorpora líneas de apoyo específicas para los sectores agrario y pesquero por un valor total de 230 millones de euros, que se suman a los 877 millones incluidos en el Plan Integral aprobado en marzo. Con ello, el apoyo total a agricultura y pesca alcanza los 1.107 millones de euros.
La prórroga hasta el 30 de septiembre de la subvención al gasóleo de uso agrario y pesquero, gestionada por la Agencia Tributaria, tendrá un presupuesto de 65 millones de euros. Esta ayuda mantendrá la cobertura de hasta 20 céntimos por litro, una medida especialmente relevante para explotaciones agrícolas, ganaderas y embarcaciones pesqueras que dependen de forma directa del combustible para su actividad diaria.
El decreto amplía también la ayuda directa para la adquisición de fertilizantes en 165 millones de euros. Con esta ampliación, la dotación final alcanzará los 665 millones de euros. Las cuantías por hectárea se elevan hasta 38,33 euros para cultivos de secano y 92,50 euros para cultivos de regadío. Esta medida busca compensar el encarecimiento de insumos básicos en un sector que sigue sufriendo el impacto de la volatilidad energética y de las tensiones en los mercados internacionales.
El transporte por carretera también mantendrá sus ayudas extraordinarias hasta el 30 de septiembre. La prórroga beneficiará tanto a quienes tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como a empresas y profesionales que no acceden a esa devolución, como autónomos, sociedades con licencias de transporte o titulares de autobuses urbanos. Las ayudas serán gestionadas igualmente por la Agencia Tributaria.
El Gobierno intenta así evitar que el incremento de costes se traslade de forma inmediata a precios finales, tarifas o pérdida de competitividad. Transporte, agricultura y pesca son sectores esenciales para la cadena alimentaria, la movilidad y el abastecimiento, por lo que el Ejecutivo mantiene una protección diferenciada pese a la retirada gradual de parte del alivio general a los carburantes.
Más control en carburantes y nuevo impulso a las renovables
El decreto refuerza además las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para vigilar el mercado de carburantes. La CNMC podrá solicitar información a los agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución para conocer mejor el funcionamiento del mercado. También se amplía la obligación de los operadores con capacidad de refino en España de informar semanalmente sobre sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de operadores mayoristas.
Si el regulador detecta comportamientos anómalos, podrá iniciar el procedimiento sancionador correspondiente e incluir información individualizada sobre esos establecimientos en su reporte semanal sobre el mercado de carburantes. La medida busca reforzar la transparencia y evitar que las rebajas fiscales o ayudas públicas se diluyan en márgenes empresariales sin llegar realmente a consumidores y profesionales.
El Gobierno mantiene también el denominado escudo social aprobado en marzo para todo 2026. Ese paquete incluye descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos de agua y energía a hogares vulnerables.
La norma prorroga, además, las condiciones impuestas a las empresas beneficiarias de ayudas, entre ellas la exigencia de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para compañías que reciban ayudas vinculadas a la guerra.
En el bloque estructural, el decreto mantiene el impulso a las energías renovables y al biogás. Para acelerar los mejores proyectos con retorno social, territorial y ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización para desarrollar normas técnicas vinculadas al sello de excelencia social, territorial y ambiental. Este sello permitirá una tramitación preferente a las instalaciones que cumplan mejores estándares de integración en el territorio y menor impacto ambiental.
El paquete incluye también medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, facilitar la conexión de nuevas demandas e incorporar baterías en territorios no peninsulares para prestar servicios técnicos y reducir el consumo de combustibles fósiles.
La respuesta del Gobierno combina así alivio inmediato y transición energética. Las ayudas y rebajas fiscales buscan contener el impacto de la crisis sobre hogares y sectores productivos, mientras las medidas estructurales apuntan a reducir la vulnerabilidad futura de España ante conflictos externos. La cuestión será si estas medidas temporales llegan de forma efectiva a quienes soportan los costes y si la aceleración renovable se desarrolla con garantías ambientales, transparencia territorial y beneficios reales para la ciudadanía.
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